Roberto Castro, alcalde de Touro: “La reapertura de la mina de cobre no es estratégica para el concello”

En el encuentro ‘Minerales para una Transición Ecológica Justa’, organizado por Amigas de la Tierra, participaba Roberto Castro, alcalde de Touro (A Coruña), concello sobre cuya mina de cobre hay un proyecto de reapertura que la Xunta de Galicia ha declarado «estratégico».

¿Se lo parece al alcalde?

No nos planteamos valorar si es una actividad estratégica o no, porque «lo estratégico» siempre se plantea desde una perspectiva global y nosotros miramos desde una perspectiva local. ¿La reapertura de la mina es estratégica para Touro, para el Estado español o para Europa? La reapertura de la mina no es estratégica para Touro, no la vemos necesaria desde el punto de vista del desarrollo económico. Y, además, es perjudicial desde el punto de vista ambiental.

En 2017 la propia Xunta denegó su reapertura debido a eso, al impacto ambiental. ¿Qué ha cambiado para replantear ahora la apertura de una mina que lleva cerrada 40 años?

Un incremento de los precios de los minerales, una mejora de las tecnologías. Es evidente que la evolución de la maquinaria reduce los costes de producción y extracción respecto a hace 40 años. Entendemos que ahí se abre una oportunidad de negocio para la empresa. La reapertura de la mina incrementaría la superficie explotada y también el depósito de residuos en esos terrenos de sacrificio.

Residuos que se suman a los ya acumulados…

Efectivamente, a la contaminación de origen minero se ha sumado la contaminación fruto del posterior aprovechamiento de los terrenos. Con lo cual tenemos una acumulación de impactos negativos. Y no solo en Touro, sino en todo el territorio. El deterioro ambiental de los últimos 40 años es notable: por un lado, se ha incrementado el impacto que tienen la ciudad de Santiago y todas las poblaciones ribereñas en las aguas del río Ulla, y por otro, la industria ha ido creciendo y ha agravado sus propios impactos. Es evidente e innegable que la capacidad de absorción de esos impactos por parte del territorio hoy es menor. Hay cierto sector defensor de la mina que dice, «oye, la mina contamina, pero es que la agricultura y la ganadería también contaminan». Efectivamente, también contaminan, y ese es el problema. Desde hace 40 años se han ido sumando impactos sobre el medioambiente. Esa perspectiva de acumulación es la que hay que tener siempre en mente a la hora de hacer valoraciones.

La empresa promete depurar las aguas, pero tiene abiertos otros casos por contaminación. ¿Duda usted de ese compromiso?

El Concello de Touro tiene una captación en un afluente del río Ulla para su red municipal de aguas. En estos momentos, la empresa propietaria de los terrenos se dedica a la obra civil y a la producción de áridos en los terrenos mineros, y está utilizando esa concesión de aguas para sus necesidades. Concesión de aguas que tenía una finalidad estrictamente minera. Hemos pedido que se anule esa concesión porque compite por los recursos hídricos con el Concello de Touro, que en verano, a veces, tiene que hacer restricciones de agua.

Por otro lado, la empresa vierte al dominio público aguas de residuo de sus actividades mineras y de sus procesados, con la correspondiente oposición del organismo competente, Augas de Galicia. No tiene ningún sentido que utilice agua limpia de un cauce, la procese y luego, teóricamente, la vierta una vez tratada a otro cauce. Nadie se explica por qué no funciona en circuitos cerrados, por qué no reutiliza el agua. Con lo cual, nuestra respuesta es la única posible: que el agua que vierte no cumple con los requisitos mínimos para ser reutilizada y que se está infringiendo la normativa.

¿De qué tipo de contaminación hablamos? ¿Qué lleva esa agua?

Fundamentalmente metales pesados y los derivados de la explotación.

Hay varios nombres entorno a la mina: Río Tinto, Explotaciones Gallegas, Atalaya Mining y Cobres San Rafael. ¿Cuál es la empresa responsable de esta contaminación?

Entre los años 70 y 80, Río Tinto Minera desarrolló esa actividad. Después vendió los terrenos y los derechos mineros (los pasivos, los activos y las instalaciones) a la empresa Explotaciones Gallegas, que desde entonces hasta hoy es la propietaria. Luego, con el objeto de reabrir la mina, se constituye una sociedad formada por Explotaciones Gallegas y la corporación Atalaya Mining. Esa sociedad se denomina Cobres San Rafael y es la que ha solicitado la tramitación de la apertura de la mina. Por lo tanto, la responsable de la contaminación es su propietaria, Explotaciones Gallegas, y entendemos que, al ser la titular de los derechos, le compete la restauración de los terrenos.

