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Javier Martínez
Este texto se publicó originalmente en Magazine 2024 y se ha actualizado con información nueva. Puedes adquirir tu ejemplar aquí.
La urbanización Pablo Iglesias, en Rivas-Vaciamadrid, se encuentra a pocos metros de la salida a la autovía que lleva a la capital. PSOE y UGT bautizaron con el nombre de su fundador esta iniciativa para construir vivienda social de calidad a las afueras de Madrid bajo las directrices del urbanismo progresista. Décadas después, un proyecto de autoconsumo solar compartido, La Pablo Renovable, ha actualizado la idea de sus promotores. El objetivo es abaratar la factura de la luz y reducir la huella de carbono de 512 de las 939 viviendas que hay. El impacto de fondo, sin embargo, es todavía más valioso: en este conglomerado de viviendas se ha creado una comunidad de verdad, más allá de los papeles.
Este proyecto, de apostar por el autoconsumo compartido y de convertirse en un referente en a nivel español y continental, surgió en junio de 2021 como surgen las mejores cosas: «Una reunión de amigos a la hora del vermú».
«Estábamos preocupados por la emergencia climática y por el oligopolio de las empresas energéticas… y, sobre todo, por el aumento de la factura», cuenta Begoña, una de las promotoras de la iniciativa. La idea nació sola: «¿Por qué no nos ponemos placas en los tejados?», aprovechando, además, el particular diseño de los edificios, ya pensados en su germen para un hipotético futuro de energía solar que por entonces no era ni rentable ni viable.
Se pusieron en marcha. Apenas un grupo de diez vecinos inició el proceso: informándose, buscando habilidades y talentos entre los convivientes de la mancomunidad y compartiendo la idea. «Hicimos visitas, casa por casa, para contar el proyecto», rememora Maite, otra de las promotoras. «Fue un curro, la verdad. Pero la respuesta fue muy, muy buena». Pronto empezaron a contactar con empresas instaladoras y de gestión integral de autoconsumo compartido. En cuestión de meses llegó el momento clave: la votación en la junta de propietarios. «Se aprobó por mayoría aplastante», cuenta otro de los vecinos involucrados, Enrique.
«El planteamiento era un win win», continúa Enrique, «porque si se aprobaba nadie salía perdiendo». Solo los vecinos que pudieran permitirse la inversión se beneficiarían del autoconsumo, nadie se vio obligado, y el reparto del espacio disponible fue proporcional, reservando sitio para los hogares que en ese momento no pudieran o no quisieran apostar por el plan pero que no descartaran hacerlo en el futuro. En total, las placas solares en el tejado aliviarán entre el 25% y el 60% del recibo de luz –dependiendo del consumo– a cambio de una derrama de 3.100 euros por familia, que se rebaja en 900 euros si se conceden las ayudas y subvenciones tanto del Gobierno central como del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
La cooperativa solar Ecooo fue la elegida por los propietarios para acompañarles en el proceso. Su coordinadora del área de autoconsumo, Laura Feijóo, explica que la fortaleza de La Pablo Renovable es que «nació de los vecinos y vecinas, un grupo de personas idealistas que tenían esa visión de futuro y la ilusión de poner placas en sus tejados». «Es importante –añade– que haya un sustrato de personas que estén dispuestas a luchar para que esto salga adelante». Por mucho que empuje la empresa u organización que les apoye, la suya es básicamente una labor de acompañamiento y de asesoramiento. No pueden llegar tan lejos como la proactividad de los vecinos y vecinas.
Aun así, no ha sido un camino fácil. En diciembre de 2023 llevaron a cabo la legalización de la instalación frente a la Consejería de Industria de la Comunidad de Madrid. Al mes siguiente, se inició el proceso conocido como activación del autoconsumo, que consiste tanto en recibir el visto bueno de la empresa distribuidora (en este caso, Naturgy) como en cambiar el contrato en la comercializadora. Esto último, además, lo tiene que hacer cada hogar, modificando su contrato de consumo por uno de autoconsumo acogido a compensación de excedentes.
Según el real decreto que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo, «el tiempo de activación del autoconsumo no podrá superar los dos meses».
«Uno de los problemas que sufre el autoconsumo colectivo es la interpretación por parte de las distribuidoras de cuál es la documentación necesaria para realizar la modificación del contrato de acceso», señala Héctor Pastor Pérez, coordinador de área Autoconsumo y Comunidades Energéticas de Ecooo. «No hay unanimidad de criterios entre distribuidoras. Ni tan siquiera una misma distribuidora tiene el mismo criterio en todo su territorio», señala.
