Cuando el 15 de febrero de 2022 el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una declaración de apoyo a un proyecto innovador y sostenible de fabricación de fibras textiles de celulosa, pocos preveían la tormenta política y social que estaba a punto de desatarse. Aquella declaración, propuesta por el PP, no profundizaba en los detalles de la nueva fábrica y hablaba vagamente de un impacto positivo en términos de empleo y desarrollo económico. El apoyo político era clave, pues el proyecto, bautizado como Gama, esperaba beneficiarse de la lluvia de millones que empezaba a llegar desde la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.
Pero de aquella primera propuesta solo queda el recuerdo. A lo largo de los dos últimos años, y en particular tras las últimas elecciones autonómicas gallegas del 18 de febrero, se han ido conociendo los detalles. La fábrica sostenible de fibra, impulsada por un consorcio de la portuguesa Altri y la gallega Greenalia, es en realidad una macrocelulosa. Consumirá 46 millones de litros del río Ulla al día. Afectará de forma directa a centenares de fincas de una zona con una actividad agrícola y ganadera sólida. Emitirá grandes cantidades de partículas y gases contaminantes (aunque se desconoce la producción de gases de efecto invernadero, a pesar de tratarse de un proyecto, en teoría, de descarbonización).
Los vecinos de la zona elegida para colocar la fábrica, en el ayuntamiento de Palas de Rei y en la comarca de Ulloa, están en pie de guerra. Los colectivos ecologistas y parte de la comunidad científica no dan crédito. Y el apoyo de algunos partidos políticos ha empezado a tambalearse. La ola de descontento, que cristalizó en una manifestación de más de 20.000 personas en Palas de Rei a finales del mes pasado, no deja de aumentar de la mano de las muchas dudas que presenta el proyecto para el futuro de la comarca y de Galicia.
La historia que estamos a punto de contar todavía no ha concluido. En ella abundan las sospechas, las informaciones sesgadas y los puntos oscuros. Y está atravesada por un debate de fondo que seguimos negándonos a afrontar de forma colectiva: ¿qué futuro queremos? La historia parece demasiado compleja de contar en unas líneas, así que vamos a empezar por presentar a sus protagonistas.
La empresa impulsora del proyecto Gama es Greenfiber, que se vende en su web como innovadora, sostenible y responsable. Greenfiber es, en realidad, una sociedad participada por dos empresas: Greenalia (al 25%) y Altri (al 75%). La primera es una empresa con sede en A Coruña que tiene como principal negocio la producción de energías renovables, a través del viento, el sol y la biomasa forestal. Está detrás de muchos de los nuevos proyectos eólicos de Galicia y en su consejo de administración se sienta Beatriz Mato, quien fue Conselleira de Traballo e Benestar, primero, y de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, después, en la Xunta de Galicia bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo.
Altri, por su parte, es un conglomerado industrial portugués con sede en Oporto líder en producción de celulosa a partir de madera de eucalipto a través de tres fábricas: Celbi, Caima y Celtejo. Factura más de 600 millones de euros al año y su historial ambiental es de sobra conocido en el país. “Entre los años 2015 y 2018, el impacto en el Tajo fue enorme. Los vertidos de Celtejo volvieron el agua negra y el río iba lleno de espuma. El 24 de enero de 2018 se produjo un incidente grave, con niveles de espuma que superaban los dos metros de altura”, explica Paulo Constantino, portavoz de la asociación ProTejo. “El agua tenía niveles de fibra de celulosa 5.000 veces superiores a lo normal”.
Aquellos incidentes se resolvieron con la obligación de colocar una nueva planta de depuración de aguas en la fábrica y sin multas, a pesar de las advertencias continuadas de la inspección de medioambiente de Portugal. El problema quedó aparentemente corregido. “No tenemos acceso a los datos de control del agua y nosotros no podemos hacer los análisis. Así que no tenemos ninguna garantía de que los niveles de calidad de agua sean buenos. Pero sí es cierto que los problemas que tuvimos entre 2015 y 2018 no se han vuelto a producir”, añade Paulo Constantino.
Al igual que ocurre con Greenfiber, Altri también apuesta por el greenwashing, intentando asociar el nombre de sus fábricas portuguesas a los adjetivos verde y sostenible. Celtejo se llama ahora Biotek. “Quiere aparecer como una empresa ligada al respeto por el medioambiente y la biodiversidad. Sin embargo, lo que ha hecho en Portugal ha sido promover los monocultivos de eucalipto, una especie invasora que aporta beneficios económicos, pero es difícil de erradicar y muy inflamable, y que en explotaciones industriales no deja espacio a la biodiversidad”, señala el ecologista. Desde Climática hemos contactado en tres ocasiones con la empresa para la elaboración de este reportaje, pero no hemos recibido respuesta.
