El Valle de Abdalajís, 20 años sin agua potable tras las obras del AVE que dañaron el acuífero

Las obras del AVE Madrid-Málaga, en 2005, causaron daños en un acuífero del que se abastecía la población de El Valle de Abdalajís, un pueblo de unos 2.400 habitantes ubicado en el corazón de la provincia andaluza. Como consecuencia de ello, ADIF, es decir, el Estado, asumió, tras la firma de un convenio con el Ayuntamiento en 2007, la restitución de las infraestructuras afectadas, lo que incluyó el suministro de agua mediante cubas-cisternas. El acuerdo quedó extinguido tras la entrada en vigor, en 2015, de una ley estatal, según alegó la empresa. Y el Ayuntamiento, que considera que ni se han realizado las acciones necesarias para regular el suministro de agua ni se ha recuperado el acuífero, demandó a ADIF.

Ahora, la Audiencia Nacional ha dado la razón a la empresa pública de transporte ferroviario, que culpa al Ayuntamiento de no haber asumido sus competencias: «ADIF ha cumplido con creces su compromiso de abastecer y proveer formas definitivas de abastecimiento para el municipio, mientras este último ni siquiera ha realizado las obras mínimas de mantenimiento ni fijado los cánones necesarios para prestar el servicio, entre otros aspectos, abusando manifiestamente del convenio firmado en su día», argumenta ADIF en las alegaciones recogidas en la sentencia.

La decisión judicial pone fin, así, a la medida cautelar que había adoptado en 2021, cuando ordenó a ADIF que continuara llevando agua al pueblo en camiones cisterna por tratarse de un recurso esencial.

El Ayuntamiento, por su parte, insiste en que ADIF liquidó el convenio de manera unilateral y que no ha resuelto la situación de modo que pueda desvincularse del problema por completo. Ante la sentencia, que puede ser recurrida en el Supremo, el consistorio malagueño, con la participación de la Mesa del Agua, ha convocado a la ciudadanía a una reunión informativa sobre las acciones que se están llevando a cabo y las posibles medidas futuras, entre ellas, el recurso de casación.

El resumen, más allá de argumentos judiciales y administrativos, es que, veinte años después, los vecinos y vecinas siguen sin una solución a un grave problema: no tener agua potable.