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Juan F. Samaniego
Los elefantes casi nunca se dejaban ver en el pequeño pueblo de pescadores de Wanseko, en Uganda. Pero en los últimos meses las incursiones se han multiplicado y con ellas, los daños en los campos de cultivos y los ataques a personas. Algo los está asustando tierra adentro, en el parque nacional de las Cataratas Murchison, y los está empujando hacia nuevos territorios a orillas del lago Mwitanzige, un gran cuerpo de agua que forma parte del complicado sistema del Nilo y que está conectado con el lago Victoria. En Wanseko y en el resto de comunidades locales de los alrededores del parque saben bien qué es lo que espanta a los animales, porque es lo mismo contra lo que llevan años luchando: el proyecto petrolífero de Tilenga.
Tilenga contempla el desarrollo de seis campos de petróleo y gas en los distritos de Buliisa y Nwoya (uno de ellos situado en el propio Parque Nacional Murchison Falls) y la perforación de unos 400 pozos. El proyecto está impulsado por la francesa TotalEnergies, que tiene el 56,6% de la operación, y las petroleras estatales china (CNOOC) y ugandesa (UNOC). Todos colaboran también en el proyecto Kingfisher, al sur del lago. De acuerdo con la compañía francesa, las reservas totales superan los 1.000 millones de barriles de petróleo. Ninguno de los dos proyectos se puede entender sin el East African Crude Oil Pipeline (EACOP), un gran oleoducto de 1.443 kilómetros de largo, que llevará los combustibles fósiles hasta el puerto de Tanga, en Tanzania, para su exportación.
Si los tres proyectos se llevan a cabo, más de 118.000 personas serán desplazadas de sus casas y muchas otras sufrirán las consecuencias en sus tierras. Una vez estén operativos, emitirán 34 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, más que la mitad de lo que genera Uganda, según cálculos de Amigos de la Tierra. De acuerdo con TotalEnergies, la parte positiva es que supondrán la creación de alrededor de 80.000 empleos directos e indirectos y la oportunidad de que Uganda y Tanzania aprovechen sus propios recursos e inviertan las ganancias en su desarrollo.
La tramitación y las primeras fases de los proyectos dejan por ahora un largo rastro de amenazas y violaciones de los derechos humanos, tanto a las comunidades locales como a activistas y defensores de la tierra y el medioambiente. Esta es una de esas historia en las que no pensamos cuando pisamos el acelerador de nuestros coches de gasolina, pero que nos habla de la explotación, la destrucción y la contaminación de un sistema económico cimentado en los combustibles fósiles.
El primer pozo de Tilenga se perforó en junio del año pasado. Para entonces, muchas de las infraestructuras que rodean los campos petrolíferos ya estaban en construcción, incluyendo una zona industrial en el distrito de Bulisa donde se tratarán los materiales extraídos para limpiar el crudo. El objetivo de TotalEnergies, CNOOC y UNOC es empezar a producir petróleo el año que viene y, desde ahí, seguir aumentando la producción. Para ello, claro, necesitan también el sistema de tuberías que les permitirá sacar los combustibles fósiles de África hasta los países donde se van a consumir.
El despliegue del oleoducto propiamente dicho todavía no ha empezado, pero los procesos de compra de tierras y construcción de infraestructuras están ya bastante avanzados –en este mapa interactivo elaborado por Amigos de la Tierra puede consultarse el estado actual de las obras–. “El proceso de adquisición de tierras fue un desastre y ha disparado la inseguridad alimentaria y el endeudamiento de los hogares en la zona. Las compensaciones para quienes han perdido sus tierras se han retrasado durante años y, en muchos casos, no han sido suficientes”, explica Myrto Tilianaki, defensora de Human Rights Watch (HRW), organización que el año pasado publicó un extenso informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas hasta entonces para hacer avanzar el proyecto de EACOP.