El proyecto Gama, cuyos detalles no se conocieron hasta el pasado mes de febrero, contempla la instalación de una fábrica de celulosa en el lugar de A Vacariza, en el ayuntamiento de Palas de Rei (Lugo). Según el proyecto publicado en el Diario Oficial de Galicia el 4 de marzo, la factoría ocupará 360 hectáreas –cuatro veces el tamaño de la celulosa de ENCE en Pontevedra– y producirá al año 400.000 toneladas de celulosa y 200.000 de lyocell, una fibra textil que se suministraría, en principio, a las fábricas de ropa de Galicia. Estas cifras, sin embargo, no se alcanzarán hasta que el proyecto esté desarrollado por completo.
Para ello, la factoría consumirá 1,2 millones de metros cúbicos de madera de eucalipto al año (alrededor del 20% de todo lo que se tala en Galicia) y 46 millones de litros de agua al día procedente del embalse cercano de Portodemouros, en el río Ulla. “La empresa calculó, en la solicitud de concesión para la captación que presentó a Augas de Galicia, que este consumo supone entre un 1 y un 2% del volumen del embalse. Pero nosotros repetimos los cálculos sobre el volumen promedio de los últimos años y el dato que nos sale es del 9,2%”, explica Ana Santamariña, doctora en hidrología y vocal de aguas de la organización ecologista Adega, quien asiste también a la plataforma vecinal contra la celulosa, Ulloa Viva. Los cálculos del consumo de agua tampoco tienen en cuenta el escenario de cambio climático que sí se refleja en documentos públicos como el Plan Hidrológico Nacional y que implica un descenso generalizado de los caudales.
Una vez utilizada, la planta verterá unos 30 millones de litros de agua a 27 °C de vuelta al embalse. Además de caliente, y a pesar de los procesos de depuración que puedan instalarse, la carga orgánica del vertido será importante, lo que contribuirá a empeorar el estado de un tramo de río ya muy afectado por la eutrofización (la proliferación anormal de cianobacterias). De acuerdo con el estudio técnico de Adega, este vertido modificará tanto la calidad de las aguas de las que bebe una parte importante de la población gallega como el resto de elementos del régimen hídrico de la zona. El Ulla, además de recorrer una cuenca de 2.764 kilómetros cuadrados, desemboca en la ría de Arousa, una zona de alta producción marisquera.
Además de la cuestión del agua, los colectivos ecologistas también denuncian que la fábrica se quiere instalar en un territorio que fue propuesto por la propia Xunta de Galicia para su integración en la Red Natura 2000 (aunque la ampliación de estos espacios lleva varios años paralizada). Contiene varios endemismos en peligro de extinción y está justo al lado de la zona protegida de la Serra do Careón, aspectos que han sido ignorados por completo en el proyecto inicial presentado ante la administración autonómica.
Por último, está el tema de la contaminación y las emisiones. El proyecto pretende captar 250 millones de euros de dinero público a través de la línea de fondos PERTE para la descarbonización industrial. Sin ellos, la empresa asegura que no podría ser viable. Sin embargo, el proyecto no contempla ningún cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono o metano. Teniendo en cuenta el volumen de las emisiones de otras fábricas similares, desde Adega calculan que el proyecto Gama generará unas 100.000 toneladas al año de gases de efecto invernadero.
“Otro de los contaminantes que se omiten en el proyecto son las partículas finas, llamadas PM2,5. Son muy perjudiciales porque, al respirarse, pasan directamente al torrente sanguíneo y existe mucha evidencia científica sobre los problemas de salud que pueden generar”, explica Ana Santamariña. Tampoco se habla en el proyecto de contaminantes como el amoniaco, los compuestos orgánicos volátiles o el óxido nitroso, entre otros. Los que sí se reflejan son las partículas grandes (PM10, de las cuales se emitirán 252,5 toneladas al año), los óxidos de azufre (577,58 toneladas) o los óxidos de nitrógeno (2.180,9 toneladas). En todos estos casos la fábrica de Greenfiber emitiría igual o más que las ocho celulosas que hay en España juntas.
Desde la Xunta de Galicia, señalan que los datos que están presentando los colectivos vecinales y ecologistas deberán ser comprobados y se remiten a los procesos burocráticos en marcha. “Respetamos las opiniones y las manifestaciones de cualquier colectivo, pero hay que recordar que el proyecto está siendo sometido a una evaluación ambiental garantista”, indican desde las consellerías de Industria y Medioambiente. “La Xunta solo permitirá la implantación de nuevas actividades económicas que sean compatibles con el respeto al medioambiente”.
La historia de Ana Corredoira está totalmente ligada a la aldea de A Cernada, en el municipio de Palas, pero ya en límite con el de Friol. Allí nacieron sus padres y allí volvieron, después de salir fuera a trabajar, para fundar una explotación ganadera extensiva en 1989. Allí nacieron ella y su hermano y allí nació también su hija. Ana, que se graduó en Biología en la Universidad de Santiago de Compostela, está hoy al frente de la explotación familiar, cuya producción de leche fue una de las primeras en recibir la certificación ecológica en Galicia.
