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Andrés Actis
Desde Ourense, Galicia, uno de los epicentros de la ola de incendios que afecta a gran parte de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado fin de semana que propondrá un pacto de Estado para afrontar la emergencia climática que deje “fuera a la lucha partidista». No dio más detalles de su contenido. Solo comunicó que las negociaciones arrancarán en septiembre, con la reapertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de los Diputados. Lo que Sánchez ha omitido es que ya existe una declaración política que tiene la firma de once formaciones, el PP incluido, rubricada en septiembre del año pasado, semanas antes de otra tragedia climática, la DANA de Valencia.
Se trata de un (olvidado) documento de dos carillas en el que todos los partidos con representación parlamentaria –menos Vox– se comprometieron por escrito a plasmar “una acción conjunta y coordinada de todas las instituciones” para luchar contra “uno de los desafíos más urgentes y trascendentes” a los que se enfrenta España en las próximas décadas: el cambio climático.
La firma de este acuerdo ocurrió en la Sala Cánovas del Congreso de los Diputados, en una inédita jornada de capacitación científica a sus señorías llamada Mandato por el Clima, organizada por el Observatorio de Sostenibilidad y por la confederación internacional Oxfam. Tras escuchar el diagnóstico y las soluciones de distintos expertos, entre ellos el economista ecológico Unai Pascual; el climatólogo y autor principal del quinto y sexto informe de Evaluación del IPCC Francisco Doblas-Reyes; y Mar Reguant, economista del CSIC y doctora por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT); representantes del PSOE, Sumar, PP, EH-Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos, BNG, UPN y Coalición Canaria subieron al estrado para firmar un documento con un total de 16 compromisos, una batería de medidas –en su mayoría genéricas– de mitigación y adaptación.
Ya con el texto en la mano, los diputados y diputadas, y los organizadores se juntaron para una foto que hoy, tras el anuncio de Sánchez, recobra valor. “Celebramos que el presidente de Gobierno quiera convertir esta declaración parlamentaria en un pacto de Estado real. Lamentamos que muchos de estos compromisos firmados hayan quedado en el papel y que la decisión se tome después de eventos catastróficos que la ciencia predijo que iban a ocurrir”, valora Fernando Prieto, doctor en Ecología y director del Observatorio de la Sostenibilidad.
Los parlamentarios que asistieron a esa capacitación escucharon todas las evidencias científicas que ubican a España como “uno de los países más vulnerables” a la doble crisis que enfrenta el planeta: la climática y la de biodiversidad. “Es muy buena esta oportunidad de tener un cara a cara entre la ciencia y la política. No se suele dar, pero es fundamental”, celebró Unai Pascual.
Abrumados por el coste de la inacción que describieron los expertos, los legisladores admitieron la necesidad de “políticas transversales” no contaminadas por el “ruido” partidario. “Negar la evidencia científica se ha convertido en un ejercicio temerario. Ir en contra de la ciencia es muy peligroso. La atenta escucha a la comunidad científica es necesaria para entender la gravedad de la situación a la que nos enfrentamos. Urge que acordemos de forma consensuada una línea de actuación política basada, justamente, en estas evidencias”, dijo la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Paloma Martín, senadora del PP y vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del partido, señaló que el compromiso de su partido en la lucha contra el cambio climático “no está en discusión” y que es el “cómo” y no el “qué” el motivo de la discrepancia. Pidió huir de los dogmatismos, tanto del negacionismo como del “alarmismo”: “No podemos dejar a nadie atrás en esta transición, ni a los ciudadanos, ni a las empresas, ni a ningún sector de la economía”, agregó.
Arnau Ramírez, portavoz de Cambio Climático del PSOE, reconoció la necesidad de dar “pasos más firmes” en pos de una “transición energética justa”, en la que los que más contaminan, más paguen. Mar González, representante de Equos Verde en Sumar, pidió que “el papel firmado se traduzca en acciones”, debido a que “las políticas verdes no son rentables políticamente” y no todas las formaciones están dispuestas “a pagar ese coste”. Oscar Matute (EH Bildu) reconoció pocos avances legislativos para atajar los impactos del cambio climático y cuestionó que se esté avanzando en una descarbonización que no pone en juicio “el carácter extractivista de la economía”.
Tras las exposiciones, las once formaciones acordaron “tener en cuenta las políticas climáticas junto al análisis de su impacto ambiental, social y económico en las decisiones y acuerdos que se tomen en el congreso” y aplicar “medidas urgentes para la adaptación de la sociedad y la economía al cambio climático”, entre otros puntos. “A casi un año de la firma de aquel documento, la retórica se ha vuelto a imponer, la inacción sigue siendo la regla”, lamenta Prieto.
