Emergencia climática: necesitamos un Pacto de Estado con la ciencia y la ciudadanía

POR REBELIÓN CIENTÍFICA // El anuncio del presidente Pedro Sánchez de un Pacto de Estado frente a la emergencia climática se presenta como un gesto necesario frente a la crisis que vivimos, pero tras su reciente lanzamiento público, alertamos de que su enfoque actual no está a la altura de las recomendaciones de la ciencia, ni de la tragedia de la DANA en Valencia con 232 muertos, ni de las cerca de 400.000 hectáreas quemadas que han dejado a nuestro país herido como nunca. La ciencia prevé un escenario de aumento de 4 °C (o más) en Europa del Sur para 2100 y, como señaló el secretario general de la ONU, António Guterres, tras décadas de inacción, “hemos abierto las puertas del infierno climático”. 

El esquema actual del proyecto de Pacto de Estado carece del alcance transformador que reclama la comunidad científica. Las 10 medidas anunciadas —como la creación de una agencia de emergencias, la red de refugios climáticos o fondos de reconstrucción— no responden a la profundidad de la crisis ni a la magnitud de la transformación sistémica que recomiendan los expertos para limitar el alcance de las catástrofes climáticas. De hecho, las propuestas del Gobierno español por «fomentar la agroforestería, la ganadería extensiva, la agricultura regenerativa, el pastoreo y el riego eficiente», son medidas necesarias pero no integran la reforma global del sistema agrario que necesitamos, basada en la reducción del consumo cárnico, ni integran una reforma fiscal o una política de suficiencia energética y de planificación de la gestión territorial que deje de considerar el campo como zona de sacrificio y muchas vidas humanas y no-humanas como sacrificables. Lo más grave es que, a pesar del anuncio de que la construcción de este Pacto va a ser “totalmente participativa”, Pedro Sánchez no permite a la ciudadanía participar directamente en la planificación y ejecución de la política de transformación ecológica.

En cambio, el Pacto de Estado que reclama desde 2023 la sociedad civil tiene la ambición de protegernos frente a las emergencias más inmediatas y de cambiar nuestro sistema para ello. Con el manifiesto Democracia por el Clima lanzado por expertas, activistas y organizaciones sociales ya se advirtió que los acuerdos entre partidos no bastan. Contra los enemigos de la democracia y de la acción climática necesitamos democracia participativa vinculante con instrumentos como las Asambleas Ciudadanas por el Clima permanentes, es decir, con voz real en la gobernanza ambiental. 

También es lo que espera ahora mismo la población española en su conjunto, como recoge el estudio recién publicado Qué piensan las ocho Españas del pacto de Estado ante la emergencia climática. A pesar de los antagonismos que atraviesan la sociedad, existe un fuerte consenso en torno a 3 puntos clave: un Pacto de Estado debe fundarse sobre acciones concretas y locales, sobre participación ciudadana y con un compromiso intergeneracional.

La crisis climática es también una crisis democrática

La emergencia climática es, ante todo, una crisis social y democrática. Cuando las decisiones vitales se toman en despachos cerrados sin contar con la ciudadanía, se mina la confianza social y se abren puertas al autoritarismo y al negacionismo y a la explosión de las desigualdades. Cada hectárea quemada este verano y cada vida perdida en Valencia y otros puntos geográficos durante las inundaciones de 2024 son un recordatorio trágico de la urgencia absoluta de actuar colectivamente para la defensa del bien común.

¿Qué pacto necesitamos realmente? Un pacto climático transformador debe construirse sobre cinco pilares:

1. Un pacto con objetivos claros de reducción de emisiones, protección de ecosistemas, transformación profunda del sistema productivo y justicia social y basado en las recomendaciones de la ciencia.
   
   
2. Democracia participativa de verdad: Asambleas Ciudadanas por el Clima locales, autonómicas y estatales, con capacidad real para orientar y supervisar políticas públicas, basadas en las experiencias recientes a nivel estatal y autonómico (Baleares, Cataluña, y Navarra).
   
   
3. Ciencia al servicio del común: formación e información masiva y rigurosa, para que la ciudadanía comprenda la magnitud de la emergencia más allá de la DANA o los incendios, en la línea del acuerdo Mandato por el Clima firmado por todos los partidos salvo Vox en 2024.
   
   
4. Transparencia y rendición de cuentas: indicadores claros, informes públicos periódicos y consecuencias jurídica y económicas reales ante el incumplimiento.
   
   
5. Justicia territorial y energética: reforma profunda del sistema agrario, políticas de suficiencia productiva y energética que dejen de sacrificar el campo, renaturalización urbana y acceso equitativo a recursos.
   
   

El ecologismo social como motor democrático

El ecologismo social tiene un papel decisivo en la construcción de un Pacto de Estado porque las organizaciones ambientales, los movimientos ciudadanos y activistas acumulan décadas de conocimiento, propuestas estratégicas y compromiso en la defensa de los territorios y de las poblaciones más vulnerables. Sin su participación activa, un Pacto de Estado carece de legitimidad y arraigo social. Por eso es urgente reactivar con fuerza el compromiso de todo el movimiento ecologista con la democracia participativa, un terreno donde el tercer sector no ha generado suficiente impulso social en los últimos años. 

Si este Pacto de Estado sólo se queda en discurso o en una estrategia de comunicación que sirve a la izquierda para sobrevivir políticamente a un verano de megaincendios y para la derecha a acallar los legítimos gritos de las víctimas, será un boomerang muy peligroso: generará frustración y desafección justo cuando todo el país pide acción y participación.  

Desde Rebelión Científica lo decimos sin rodeos: el tiempo de las promesas ha terminado. España necesita un Pacto de Estado que trascienda los ciclos electorales, frente al auge del negacionismo climático y del autoritaritarismo que ya muestra sus efectos devastadores en otros países. Los plazos son urgentes, las soluciones existen para salvar lo que todavía podemos salvar y para que este pacto sea una herramienta transformadora, no una enésima promesa política rota, como lo fue la Declaración de estado de emergencia climática de 2020. Por eso reclamamos un Pacto de Estado que defienda la democracia ambiental y la justicia climática con todas las fuerzas de la ciudadanía informada por la ciencia.