“Tenemos constancia de que los agricultores sufrieron presiones y fueron intimidados para llegar a acuerdos que no les favorecían. Además, estos acuerdos siempre estaban en inglés, por lo que la mayoría no entendía bien lo que firmaba”, añade. “Por otra parte, durante estos años, todo aquel que ha protestado contra la expansión de las operaciones de combustibles fósiles en Uganda, desde ONG hasta activistas locales, ha sufrido presiones de todo tipo por parte del Gobierno y la policía”. De acuerdo con el informe de HRW, las presiones van desde obstáculos para comunicarse con los medios de comunicación o para conseguir financiación hasta redadas, confiscación de materiales y detenciones injustificadas.
Hasta el momento, más de un centenar de personas que protestan o han protestado contra el oleoducto en Uganda han sufrido detenciones bajo todo tipo de pretextos. “Quieren que tengamos miedo. Estás protestando pacíficamente, te detienen y te dejan en el calabozo durante dos o tres días sin decirte nada”, cuenta Dickens Kamugisha, director del Instituto Africano de Gobernanza Energética (AFIEGO, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que está liderando las protestas sobre el terreno.
“Las comunidades locales también tienen miedo. Es cierto que mucha gente ha recibido una compensación porque sus tierras se han visto afectadas por el proyecto, pero nadie te cuenta en qué condiciones, bajo qué presiones. Es gente que solo tiene su tierra y si amenazas con quitársela al final aceptará cualquier cosa que le des a cambio. Resistirse al poder de TotalEnergies, de la policía y del Gobierno de Uganda es difícil. Las condiciones son muy hostiles”, añade. Según Juliette Renaud, de Amigos de la Tierra, la situación todavía es más preocupante en Tanzania, donde hay más control y presiones del Estado sobre las organizaciones sociales y los defensores de los derechos humanos.
En este sentido, el informe de HRW recomendaba a TotalEnergies comunicar al Gobierno de Uganda que no tolerará amenazas a los defensores de los derechos humanos que trabajan en cuestiones petroleras. La empresa asegura estar en comunicación con las autoridades locales, aunque todavía no ha transmitido su posición a niveles más altos de la administración. “Creemos que los activistas deben tener la oportunidad de entablar un diálogo constructivo para así lograr soluciones pacíficas duraderas a los conflictos”, explican desde la petrolera francesa. “Sin embargo, aunque la libertad de reunión es un derecho, los manifestantes también deben cumplir las leyes del país”.
La deforestación y las infraestructuras construidas alrededor de los primeros pozos de extracción de Tilenga ya están teniendo consecuencias. Más allá de las incursiones de elefantes en los pueblos cercanos, los agricultores se quejan de que las inundaciones en la zona son mucho más severas que antes, ya que no hay bosques que retengan el agua ni los sedimentos que arrastra. Y esto es solo el principio: el desarrollo petrolero de Uganda y la construcción del que será uno de los oleoductos más largos del planeta afectarán a territorios de gran biodiversidad, multiplicarán el riesgo de contaminación en humedales protegidos y alterarán las rutas migratorias de muchas especies, entre otras consecuencias medioambientales.
El análisis que Ecologistas en Acción publicó sobre la evaluación de impacto ambiental y social del proyecto señala que los riesgos de vertidos en la cuenca del Nilo y el lago Victoria son muy elevados, sobre todo, teniendo en cuenta que el oleoducto cruzará el valle del Rift, una zona de mucha actividad sísmica. Un vertido no solo tendría un impacto directo en la fauna y la flora, sino que comprometería las reservas de agua dulce de una de las cuencas más importantes de África. Además –señalan desde la organización–, no existe por ahora ningún plan de contingencia ni medidas de actuación en caso de que se produjese un vertido a lo largo del oleoducto.
Por último, están las emisiones de gases de efecto invernadero. El informe Net Zero Roadmap de la Agencia Internacional de la Energía, actualizado el año pasado, señala que, para evitar los peores efectos del cambio climático y contener el calentamiento, el desarrollo de nuevos proyectos de petróleo, gas y carbón debe detenerse por completo. Según los cálculos del Climate Accountability Institute, los proyectos de Tilenga y el oleoducto emitirán, como mínimo, 379 millones de toneladas de CO2 equivalente a lo largo de toda su vida útil.