El Movimiento Democracia por el Clima, integrado por distintos colectivos medioambientales, viene pidiendo desde las elecciones generales de 2023 un “Pacto de Estado Ecológico”. Tras las palabras de Sánchez del pasado domingo, Greenpeace, WWF y Rebelión Científica, tres organizaciones que forman parte de un grupo que busca fortalecer la participación ciudadana y la democracia en la lucha contra la emergencia climática, celebran el anuncio, pero exigen terminar con “las declaraciones de intenciones”.
“Por fin, un anuncio coherente con el mayor reto que vivimos como humanidad, la emergencia climática. Un pacto que ya está tardando y que llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Eso sí, debe basarse en la ciencia y en medidas y objetivos ambiciosos”, afirma Eva Saldaña, presidenta de Greenpeace España.
Para esta organización, “estamos ante una oportunidad única para lograr un acuerdo de Estado transversal y vinculante que esté basado en el conocimiento científico, que sea mucho más ambicioso que las políticas y objetivos actuales y que incluya medidas como, por ejemplo, la mejora de la fiscalidad aplicada a la gestión forestal o partidas presupuestarias que pongan el foco en la prevención y no en la extinción”
Saldaña pide dotar a este Pacto “de compromisos vinculantes, financiación estable, participación ciudadana, un sistema de rendición de cuentas y poner especial foco en aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Solo así se diferenciaría de un mero gesto político”.
En la misma línea, WWF sostiene que la ola de incendios simultáneos que asola gran parte de España ha puesto de manifiesto “la necesidad de adoptar una visión de largo plazo y respaldada por un amplio consenso social, basada en la ciencia y en la prevención de los impactos de la crisis climática”. El objetivo central de esta pacto de Estado debe ser “reunir a todas las fuerzas políticas, administraciones, sociedad civil, ciencia, empresas y sindicatos para crear una estrategia nacional que permita mitigar y adaptar España ante los efectos de la emergencia climática, como incendios cada vez más graves, DANAs, sequías prolongadas, lluvias torrenciales y otras catástrofes naturales”.
Su secretario general, Juan Carlos del Olmo, exige “blindar las políticas climáticas frente a los vaivenes políticos” para garantizar “una transición justa y situar a España en la vanguardia de la acción climática en Europa”. “La adaptación al cambio climático debe convertirse en un pilar estratégico de este pacto”, subraya.
La catedrática de Ciencias Sociales y activista en Rebelión Científica Agnès Delage Amat aclara que el ecologismo viene reclamando desde el año 2023 un pacto de Estado para “luchar contra el negacionismo institucional” tras los acuerdos del PP y Vox en varias comunidades autónomas. A su juicio, los populares tienen la oportunidad de diferenciarse de la extrema derecha aceptando la propuesta, mientras que la izquierda debe “construir un frente verde socialmente justo», algo de lo que ha sido «incapaz hasta ahora”.
“Bienvenido sea este anuncio de Sánchez. Eso sí, exigirá un esfuerzo de renovación interna muy importante. Ojalá la magnitud del drama sirva de palanca”, agrega Delage. Y concluye: “El pacto de Estado no puede ser sólo transpartidista. Los partidos deben ser capaces de integrar a la democracia participativa, con un espacio de participación ciudadana permanente a largo plazo para que la gente pueda participar en la toma de decisiones. En otras palabras, sin la participación ciudadana no se consumará la transición ecológica”.
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Piden a los sindicatos agrarios que dejen de atacar las políticas ambientales y se unan contra el ultraliberalismo económico, que es quien realmente destruye el campesinado y agrava la crisis ambiental
Desde Ecologistas en Acción de Cataluña señalan las políticas económicas ultraliberales y las disfunciones del mercado (con los acuerdos de libre comercio y la PAC como elementos fundamentales) como el origen de la mayoría de los problemas del campesinado.
Las ecologistas piden medidas de apoyo al campesinado que no pasen por una rebaja en la legislación de protección de la naturaleza, porque supondría perjudicar la transición agroecológica necesaria y «sería retroceder a épocas oscuras anteriores».
Las áreas protegidas, como las ZEPA, o la convivencia con las especies depredadoras como el lince ibérico o el lobo son imprescindibles para recuperar los equilibrios ecológicos naturales y conservar la biodiversidad, que es esencial para garantizar la seguridad alimentaria del futuro, tanto a corto como a largo plazo. Los ataques y la criminalización contra estas medidas carecen de argumentos sólidos.
Ecologistas en Acción critican a los Consejeros de Territorio y Agricultura por la falta de claridad en el cumplimiento de la legislación ambiental y por su falta de coraje frente a las exigencias de los intereses privados de sectores agroindustriales.
