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“Lo vivido en octubre de 2024 debería marcar un antes y un después en la carrera contrarreloj para evitar los peores escenarios del cambio climático”. Hablamos de la dana en València. “Sin embargo, seguimos sin aprender de los errores. No se está actuando a la altura de la emergencia climática ni de las consecuencias que ya se están produciendo y que están costando vidas y provocando cuantiosos daños”. Esta es la principal conclusión de un informe elaborado por Greenpeace tres meses después de la tragedia. Y esto no ha concluido. “Los estudios científicos calculan que la gravedad de estos eventos seguirá aumentando si no se resuelven las causas del cambio climático”, añade.
Según el trabajo de la organización ecologista, titulado Danas, inundaciones y cambio climático: aprender de los errores para salvar vidas, en España hay más de 26.000 kilómetros de zonas con alto riesgo de inundación, donde residen aproximadamente 2,7 millones de personas. De ellas, 700.000 viven en las áreas de mayor riesgo. Además, miles de infraestructuras críticas están situadas en zonas en riesgo de inundación actual o futura y todavía se siguen planificando nuevas construcciones en estos espacios, obviando las evidencias científicas y primando los intereses económicos de unos pocos, denuncia el documento.
«Actuaciones como la aprobada por la Generalitat Valenciana en 2024, la misma semana en la que se produjo la dana, modificando la normativa para permitir construir en zonas inundables sin informes de riesgo muestran que la clase política no está aplicando el principio de precaución más básico: el que salva vidas», pone como ejemplo el informe.
Adaptación y mitigación
Para minimizar los impactos al máximo, Greenpeace propone cuatro medidas principales de adaptación. En primer lugar, destaca la importancia de conocer el riesgo y prepararnos ante la emergencia. En este sentido, los protocolos de actuación y los sistemas de alerta temprana son las medidas más eficaces a corto plazo para proteger a la población, salvar vidas y limitar daños personales y materiales.
Durante las emergencias también son clave soluciones que hay que tomar antes de que lleguen, como la realización de mapas de riesgo de inundaciones y la formación en prevención destinada a la ciudadanía y al personal sanitario, educativo, empresarial y de gestión. «Debe ser obligatoria la revisión y adaptación de todos los planes generales de ordenación urbana anteriores a 2015 para incorporar informes de inundabilidad y mapas de riesgo de inundación con el objeto de declarar las zonas inundables como no urbanizables», sostiene el documento.
La segunda medida propuesta es la recuperación del ciclo natural del agua en las ciudades mediante soluciones basadas en la naturaleza (SBN), como los sistemas urbanos de drenaje sostenible. La tercera medida pone el foco en reconstruir sin cometer los mismos errores. «Es urgente la prohibición de construcción de infraestructuras y la desclasificación de suelos urbanísticos en áreas inundables. En el caso de las viviendas e infraestructuras existentes, deben contar con planes de gestión del riesgo en inundaciones implementados, comunicados y testados», dice el informe.
Y como cuarta medida, el estudio destaca que la adaptación al cambio climático debe proteger a toda la población de forma justa y contribuir a reducir las desigualdades. Niñas y niños, personas mayores, dependientes y personas migrantes en situación administrativa irregular son las más vulnerables en las inundaciones.
Además de la adaptación, el informe también insiste en la importancia y la urgencia de la mitigación del cambio climático para evitar que siga avanzando el calentamiento, lo que provocaría impactos mucho mayores y ante los que no habría adaptación posible. «Hace falta una política climática con objetivos mucho más ambiciosos que los actuales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, incluyendo el necesario abandono de los combustibles fósiles, y recuperar la salud de los ecosistemas que funcionan como sumideros de carbono». La mayoría de las medidas de mitigación, implantadas con criterios de justicia social, tienen además beneficios para nuestra calidad de vida», prosigue el informe.
“Es urgente prepararnos para minimizar al máximo su impacto con medidas que reduzcan el riesgo para las personas, los ecosistemas y las infraestructuras. Hacen falta cambios en la planificación de las ciudades, en la cultura de la prevención ante la emergencia y en la política climática porque, si no frenamos el cambio climático, lo peor está por llegar. Las administraciones tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias para protegernos”, advierte Elvira Jiménez, responsable de la campaña de adaptación de municipios a eventos extremos en Greenpeace.
Además del coste humano, Greenpeace también recuerda el coste económico de no actuar ante catástrofes como la dana de Valencia, que ya es oficialmente la más costosa de la historia de España en indemnizaciones de pólizas de seguros, con 1.050 millones de euros abonados hasta la fecha, según los últimos datos del Consorcio de Compensación de Seguros.
En este sentido, la organización propone hacer responsable de los daños a quienes provocan las emisiones: el 71% de las indemnizaciones corresponden a inundaciones que, tras las altas temperaturas, son el fenómeno atmosférico que más muertes provoca en España.
“Aún falta mucho por hacer, pero estamos a tiempo de reducir los impactos provocados por el calentamiento del planeta. Y también de aminorar dicho calentamiento. Porque tan terrible como las consecuencias de lo sucedido en Valencia es saber que se podrían haber tomado muchas medidas para reducir los efectos y, sobre todo, que no estamos ante una catástrofe aislada”, concluye Jiménez.