“No es solo una actividad económica. Para mí es un proyecto de vida, una idea de producción ligada al territorio y respetuosa con la tierra, una transformación con contexto de futuro”, explica la ganadera, vecina de Palas e integrante de la plataforma Ulloa Viva. Su granja, A Cernada, forma también parte de una cooperativa con otra granja, Maruxa, a través de la que envasan, transforman y comercializan leche y productos derivados bajo certificación ecológica.
Como ella, buena parte de la comarca de A Ulloa vive de las actividades agrarias y ganaderas, así como de industrias agroalimentarias como la del queso de la denominación de origen protegida Arzúa-Ulloa. Además, cuenta con una actividad turística y cultural al alza vinculada al paso del Camino de Santiago. Debido a la migración del rural a las ciudades y a la demanda de mano de obra de estos sectores, el paro en la comarca es muy bajo. Y esto es importante porque el proyecto de Greenfiber centra buena parte de sus argumentos, precisamente, en la generación de empleo (aunque las cifras han ido reduciéndose de los más de 2.000 puestos de trabajo prometidos inicialmente a unos 500).
“Parece que somos una zona deprimida, sin desarrollar. Pero tenemos un tejido socioeconómico fuerte, alrededor de la ganadería y la agricultura, que genera muchísimos puestos de trabajo y que de hecho demanda mano de obra. Tenemos un sector de servicios importante alrededor del Camino de Santiago y grandes grupos empresariales asentados en la zona contra los que nadie protesta. La Xunta dice que no podemos permitirnos perder el trabajo industrial que nos traerá la celulosa, pero parece que nadie se pregunta cuántos empleos se van a destruir por su culpa”, señala Ana Corredoira.
Sus preocupaciones son, también, las de sus vecinos: la contaminación del aire y sus impactos sobre la salud, los cultivos y la salud del medioambiente, la afectación de las fincas en las que se instalará la celulosa (y que podrían llegar a expropiarse si sus dueños no aceptan vender), los daños a la imagen del sector y sus productos, el desarraigo del proyecto con el territorio y su estructura socioeconómica, los impactos a largo plazo para las nuevas generaciones, el impulso a un modelo de explotación intensiva de eucalipto en detrimento de la biodiversidad y de los paisajes autóctonos, la sobreexplotación de la tierra, el daño a los ríos de la zona y al suministro de agua potable, el cambio climático.
Y la lista sigue aguas abajo. El río Ulla desemboca en la parte norte de la ría de Arousa, la zona de mayor producción marisquera de España y una de las grandes productoras del mundo de mejillón (genera el 40% del bivalvo que se cultiva en Europa). La mayor parte de esta producción es artesanal y familiar y lleva ya años sufriendo las presiones del cambio climático, el calentamiento de las aguas, la contaminación y la sobreexplotación. “El proyecto Gama va a repercutir directamente sobre una ría que ya está colgando de un hilo y en la que cientos de familias ven peligrar su sustento”, explica Ana Santamariña.
“De fondo, hay un debate que tiene que ver con el modelo de gestión de territorio que no se quiere abrir. No queremos este proyecto no porque seamos antiindustria, sino porque queremos un modelo de desarrollo de acuerdo a las necesidades de nuestro territorio. Queremos que las administraciones bajen a la tierra a conocer su tierra y dejen de hacerse la pregunta de qué necesita el rural para tener futuro. Lo que necesitamos es que se nos escuche. Y no necesitamos una celulosa”, añade Ana Corredoira.
Los vecinos del Ulla, de Arousa y de todo Galicia presentaron más de 23.000 alegaciones al proyecto de Altri y Greenfiber ante la Xunta. “En este momento, estamos llevando a cabo un estudio pormenorizado de cada una de las alegaciones presentadas para estimar las propuestas que pueden contribuir a mejorar el propuesto”, señalan desde la administración autonómica. No se espera que el proceso de tramitación avance hasta finales de año o principios de 2025. En cuanto al apoyo político, el Bloque Nacionalista Galego, Sumar o Podemos se han desmarcado del proyecto, mientras el PP sigue defendiendo su importancia económica y el PSOE, tanto en Galicia como en el gobierno central, no define con claridad su postura.
“Presentamos 23.000 alegaciones al proyecto. Reunimos a más de 20.000 personas en Palas de Rei, que tiene unos 3.000 habitantes, en una manifestación respetuosa y responsable. Nuestro mensaje es muy claro, no queremos esta celulosa aquí. Y es un mensaje que compartimos personas muy diversas, con sensibilidades muy distintas y ligadas a todo tipo de sectores. Sin embargo, tenemos claro lo que nos une. Esa es nuestra fuerza”. Con la voz de Ana Corredoira se cierra este reportaje, pero no la historia del proyecto Gama ni la de sus protagonistas. Tampoco se cierra, si es que se ha llegado a abrir, el debate sobre el mundo que queremos y con el que vamos a hacer frente a la crisis ambiental y climática.
El texto ha sido actualizado el 10 de junio para añadir las declaraciones de la Xunta de Galicia.
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