“EACOP y los proyectos de desarrollo petrolero de Uganda están llevándose a cabo en un momento en el que los principales organismos científicos y los expertos en cambio climático están pidiendo que se paralicen todos los nuevos proyectos de combustibles fósiles si queremos alcanzar los objetivos del Acuerdo de París”, explica Myrto Tilianaki. “La construcción de estos proyectos no solo tiene un impacto directo en las vidas de la gente, sus medios de subsistencia y el medioambiente que les rodea, sino que nos atrapa en una especie de bloqueo de carbono, comprometiendo muchos años de emisiones de gases de efecto invernadero”.
La multinacional francesa TotalEnergies asegura que está «plenamente comprometida con la transición hacia las energías limpias, pero la demanda mundial de petróleo sigue siendo alta”. “Estos proyectos, que son de Uganda y Tanzania, permiten asegurar la producción de petróleo durante 20 años y el transporte para llevar el combustible al mercado. Ambos países esperan que los beneficios de la producción de petróleo sirvan para financiar su desarrollo nacional. No permitir que desarrollen sus propios recursos sería negarles el acceso al desarrollo a aquellos que más lo necesitan. La transición energética también tiene que ser aceptable socialmente”.
Las manifestaciones y protestas en Uganda y Tanzania también se han visto reflejadas en Francia, donde TotalEnergies tiene su sede. La primera demanda, presentada en el país europeo por AFIEGO, Amigos de la Tierra y otras cuatro organizaciones en 2019, fue rechazada por un fallo de forma. Pero la lucha en los juzgados no se quedó ahí. “Iniciamos una nueva acción en junio del año pasado. Los demandantes son 26 miembros de las comunidades afectadas por Tilenga y EACOP en Uganda, el defensor de derechos humanos Maxwell Atuhura y cinco organizaciones francesas y ugandesas”, explica Juliette Renaud, de Amigos de la Tierra. “Pero la justicia es lenta y todavía recibidos la primera respuesta escrita de TotalEnergies hace poco. Esperamos tener una fecha para la primera audiencia en 2025”.
Además, existe otro proceso judicial abierto en el Tribunal de Justicia del África Oriental. Esta demanda, presentada por el Centre for Food and Adequate Living Rights (Uganda), AFIEGO (Uganda), Natural Justice (Kenia) y el Centre for Strategic Litigation (Tanzania), está dirigida a los Gobiernos de Uganda y Tanzania y al secretario general de la Comunidad Africana Oriental, y está basada en el supuesto incumplimiento de las normativas regionales a nivel económico, ambiental y de derechos humanos por parte de los proyectos de desarrollo petrolero.
Sin embargo, el judicial no es en este momento el mayor obstáculo que enfrenta el proyecto. La construcción del oleoducto costará alrededor de 5.000 millones de dólares, pero menos de 2.000 millones están comprometidos por ahora. Además, un número creciente de entidades aseguradoras se muestra reacias a asegurar los riesgos del proyecto. “Muchas instituciones financieras y compañías de seguros tienen dudas, 28 aseguradoras ya han dicho que no participarán ante las presiones de los activistas y los riesgos que implica”, señala Dickens Kamugisha.
De acuerdo con la organización BankTrack, que elabora regularmente informes de riesgo financiero del proyecto y se ha convertido en una fuente de presión importante para bancos, entidades de crédito y aseguradoras, los riesgos del proyecto para el medioambiente, la sociedad y los derechos humanos básicos son demasiado elevados para la mayoría de entidades financieras. Según su último informe, las empresas locales no tienen capacidad para asegurar la totalidad del riesgo del proyecto, por lo que la falta de apoyo de empresas de seguros extranjeras está poniendo en juego la viabilidad del oleoducto a largo plazo.
Mientras TotalEnergies, CNOOC, UNOC y los Gobiernos de Uganda y Tanzania siguen intentando impulsar el proyecto, las organizaciones locales no se rinden. “Los ugandeses sabemos que estos proyectos petroleros no van a ser social, económica y ambientalmente relevantes y que ya no son atractivos para las empresas financieras”, concluye Kamugisha. “Y vamos a seguir ahí, protestando, apoyando a los jóvenes y a las comunidades locales, involucrando al poder judicial y presionando al gobierno y a las petroleras para asegurarnos de que se protejan nuestros ecosistemas críticos y que se mejore de verdad la vida de la gente”.
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