Los vecinos se quejan de que ni las aguas ni el territorio estaban siendo cuidadas antes del proyecto. ¿Hubo dejadez por parte de las instituciones?

Hubo dejadez y permisividad por parte de las administraciones hasta 2017. A partir de ese momento, hubo una mayor concienciación social y un recrudecimiento de las denuncias por parte de vecinos y colectivos locales. A partir de ahí y por obligación social, las administraciones se han ido moviendo muy lentamente. Incluso se ha llegado a ilícitos penales a través de la Fiscalía de Medio Ambiente. Hay muchos procesos judiciales abiertos.

La Fiscalía pide cárcel para los dueños de la mina. La propia Xunta ha multado a Explotaciones Gallegas por un vertido contaminante. ¿Cree que estos antecedentes pueden pesar en la declaración de impacto ambiental?

Creo que la resolución de la declaración de impacto ambiental, los procesos judiciales abiertos y las sanciones son procesos paralelos, pero lo que sí es innegable es la falta de un plan de restauración de los terrenos. De hecho, el gobierno autonómico anunció públicamente que iba a requerir un plan de restauración de los terrenos hace más o menos siete años y no tenemos constancia de que esto se haya producido. La empresa trata de justificar constantemente pequeñas actuaciones, pequeños parches, que el tiempo va demostrando que son totalmente insuficientes y que no cumplen con las expectativas prometidas. Con lo cual, habría que empezar por ahí: por exigir un plan de restauración de los terrenos, ejecutarlo, ver si cumple el objetivo marcado y sólo entonces resolver la declaración de impacto ambiental.

La empresa organizó una fiesta multitudinaria.

Hay una empresa privada que si, en defensa de sus intereses económicos, con más escrúpulos o con menos, con más o menos ética, entiende que organizar comilonas, y patrocinios puede mejorar su imagen pública, yo ahí no entro.

¿Pero cree que como alcalde está representando a todas las partes? ¿Sabe cuánta gente está a favor y cuánta en contra de la reapertura de la mina?

No se trata de ir repartiendo carnés de «mina sí» o «mina no». La función del gobierno municipal actual es la defensa de nuestro territorio, de los medios de producción existentes y de los intereses de los vecinos. Hay aldeas que, al abrir la mina, quedarían prácticamente rodeadas de balsas mineras. Para el gobierno municipal, los intereses de estos vecinos prevalecen sobre las expectativas económicas que podría acarrear la reapertura de la mina. Es decir, para el gobierno municipal, los intereses de la gente y la defensa del territorio prevalecen sobre las expectativas económicas. Intereses económicos que, por otra parte, no sabemos cuáles son. Sabemos sólo lo que publicita la empresa.

También anuncia puestos de trabajo.

Siempre la misma receta con los mismos ingredientes. Aquí, la realidad de los puestos de trabajo es evidente: no hay necesidad de puestos de trabajo, hay necesidad de trabajadores. Todos los sectores necesitan trabajadores. Se buscan trabajadores en el exterior, con contratos hechos en los países de origen. No son trabajos en sectores precarizados, se necesita mano de obra incluso en sectores tecnológicos. Con lo cual, la realidad es esa: Touro necesita mano de obra, no necesita trabajo. Afortunadamente.

¿Qué hay en Touro, más allá de la mina?

Touro es mucho más que la mina. Touro tiene la costa de la ribera del Ulla mejor conservada y, bueno, tiene una población envejecida, como la mayoría de las áreas rurales, que quiere tranquilidad y servicios para poder vivir con calidad. Hay puestos de trabajo. Tenemos una ubicación próxima a Santiago, con lo cual somos una zona atractiva como zona residencial. Y luego está la actividad económica fundamental, que es la primaria, pues hay agricultura, ganadería, explotación forestal y toda la industria derivada de estas actividades, desde la madera a la leche. En cuanto al vino, pertenecemos a la zona de denominación de origen Rías Baixas y tenemos atractivas rutas turísticas, como la EuroVelo 3, la ruta cicloturística de los peregrinos que va desde Noruega hasta Santiago de Compostela y Fisterra. De hecho, en este ámbito tenemos un potencial turístico que está por desarrollar.

En un mismo territorio hay varios conflictos medioambientales abiertos. ¿Qué comparten con el movimiento Altri Non?

Compartimos los impactos negativos acumulativos. Al margen del impacto local de las aguas que, siendo grave, seguramente sea menor que el de la mina, la macrocelulosa tiene más trascendencia porque se vincula a la eucaliptización. Ya no afecta solo a Galicia, sino a una parte importante de la península. La mina de Touro tiene un impacto más local que puede extenderse por la ribera del Ulla y, sobre todo, a la ría de Arousa. Y el movimiento contrario a la mina se extiende geográficamente en ese ámbito. Altri tiene una repercusión más global.