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“Se prohíbe, de hoy en adelante, la matanza de vicuñas en cualquier número que sea. Simón Bolívar, libertador”. El 5 de julio de 1825, el militar y político nacido en Caracas firmaba este decreto. Y, si en aquel entonces hubiese existido algo parecido a la Lista Roja de la UICN, la Vicugna vicugna habría aparecido en ella como especie en peligro de extinción. Tras siglos de caza indiscriminada por parte de los españoles (la lana de este mamífero de la familia de las llamas era, y sigue siendo, muy preciada en los mercados europeos), los números de la vicuña habían caído en picado.
Los próceres de la independencia americana, y en particular Bolívar y Manuel Belgrano, hicieron causa de la protección de este pequeño camélido, que vive solo en el altiplano andino, a más de 3.200 metros de altitud. Sin embargo, decretos como el firmado por Bolívar sirvieron de poco. Las matanzas continuaron, explotando hasta la extenuación un recurso del que la población indígena había dependido, en cierto equilibrio, durante milenios. Se llegaron a cazar 80.000 animales al año y se calcula que a mediados del siglo XX apenas quedaban unas 10.000 vicuñas repartidas en los Andes de Argentina, Bolivia, Chile y Perú.
Después entró en vigor el Convenio Internacional para la Conservación de la Vicuña (1969), se prohibió la comercialización de la especie incluyéndola en la lista CITES y la vicuña pasó a formar parte, ahora sí, de la Lista Roja de la UICN. Pero algo no acababa de funcionar. La lana de este animal de patas largas y delgadas seguía siendo muy codiciada: está entre las más finas del mundo (mide 15 micrómetros de diámetro y es apenas perceptible por el ojo humano) y su pelaje es espeso, diseñado para sobrevivir en el clima frío y seco del altiplano. Así que la caza siguió frenando durante años los esfuerzos de recuperación de la especie.
A principios del siglo XXI, Bolivia y Perú probaron un enfoque diferente y decidieron otorgarle a las comunidades locales derechos para esquilar vicuñas y vender su fibra sin cazarlas, con la idea de incentivar económicamente la gestión sostenible de la especie. Hoy se calcula que hay más de 350.000 ejemplares en libertad (se ha recuperado un 67% de la población original) y 3 de cada 4 ejemplares están en Bolivia y en Perú. Paralelamente, el comercio de lana de vicuña creció un 78% en esos dos países, llegando a superar un valor de 3,2 millones de dólares anuales. Así, la historia del pariente silvestre de la alpaca se ha convertido en un ejemplo de cómo la transformación empresarial, mediante la colaboración con gobiernos, comunidades locales y pueblos indígenas, también puede ser positiva para la naturaleza, como señala el último informe de la IPBES, publicado esta semana.
Eso no significa que el futuro de la vicuña esté libre de amenazas. La caza furtiva, los intentos de gestionar rebaños como si fuesen animales domésticos y la destrucción de los ecosistemas del altiplano ponen en riesgo la supervivencia de la especie. Pero su gran amenaza sigue estando en las presiones de la industria textil: allí donde los derechos de las comunidades indígenas sobre las vicuñas no están reconocidos o protegidos, la gestión de las vicuñas está lejos de ser sostenible y las prácticas de explotación (también las de los trabajadores locales) se siguen perpetuando. Mientras, un jersey de lana de vicuña se vende por más de 5.000 euros en el mercado del lujo.