Ecologistas en Acció de Catalunya lamenta profundamente las recientes palabras y declaraciones de los sindicatos agrarios en Catalunya que atacan a los movimientos ecologistas como si fueran los culpables de la crisis en el sector agrario. Éste fue parte de su discurso en la última reunión que mantuvieron con el Consejero de Agricultura, Oscar Ordeig. Para la organización ecosocial, este tipo de ataques no sólo no solucionan nada sino que son muestra de una visión sesgada de la realidad que ha sido alimentada por la extrema derecha y los movimientos ultraconservadores en toda Europa.
Existe una abrumadora evidencia científica que demuestra cómo la conservación de la naturaleza es a la vez un elemento esencial para el bienestar humano, y un requisito imprescindible para mantener la productividad de la agricultura a medio y largo plazo. Por tanto, la dicotomía agricultura/naturaleza es un falso dilema que los sindicatos agrarios no deberían alimentar, porque se están perjudicando a sí mismos.
En cuanto a la fauna, para Ecologistas en Acción resulta extraordinariamente contradictorio que las propias entidades que se lamentan de la proliferación de conejos se opongan a la reintroducción del lince ibérico (su depredador natural más eficiente) o que durante años se haya fomentado la caza masiva de miles de zorros. Del mismo modo, resulta inconcebible denunciar los daños que provocan jabalíes y corzos en los cultivos, y, al mismo tiempo, rechazar el retorno espontáneo del lobo a Catalunya, el único depredador de estos grandes ungulados.
Ecologistas en Acción apoya al campesinado al encontrar soluciones diversas a los complejos problemas con la fauna salvaje que merman el rendimiento de los cultivos, pero se posiciona totalmente en contra de criminalizar la fauna y a favor de recuperar lo máximo posible los equilibrios naturales depredador-presa….
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Por el contrario, Ecologistas en Acción denuncia que quienes arruinan verdaderamente en el sector primario en Cataluña son las políticas neoliberales dictadas por la Unión Europea. Así, los tratados de comercio internacionales que interesan a las multinacionales europeas por exportar tienen como efecto la entrada de productos agrarios de terceros países con unos estándares ambientales y de derechos sociales mucho menores que los europeos. Esto provoca un hundimiento de precios con el que no pueden competir los productores de aquí y les aboca a depender de las ayudas gubernamentales y de grandes distribuidoras, o cerrar la actividad. Además la Política Agraria Europea prima sobre todo la gran superficie, los grandes terratenientes y la industria agroalimentaria, dejando sólo las migajas para los pequeños productores, de forma que en ningún caso les compensa de la competencia desleal de las importaciones. Aparte de todas las dificultades y trabas que encuentra el pequeño campesinado para comercializar sus productos —por ejemplo en los mercados de payés en la ciudad de Barcelona— y la falta de medidas para mejorar la cadena alimentaria. Por eso, las ecologistas animan a las entidades agrarias a sumar fuerzas y luchar juntas contra los acuerdos del mal llamado “libre comercio” como la UE-Mercosur y otros muchos que perjudican al sector primario. También alientan a las entidades agrarias a cuestionar el poder y la influencia que ejercen los grandes terratenientes y las empresas agroindustriales sobre estas organizaciones y los discursos que promueven. Ecologistas en acción recuerda que la supuesta «voz del mundo rural» no es única ni homogénea, sino diversa, y que hay que escuchar más a las verdaderas trabajadoras del campo.
Para Ecologistas en Acción, «bajo la excusa de la desburocratización no puede haber una pérdida de garantías de que las cosas se hagan de acuerdo con la ley. Y la ley ambiental existe porque estamos en emergencia climática y ecológica, de extinción masiva de especies que amenaza la vida humana en el planeta». Las ecologistas apuestan por que la Generalitat ofrezca un apoyo administrativo gratuito para los pequeños productores, en las oficinas comarcales del DARPA, que tramite de forma gratuita el 90% de las obligaciones legales que tienen estos campesinos, “porque la burocracia no puede mermar la dedicación a su trabajo de campesinado, absolutamente imprescindible para mantener la soberanía”. Esto implicaría dotar al DARPA de cientos de nuevas plazas administrativas para hacer efectivo este apoyo a los productores y productoras…
…Ecologistas en Acción ha mantenido siempre y mantiene un diálogo abierto con el campesinado consciente de que su producción depende de los equilibrios de la naturaleza, de la que los humanos formamos parte como una especie más, ecodependiente. La organización está siempre dispuesta a dialogar y compartir conocimiento con quien respete el trabajo riguroso y desinteresado de tantas activistas. Considera inadmisible las acusaciones y descalificaciones que algunos sectores han expresado públicamente en los medios sobre un ecologista histórico, al que la organización manifiesta toda su solidaridad y apoyo.
https://www.ecologistasenaccion.org/345882/demanen-als-sindicats-agraris-que-deixin-datacar-les-politiques-ambientals-i-suneixin-contra-lultraliberalisme-economic-que-es-qui-realment-destr/