De la Constitución de Ecuador al río Atrato, espejos en los que mirarse para reconectar con la naturaleza (estés donde estés)

“El mundo pinta naturalezas muertas, sucumben los bosques naturales, se derriten los polos, el aire se hace irrespirable y el agua intomable, se plastifican las flores y la comida, y el cielo y la tierra se vuelven locos de remate”. Aunque pueda parecer actual, la frase fue escrita por Eduardo Galeano hace casi dos décadas. “Y mientras todo esto ocurre –continuaba–, un país latinoamericano, Ecuador, está discutiendo una nueva Constitución. Y en esa Constitución se abre la posibilidad de reconocer, por primera vez en la historia universal, los derechos de la naturaleza. La naturaleza tiene mucho que decir, y ya va siendo hora de que nosotros, sus hijos, no sigamos haciéndonos los sordos”.

¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora? ¿Qué enseñanzas nos dejó aquel pasaje de la historia universal forjada en el Sur? ¿Qué lectura podemos hacer en el Norte de todo ello? ¿Hemos escuchado algo durante este tiempo a esos pueblos indígenas que llevan siglos escuchándola? ¿O hemos seguido sin querer oír la voz de la naturaleza? ¿Cómo nos relacionamos con ella en Occidente? ¿Acaso la entendemos? ¿Hacemos por entenderla?

“La inclusión de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador no partió de una reivindicación de los pueblos indígenas pero solo se logró, solo fue posible con ellos. Yo recuerdo que dijeron: ‘Ustedes no tienen todavía en la Constitución los derechos de la naturaleza”. Con ese ‘ustedes’, cuenta la activista y académica Natalia Greene –impulsora de iniciativas como las Cuencas Sagradas Amazónicas y el colectivo Frente al Ambiente–, las comunidades originarias se referían a los blancos. Era como si vinieran a decir: ustedes tienen esa herramienta, la Constitución, ¿y todavía no los contemplan? 

Y lo que se hizo en esa Constitución que apoyaba Galeano fue una traducción de la cosmovisión indígena, poner en lenguaje moderno la cosmovisión de los pueblos originarios, que entienden los derechos de la naturaleza como algo inherente a ella. Así fue cómo se democratizó la Constitución ecuatoriana, cómo Ecuador, en 2008 se convirtió en el primer país –el único hasta el momento–, en reconocer los derechos de la naturaleza en la norma suprema que tienen los Estados. Así fue, también, cómo comenzó el contagio internacional de un movimiento que hoy no para de crecer. Y así ha sido cómo la cosmovisión indígena se ha convertido en un espejo no solo para el Sur sino también para el Norte, como en el caso de España y el Mar Menor, hoy ya con personalidad jurídica. “Norte o sur, somos hijos de la madre tierra. Y el mismo caso del Mar Menor muestra cómo no es necesario que haya pueblos indígenas para que se reconozcan los derechos de la naturaleza”, añade Greene.

Esta ha sido una de las principales conclusiones de la tercera mesa de los diálogos organizados por el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC) y el Observatori DESCA, que ha recogido diferentes experiencias de reconocimiento jurídico de los derechos de la naturaleza con testimonios de procesos en el Sur. “No se trata de una nueva herramienta de conservación, no estamos buscando más parques nacionales. Al contrario. Lo que se pretende es que el ser humano cambie su relación con la naturaleza. No es algo que afecte solo al pueblo indígena –insiste Greene–. Es algo que me afecta también a mí, que estoy en la ciudad, que tengo el río Machángara muerto, que no me puedo bañar en él, que tengo un árbol que está siendo atacado…”. 

«No se trata de una nueva herramienta de conservación, no buscamos más parques nacionales. Al contrario. Lo que se pretende es que el ser humano cambie su relación con la naturaleza. No es algo que afecte solo al pueblo indígena».

Coincide en el análisis la abogada e investigadora Ximena González, que ha liderado estrategias colectivas para defender territorios y ríos afectados por economías extractivistas en Colombia: “Los derechos de la naturaleza nos han llevado a reconectar con otras formas de vida y de relacionarnos con la naturaleza. Hay un ejercicio de memoria, sanación, que no solo pasa por los movimientos indígenas. Yo vivo ahora en Suiza y los campesinos de los Alpes no ven el glaciar como un recurso explotable; se meten en el agua y tienen una relación con el río. Estamos hablando de un cambio que va mas allá del derecho. Y el derecho debe cambiar también sus marcos coloniales”, sostiene la abogada.

Desde la experiencia ecuatoriana, es decir, desde hace 17 años hasta ahora, las cosas han cambiado mucho. “Si entonces apenas se encontraba en Google tres o cuatro artículos relacionados con los derechos de la naturaleza, ahora, si googleamos, sale una cantidad ingente”, dice Greene.

“De una u otra manera, han llegado a 39 países. En 22 países existe ya jurisprudencia, hay ordenanzas municipales, como en varios pueblos de EEUU. Panamá, por ejemplo, es el nuevo champion, tiene una ley nacional muy poderosa con la que se logró prohibir un gran proyecto de minería, se ha dotado de derecho a la tortuga laúd… Hay leyes nacionales también en Bolivia y la Declaración universal de los Derechos de la Madre Tierra. Además, en 17 países tienen proyectos que caminan hacia el avance, como en Francia, aunque aún no se hayan consolidado. Pero pasar de la nada a que haya ya conocimiento y avances en 39 países es una magnifica noticia en estos momentos complejos que vive la humanidad. El próximo país en reconocer los derechos de la naturaleza puede ser Aruba y más de 44 ríos en el mundo los tienen ya reconocidos”, resume la académica ecuatoriana. 

