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Catorce países insulares del Pacífico y Timor Oriental, de las naciones más vulnerables a los desastres naturales debido a la crisis climática, construirán almacenes para acopiar bienes humanitarios que sirvan para responder a las catástrofes, informaron este viernes fuentes gubernamentales.
La medida, bautizada como ‘Programa de Almacenes Humanitarios del Pacífico‘, está financiada por Australia y Nueva Zelanda, los países más importantes de la región y que suelen desempeñar un papel clave en la respuesta humanitaria a los desastres en la zona.
Los gobiernos de Camberra y Wellintong anunciaron un fondo de 28,1 millones de dólares (25,7 millones de euros) para el programa, apunta un comunicado conjunto de la ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, y su homólogo neozelandés, Winston Peters.
«El Pacífico está expuesto a una amplia gama de peligros naturales y otros riesgos, como ciclones, terremotos, tsunamis, inundaciones, volcanes y enfermedades. Estas catástrofes pueden provocar inmensas necesidades humanitarias», remarcó Peters.
Las islas del Pacífico, así como la nación insular de Timor Oriental (en el Sudeste Asiático) son más vulnerables a los desastres naturales relacionados con la crisis climática y, además, se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona que acumula alrededor del 90% de la actividad sísmica y volcánica del planeta.
Este programa es una iniciativa liderada por las islas del Pacífico, una remota zona del planeta de difícil geografía debido a las centenares de islas que la conforman, y con severos problemas de conectividad que impiden respuestas rápidas frente a los desastres naturales.
El programa pretende acopiar la ayuda humanitaria necesaria para ser distribuida en las primeras 48 horas que siguen a un desastre, y que así sirva de espera a la llegada de la ayuda internacional.
El anuncio de Australia y Nueva Zelanda se da en el marco de la reunión de ministros de Exteriores del Foro de las Islas del Pacífico en Suva (Fiyi), un bloque que reclama desde hace décadas la ayuda internacional para enfrentar la crisis climática.
El Pacífico ha cobrado una mayor importancia estratégica para Australia y Nueva Zelanda después de que Islas Salomón, miembro del Foro, suscribiera en 2022 un acuerdo de seguridad con China, que se negoció de forma opaca, agudizando así la competencia entre Pekín y Washington en la otrora olvidada región.
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El pasado 16 de julio se publicó la Orden TED/728/2024, por la que se desarrolla el mecanismo de fomento de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. En ella, el aceite de palma y sus derivados no podrán transformarse en biodiésel a partir de 2025. Una prohibición que ya recogió la Directiva Europea de Energías Renovables ordenando su eliminación gradual para 2030.
Para Ecologistas en Acción, se trata de una buena noticia que el Gobierno español haya decidido adelantar su eliminación cinco años, reconociendo los graves impactos de la trampa de considerar como renovables a los agrocombustibles mal llamados “bio”. Sin embargo, se ha perdido la oportunidad de frenar la deforestación al no incluir también la eliminación de la soja.
La evidencia científica que relaciona los cultivos masivos de soja con la deforestación de ecosistemas clave como la Amazonía o el Cerrado en Brasil es amplia. Tanto es así, que el mismo Gobierno está trabajando en la aplicación del Reglamento Europeo sobre deforestación (EUDR), el cual prohíbe expresamente la importación de soja de partidas que no hayan sido certificadas como libres de deforestación.
El EUDR es insuficiente: entre las materias incluidas en el texto se encuentran la mayoría de los derivados y productos de la soja, pero no todos, como es el caso del aceite y los biocombustibles. A su vez, el borrador de la actualización del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) sí propone la eliminación de la soja.
Las importaciones de soja en Europa para producir biocombustibles aumentaron cinco veces de 2015 a 2022, según un estudio de Transport & Environment. Pese a que el Parlamento Europeo, varios Estados miembros de la UE, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad científica han manifestado claramente su oposición a los biocombustibles de soja, la Comisión Europea continúa sin revisar el Acto Delegado que podría catalogarla como alto riesgo ILUC.
Debemos prohibir que el biodiésel producido en España contenga ningún componente cuyo origen sea palma o soja. Hay que salvaguardar los bosques tropicales más biodiversos y contribuir así a la seguridad alimentaria de las comunidades locales”.
“Son los Estados miembros quienes pueden y deben ponerle freno al biodiésel de soja, como han hecho ya Francia y Bélgica. Es una lástima que el Gobierno español no haya aprovechado la oportunidad para demostrar coherencia, corregir una laguna en la legislación europea y, con ello, blindar la entrada de soja procedente de deforestación”.