En el caso de La Pablo Renovable, lograron activar las 43 instalaciones en un «tiempo récord» de seis meses, cuando el promedio para una sola instalación es de hasta un año. «Un aspecto clave que facilitó este proceso fue el cambio de comercializadora por parte de los vecinos a Som Energía», apuntan desde Ecooo. Así, desde verano de 2024, las 512 familias empezaron a recibir ahorros en sus facturas gracias a las placas solares de sus tejados.
La instalación está formada por un total de 1.860 paneles de los que se beneficiarán más de 1.500 personas, generando una potencia de 865 kWp. Este despliegue, señalan, permite una producción anual de 1.312 MWh, «que se suma a la poca potencia que usan de la red eléctrica española».
«Es un sueño cumplido total. No nos imaginábamos que iba a participar tanta gente, la respuesta ha sido una maravilla», asegura Begoña. Pero lo bueno va mucho más allá de la energía solar. «Hemos hecho mucho más barrio», defiende Maite. Los vecinos se conocen mejor entre ellos, han surgido los grupos de WhatsApp de cada edificio y cada parcela, se han organizado talleres de formación en energía para aprender a ahorrar y a consumir de forma más eficiente…
En la mancomunidad Pablo Iglesias ahora se vive mucho mejor. Tienen más proyectos en el horizonte, aunque prefieren ir partido a partido: convertirse en comunidad energética, emprender iniciativas con el ayuntamiento, implantar puntos de recarga de coches eléctricos o sistemas de vehículos compartidos… Pero, por el momento, están orgullosos de demostrar que el autoconsumo no es solo para chalets individuales y que un futuro mejor será en comunidad. O no será.
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MásPúblico sociedad cooperativa. Licencia CC BY-SA 3.0.
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El Movimiento Ibérico Antinuclear denuncia las falsedades de una resolución en favor de las empresas nucleares
La campaña del PP, VOX y UPN para alargar la vida de nucleares envejecidas menosprecia el incremento de riesgo de estas centrales.
La resolución aprobada el miércoles 12 de febrero incluye bajadas de impuestos para subvencionar la energía nuclear.
El Movimiento Ibérico Antinuclear, del que forma parte Ecologistas en Acción, exige que los representantes políticos defiendan a la ciudadanía y no los intereses de las empresas.
La proposición no de ley contra el calendario de cierre de las centrales nucleares ha sido aprobada por una diferencia de siete votos en sesión parlamentaria y se basa en asunciones falsas sobre la realidad del parque nuclear del país. Para el Movimiento Ibérico Antinuclear, del que forma parte Ecologistas en Acción, la exigencia de que se prolongue el funcionamiento de las centrales más allá de los 40 años para los que fueron diseñadas menosprecia el incremento de riesgo de operar con sistemas envejecidos. Por muy detalladas que sean las inspecciones y actualizaciones de equipos, sistemas críticos como el núcleo del reactor o la contención no pueden renovarse. Los dos reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes ya han superado ese límite, y Ascó II lo hará a mediados del próximo año.
En todo caso, la extensión de vida demanda inversiones millonarias de las empresas propietarias para cumplir con los condicionantes de las autorizaciones. Si acordaron voluntariamente un plan de cierre en 2019 fue considerando su balance de beneficios, y decidieron que no compensaba. Aunque no hay información sobre el alcance de estos costes en España, se sabe que la prolongación por 10 años de dos reactores belgas de potencia equiparable a Almaraz, Doel 4 y Tihange 3, costará hasta 2.500 millones de euros. Sin olvidar el caso de la renovación de Garoña (menos de la mitad de potente que Almaraz) por otros 10 años, que implicaba la inversión de más de 200 millones de euros.
El papel de PP, Vox y UPN en el parlamento ha sido el de servidores de las empresas para forzar una reducción de las tasas e impuestos que corresponden a actividad nuclear. El problema no es que sean demasiado altos, sino que la electricidad nuclear no es competitiva y pretende que el Estado la subvencione con bajadas de impuestos. ERC y Junts con su abstención defienden una postura cínica que antepone los intereses empresariales a los de la ciudadanía. El cierre nuclear es necesario para conseguir una transición energética que vaya más allá de las palabras, que sea justa y participativa, que respete la biodiversidad y que sea solidaria….