¿Declaración de emergencia o ‘modo espera’? 

Sera Huertas y Daniel Rodrigo-Cano, educadores ambientales // ¡Qué paradoja! El Gobierno de España declaró la emergencia climática, un gesto de pompa y circunstancia que resonó en los medios. Aplaudimos. Creímos, por un instante, que se desataría la misma actividad administrativa que vimos ante otras emergencias. Recordamos aquello: mensajes diarios, ruedas de prensa, elementos de comunicación directos, limitaciones en los desplazamientos…. La maquinaria estatal funcionaba como un reloj suizo bajo presión.

Si de verdad existe la voluntad política para un gran pacto ante la emergencia climática, como propone el Ministerio de Transición Ecológica, su fundamento no puede ser solo la inversión en megavatios o en planes sectoriales. Debe ser, ante todo, un pacto con la ciudadanía, y el reactivo de ese pacto se llama educación ambiental (EA). Nuestro lema es claro, directo y urgente: «Frente al cambio climático, más educación ambiental.»

La celebración insuficiente del Decálogo EA26

Nos alegra sinceramente ver que el diálogo de 2019 con la entonces vicepresidenta Teresa Ribera no cayó en saco roto. Algunas de nuestras propuestas, que entonces formaban parte del Decálogo EA26, se colaron entre las 370 medidas del Programa Común Progresista. Que la declaración de emergencia climática (medida 246) y el impulso al Libro Blanco de la Educación Ambiental en España (medida 247) figurasen en la agenda fue contribuir a una pequeña victoria, compartida con otros actores y actrices sociales.

Pero, a riesgo de sonar aguafiestas, aquello fue un aperitivo. El plato principal, la acción real y sostenida de mitigación y adaptación, ha sido claramente insuficiente. El Gobierno sigue tratando a la educación ambiental como esa tía simpática a la que invitas a las bodas pero nunca a las reuniones de negocios. Y esto debe cambiar. Se necesita de manera urgente un cambio de rol: la educación ambiental debe ser una de las directoras del Plan Climático.

Desactivando el ‘comisionado dormido’: transversalidad o Decoración

El Gran Pacto que se gesta necesita espinas dorsales sólidas. Y, para nosotras, estas son las prioridades que deben impregnar el discurso institucional:

1. El comisionado de cambio climático, un vigilante con gafas EA.

Necesitamos un comisionado de cambio climático que no sea solo un burócrata, sino un agente de cambio que eleve la educación ambiental a la categoría de elemento transversal obligatorio para todos los ministerios. La educación ambiental no es solo un asunto del MITECO; debe estar en Sanidad (prevención de olas de calor), en Economía (modelos circulares) y, por supuesto, en Educación. Esto no es solo una sugerencia; es una necesidad operativa. Si el clima afecta a todo, su pedagogía también debe hacerlo.

2. Activación de la comisión interministerial con voz educativa.

La Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética debería ser activada cuanto antes y, lo que es crucial, contar con la participación permanente de la educación ambiental. Si los expertos en EA no están en la mesa donde se toman las decisiones sobre energía o infraestructuras, ¿cómo vamos a asegurar que las estrategias de transición se comunican, se entienden y se implementan con el apoyo y la participación ciudadana? Sin educación ambiental, las grandes políticas se quedan cojas y alejadas de la gente.

3. Un ‘Currículum de Emergencia Climática’: adiós al Temario, hola a la Transformación.

El sistema educativo debe abandonar el miedo a la urgencia. Proponemos un ‘curriculum de emergencia climática’ que haga de esta grave amenaza el eje central de la actividad pedagógica, especialmente en la Educación Secundaria. Esto significa que las matemáticas, la historia o la filosofía también deben sumar para construir una cultura de la sostenibilidad.

Hablamos de un enfoque ecosocial y ecofeminista que promueva valores como la justicia social y la economía solidaria. El objetivo final es el empoderamiento del alumnado, no solo para que recicle, sino para que sea capaz de organizar foros y encuentros con autoridades y empresas, transformando la teoría en acción real y participativa. La escuela no debe ser una burbuja, sino un motor de cambio.

3.a. la ‘Cátedra de Transversalidad Climática’: de la Especialización a la Acción Global.

El sistema de educación superior debe superar la rigidez disciplinar y la visión de que la emergencia climática es solo un tema para las facultades de Ambientales o Biología. Una vía sería la creación obligatoria de la ‘Cátedra de Transversalidad Climática y Sostenibilidad’ en cada universidad, no como un departamento aislado, sino como una estructura interfacultativa Que llevase a cabo la implantación de un ‘Módulo de Emergencia Climática y Justicia Ecosocial’ (ECTS obligatorio) en los planes de estudio de todas las carreras, desde Ingeniería y Derecho hasta Medicina y Periodismo; la activación de Proyectos de Fin de Grado (TFG) y Máster (TFM) de Impacto Climático y el impulso y empoderamiento de la figura del Investigador-Activista

El objetivo es claro: formar a profesionales y futuros líderes no solo competentes en su área, sino intrínsecamente responsables con el futuro planetario. El título universitario debe certificar no solo el saber, sino también el compromiso activo con la transición ecológica.