Todo ese movimiento en América Latina inspiró, por ejemplo, el caso del Mar Menor en España, y, en concreto, la sentencia de 2016 que reconoció como sujeto de derechos al río Atrato, en Colombia, el primer ente natural con derechos específicos en la región. Ximena González formó parte del litigio. “Si bien los pueblos indígenas apoyaron el proceso, este fue liderado por pueblos negros, población afrodescendiente que tiene unas formas de vida ligada al río. El río es para ellos su entorno de vida y donde desarrollan todas sus cosmologías”, narra. Cuenta que la sentencia les pilló por sorpresa: “No sabíamos si reír o llorar”. 

Y aunque considera que faltó que el juez tomara con más cuidado y valor la importancia de esta forma de vida, las ontologías, las relaciones y las visiones que los pueblos negros tienen del río, la sentencia logró algo muy importante: “Los campesinos del Atrato hoy tienen agencia para participar en las decisiones sobre su río. Porque la condición de sujetos de derechos para ciertas poblaciones aún es un tema pendiente. Y esa cláusula de derechos para el río consiguió empoderar y dar participación a poblaciones marginalizadas”, analiza González.

«Los campesinos del Atrato hoy tienen agencia para participar en las decisiones sobre su río. La cláusula de derechos para el río consiguió empoderar y dar participación a poblaciones marginalizadas».

La participación en forma de cogobernanza ha sido, de hecho, otro de los puntos clave de la mesa, moderada por el profesor de Derecho Constitucional y presidente del Observatori Desca, Marco Aparicio, que expuso como ejemplo de su importancia el caso de Chile y cómo, durante el proceso constituyente, el modo en que se reconocían los bienes comunes podían entrar en contradicción con los derechos colectivos: “Esa idea de lo común en el ámbito de la Constitución chilena no incorporaba mecanismos de cogobernanza, sino que se pasaba la titularidad de sus bienes comunes al Estado, y el pueblo mapuche no dio su apoyo”, resumió, antes de dar paso a las ponentes, el también director de la cátedra internacional Unesco de Desenvolupament Humà Sostenible. 

En el caso del río Atrato, este punto, como explicó la investigadora y abogada González, fue fundamental: “Cuando salió la sentencia se reconocía la necesidad de crear un modelo de guardianes con una representación del Estado. Se hizo una asamblea para decir que la voz de nuestro río no podía encapsularse en una persona, y mucho menos en una persona del Estado. Entonces hicieron el ejercicio de escoger siete guardianes de zonas distintas de la cuenca, con una representación equilibrada de género, líderes con cierta trayectoria pero también jóvenes…”. 

Fue, añade la abogada, la primera forma de ser rebeldes frente a la decisión judicial, precisamente para que esa decisión original avanzara en la práctica: “Se trataba de lograr que este cuerpo comunitario de guardianas fuera avalado como parte de la sentencia, porque las sentencias están vivas. El juez dice algo pero las sentencias y las leyes deben pasar a la práctica”. En la práctica, por tanto, los guardianes comunitarios hoy tienen una doble agenda: “reuniones institucionales y su agenda propia con sus propios objetivos, sus propias apuestas, más allá de lo que digan las instituciones”. Porque no hay que olvidar, como recuerda también González, que en el trato, las relaciones con el Estado no siempre fueron armónicas, han sido territorios golpeados por la violencia. Y por eso, incide, es crucial que no haya asimetrías en el poder. 

Natalia Greene añade otro matiz importante: no solo hay que incorporar la voz de los pueblos indígenas en la cogobernanza. “Con la naturaleza como ente viviente, que tiene derechos e intereses, la naturaleza debe estar en la mesa de negociación”. De no haber estado –y este es un ejemplo muy práctico de hasta donde llega la aplicación de los derechos de la naturaleza– no se habría observado que una declaración positiva de impacto ambiental para una hidroeléctrica iba a permitir la extinción de cuatro especies. O que la minería en el Bosque de Protección de Los Cedros es una clara violación de los derechos constitucionales de la naturaleza, como determinó la Corte Constitucional en 2021. O tantos otros casos como recoge el Observatorio Jurídico de Derechos de la Naturaleza.

Las historias, en todo caso, no son finitas, la lucha continúa, dice González. Y los efectos de las sentencias tampoco son todopoderosos. Claro que se ha conseguido frenar proyectos extractivistas, se ha conseguido sobre todo ampliar la conversación, llegar a esa mirada que tienen los niños, como explica Greene –“Un niño habla con un animal como si fuera su amigo”–. Pero es un proceso largo que va poco a poco. “¿Cuánto tiempo ha costado sembrar los estándares de los derechos humanos en el corazón de los Estados? Son cambios paradigmáticos, que requieren paciencia, otros ojos, y ojalá se traduzcan en cosas concretas. Nos ha sobrado romanticismo. Ahora esa dimensión hay que cubrirla”, detalla González. 

El avance, no obstante, se nota también en las propias resistencias. Greene acaba de llegar de Canadá y entre las conversaciones estuvo este tema: “Cuatro Estados de EEUU han logrado vetar leyes de derechos de la naturaleza. Porque primero te ignoran, luego se ríen, después te peleas y al final ganas. Y están temiendo los efectos que puede tener romper un sistema donde prevalece el capital. En el que todo es más complicado si además esos intereses vienen disfrazados de gobierno”.

Ya lo decía Galeano en Las venas abiertas de América Latina: “Perdimos; otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos: la historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convirtieron en veneno”.