Varios grupos ecologistas denuncian el ‘retardismo’ que la derecha impone en la Comisión Europea

«Hay una corriente política que se mueve en contra del Pacto Verde Europeo, y en legislaciones en las que Europa podía ser pionera se está retrocediendo. Esto afecta mucho a España por la protección del lobo, por los temas relacionados con las condiciones agroambientales de la PAC, por el tema de los plaguicidas o el Reglamento de la Restauración de la Naturaleza. etc.», señala a Climática Isabel Fernández, consultora de Mighty Earth. «El retraso del reglamento de la deforestación entra dentro de esta línea que lastra la ambición ambiental de la Unión Europea», añade Fernández.

A inicios de este mes, la Comisión Europea cedió a las presiones de la derecha y de algunos sectores industriales y propuso retrasar un año la implantación del reglamento contra la deforestación importada (EUDR), aprobado en diciembre de 2023. Esta medida permitiría a las empresas seguir comercializando productos como el aceite de palma, la soja, el caucho, la carne de vacuno, el café, el cacao o el caucho sin importar si estas materias primas implican la destrucción de bosques como la Amazonía y sin temor a ser sancionadas por ello.

La aplicación de esta norma pionera en la lucha contra la deforestación y, por tanto, contra la crisis climática estaba prevista para el 30 de diciembre de este año. Su aplazamiento se da prácticamente por hecho. «El lunes hubo reunión de la comisión de medio ambiente del Parlamento Europeo donde la Comisión Europea presentó la propuesta y acordaron que irá a pleno este mismo mes de octubre o en el primero de noviembre. Parece ser que va a ir muy rápido», explican a Climática desde la Alianza Cero Deforestación.

«Es muy triste ver que casi todo el mundo se da por vencido y que, no solo vemos que se retrasa el reglamento, sino que se teme que la extrema derecha quiera tocar el texto, aunque no tienen la mayoría para hacerlo», agrega esta misma fuente.

«Las organizaciones seguimos peleando para que España como país vote en contra de la medida en el Consejo de la Unión Europea», afirma Isabel Fernández. La portavoz de Mighty Earth explica que la Comisión reabre con su propuesta «un proceso en el que tanto el Parlamento como el Consejo tienen que posicionarse». «Pueden retrasar el reglamento pero también son libres de reabrir el articulado y esto es muy peligroso, porque pueden rebajar muchísimo la ambición de un reglamento que ya se había negociado y que al final no serviría para nada», destaca Fernández.

El Parlamento Europeo deberá decidir si finalmente se retrasa la entrada en vigor del reglamento contra la deforestación, una medida que la Alianza Cero Deforestación reclama como «urgente». «Tras años de fracasos del sector privado a la hora de abordar voluntariamente los impactos ambientales y de derechos humanos en sus cadenas de suministro, el EUDR es un paso necesario y crucial», resaltan en una declaración que hacen pública hoy y que apoyan organizaciones ecologistas como Greenpeace, ClientEarth, Global Witness o WWF.

La UE beneficia a los ‘lobbies’

La Comisión Europea argumentaba en una nota de prensa que esta prórroga “busca proporcionar certeza sobre el camino a seguir y garantizar el éxito del Reglamento, que es crucial para abordar la contribución de la UE al urgente problema global de la deforestación”.

La Alianza Cero Deforestación insiste en que el retardismo que se impone en la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, «está socavando significativamente la credibilidad de la UE como líder mundial en la lucha contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las violaciones de los derechos humanos».

Las ONG señalan que posponer la entrada en vigor del reglamento de productos libres de deforestación «recompensará a las empresas que siguen beneficiándose de la destrucción del medio ambiente» y penalizará a aquellas compañías que habían invertido recursos para cumplir la norma a finales de este año.

«Los que no cumplen pueden decir que si invierten más en lobbies que en tecnología o en desarrollo para aplicar reglamentos les va mejor«, lamentó ayer el eurodiputado socialista César Luena durante su intervención en la comisión europea de medio ambiente. «Es muy mala señal para la sociedad y para las empresas y países que habían cumplido. Ha habido mala gestión y es una mala decisión», aseguró.

«Sobrevuela si no estamos ya en una época de retardismo o de ir corrigiendo poco a poco algunas de las políticas del Pacto Verde Europeo. Empieza a haber incertidumbre y cierto oscurantismo», agregó el socialista.

Las organizaciones ecologistas remarcan en su declaración que el reglamento se adoptó democráticamente y cuenta con un amplio apoyo de la ciudadanía: «Casi 1,2 millones de personas en Europa dijeron a la Comisión Europea que no quieren seguir siendo cómplices de la deforestación mundial».

El voto de España

Más de 20 organizaciones han enviado este lunes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para instar a España a votar en contra del retraso del reglamento contra la deforestación.

Las agrupaciones ecologistas y sociales piden a Sánchez, y a los ministros Teresa Ribera (Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y Luis Planas (Agricultura, Pesca y Alimentación) «defender la legislación ambiental europea y trabajar a fondo en su compromiso para frenar cualquier intento de desregular, retrasar o retroceder en la protección de la naturaleza y los derechos sociales».

«Un gobierno como el de España que está tan comprometido con la transición ecológica y la justicia social, al menos en su discurso, no puede apoyar el retraso del reglamento contra la deforestación», sostiene la consultora de Mighty Earth.

«El presidente del Gobierno y la ministra Ribera, que ha sido gran defensora de la legislación ambiental, deben impedir que haya estos retrocesos y, sobre todo, evitar que haya declaraciones dentro del propio Gobierno contradictorias con la defensa del medio ambiente. Nos sorprende que desde Agricultura se aplauda el retraso del reglamento», sostiene Fernández.

«Aplazar o retroceder en la ambición de las regulaciones ambientales europeas retrasa y lanza un mensaje perjudicial para afrontar la emergencia ambiental global, además de comprometer seriamente las vidas de las comunidades tradicionales y pueblos indígenas que dependen directamente de la naturaleza para su subsistencia», le insisten las organizaciones ecologista al presidente Sánchez.

La misiva destaca que esta propuesta de aplazamiento se suma a los retrocesos aprobados recientemente en la protección del lobo (Convenio de Berna) y a las medidas y condicionantes agroambientales para perceptores de la PAC (2024/1468); al rechazo al Reglamento de Uso Sostenible de Plaguicidas (SUR) y al retraso en la modificación del Reglamento REACH que, en la práctica, permite que no se reduzca la contaminación con tóxicos. Así como al retraso en la aprobación del Reglamento de la Restauración de la Naturaleza (2024/1991) «que sigue estando en el punto de mira de los sectores más reaccionarios».

La ONG Corporate Europe Observatory denunciaba el pasado mes de febrero que Ursula von der Leyen y el entonces primer ministro belga, Alexander De Croo, se habían reunido en Amberes, en la planta química del productor de pesticidas BASF, con unos 70 empresarios que pertenecen al sector de los «grandes contaminadores» para alcanzar un pacto industrial europeo.

El año pasado, el Parlamento Europeo rechazó la propuesta de la Comisión Europea de reducir en un 50% el uso de todos los pesticidas químicos en 2030. Una investigación del medio DeSmog, publicada también por Climática, señaló entonces los encuentros y vínculos privados de grandes empresas de la agroindustria y la derecha europea.