4. Del foro al mandato: la Urgencia de la asamblea ciudadana vinculante

La puesta en marcha de la Asamblea Ciudadana para el Clima en España en 2021 fue, como la declaración de emergencia climática, un gesto que aplaudimos. Reconocemos el valor de seleccionar a 100 personas al azar para que, tras un proceso deliberativo, generen 172 recomendaciones sobre cómo lograr «una España más segura y justa ante el cambio climático». Se trata de una oportunidad para que los ciudadanos, con acceso a información y medios, demuestren que pueden consensuar soluciones más allá de la polarización política. El espíritu de esta asamblea ya ha generado valiosos consensos y ha llevado sus conclusiones a las comunidades autónomas.

La actual Asamblea Ciudadana, por muy bien intencionada y rigurosa que sea, se configura como un «foro de participación ciudadana» cuyo objetivo es «recopilar y dar traslado a las autoridades competentes de las propuestas de la ciudadanía». Sus recomendaciones son, en esencia, propuestas no vinculantes.

El Gobierno debe entender que la transición ecológica no es solo una cuestión de inversión en megavatios, sino un pacto con la ciudadanía. Y para que ese pacto sea sólido, justo y duradero, debe procurar una participación ciudadana vinculante.

Solo con una participación ciudadana que sea transversal y obligatoria se asegurará que las grandes políticas se comuniquen, se entiendan y se implementen con el apoyo de la gente. El tiempo de la retórica terminó. Es hora de darle la voz a la ciudadanía y la fuerza vinculante que la magnitud de la crisis exige.

Rescatando la España vaciada a través del círculo rural

Aquí es donde la educación ambiental muestra su potencial económico y social más disruptivo. Dejar la economía de las zonas rurales únicamente en manos del ocio y el turismo es un error con doble filo: es insostenible ecológicamente y genera una dependencia económica precaria. El turismo, a menudo, es una presión inadecuada sobre ecosistemas frágiles.

La EA, en cambio, ofrece la llave para una economía circular rural genuina. Ayuda a entender la fragilidad del ecosistema y enseña a los agentes locales cómo generar redes de recursos: los residuos de una actividad se convierten en la materia prima de otra. Es un modelo que ya funcionó.

Además, la EA es fundamental para el empoderamiento de la mujer en el mundo rural, motor histórico de la gestión del territorio. El desalojo progresivo de estas zonas ha provocado una falta de mantenimiento forestal, acumulando biomasa que, sumada al aumento de temperaturas y la falta de lluvia por el cambio climático, es la receta perfecta para el desastre: más incendios y más desertificación. La educación es la única herramienta capaz de revertir esta inercia.

Del despacho a la sectorial: la EA en todas las salsas

Para que el Gran Pacto sea sólido, la educación ambiental debe dejar de ser una nota a pie de página:

• Refuerzo en el Ministerio: crear una Dirección General de Educación Ambiental ante la emergencia climática no sería un capricho burocrático, sino que sería dotar a la estrategia de la autoridad y los recursos necesarios para operar a escala nacional.

• Presencia en comisiones temáticas: la EA debería estar presente en las reuniones sectoriales clave: salud, biodiversidad, agua, energía… ¿Cómo se va a planificar la gestión de recursos hídricos sin incorporar la pedagogía necesaria para el ahorro y la concienciación ciudadana? La EA debe incorporar su perspectiva y asegurar que los planes sectoriales incluyan acciones de educomunicación y participación.
  
• Planes de educación en todas partes: obligatoriedad de elaborar Planes de Educación, Comunicación y Participación Ambiental en todas las políticas sectoriales, incluidas, y esto es fundamental, las políticas rurales.

El Gobierno tiene ante sí la oportunidad de liderar un Gran Pacto Climático que sea, por fin, efectivo, justo y duradero. Para ello, debe entender que la transición ecológica se trata de una cuestión de ingeniería y dinero, pero sobre todo de cultura, conciencia y mucha educación ambiental.

Si el Ministerio para la Transición Ecológica realmente quiere pasar de la «Declaración de Emergencia» al «Estado de Alarma Climática», debe darle a la educación ambiental el protagonismo que merece. Frente al cambio climático, la fórmula de la inversión que garantiza el cambio social debe contener una gran dosis de educación. El tiempo de la retórica terminó. Es hora de darle a la tiza la misma importancia que a la turbina.