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Eduardo Robaina
La organización Global Witness ha contabilizado 196 casos de personas asesinadas en 2023 por ejercer su derecho a proteger sus tierras y el medioambiente, si bien se estima que la cifra real es mucho mayor. De ellos, 85 eran indígenas y 12 afrodescendientes. Desde 2012, año en el que la ONG empezó a documentar esta situación, al menos 2.106 personas han sido asesinadas en todo el mundo por motivos medioambientales.
No obstante, la represión contra los activistas que defienden los ecosistemas y la vida en el planeta va más allá del asesinato: actos de violencia, intimidación, campañas de desprestigio y criminalización organizados por gobiernos, empresas y otros agentes no estatales son algunas de las estrategias que se suelen emplear, según Global Witness.
De las personas asesinadas en 2023, el 43% eran indígenas y el 12% mujeres. La región con más personas asesinadas, una vez más, es América Latina. El año pasado, el 85% de los casos tuvieron lugar allí, y de ese total, un 70% de las muertes se produjeron solo en cuatro países: Colombia, Brasil, Honduras y México.
Colombia, con 79, fue el país con más activistas ambientales asesinados (40% del total), una cifra récord desde que la organización informa sobre este asunto. Global Witness apunta a grupos delictivos organizados como responsables de la mitad de los asesinatos. Aun así, solo ha habido unos pocos casos donde se han podido establecer vínculos entre los ataques a personas defensoras colombianas y las industrias que han suscitado el activismo comunitario: cinco relacionados con la minería, tres con la pesca, uno con la explotación forestal y uno con la energía hidroeléctrica. Desde 2012, 461 personas han sido asesinadas allí, más que en ningún otro país.
Estos datos tienen especial relevancia porque dentro de un mes se celebrará en Cali (Colombia) la COP16 de la biodiversidad, una cumbre que reunirá a cientos de países y miles de activistas.
En México y Honduras fueron asesinadas el año pasado un número idéntico de activistas: 18. En el caso de México supone un descenso respecto a 2022, cuando se contabilizaron 31 muertes. Del total, más del 70% eran indígenas, siendo el estado de Michoacán el más peligroso de todos, con ocho asesinatos documentados en 2023. En cuanto al sector, más del 40% de los asesinatos han sido relacionados con operaciones mineras a las que se oponían los defensores medioambientales.
En Honduras, los datos de 2023 suponen un incremento de cuatro personas respecto al año anterior y hacen que sea el país con más asesinatos per cápita.
Respecto a Brasil, ha pasado 34 en 2022 a 25 el año pasado. Más de la mitad de las personas asesinadas eran indígenas; también mataron a cuatro afrodescendientes. Desde Global Witness consideran que la llegada de Lula da Silva al poder ha supuesto algunos avances en la materia, si bien señalan que los cambios políticos siguen siendo difíciles debido a la mayoría en el Congreso del partido derechista Unión Democrática Ruralista. En 2023, al menos 10 asesinatos estaban relacionados con 'agricultores sin tierra', una parte del movimiento de campesinos que exigen una distribución de la tierra más equitativa.
Otra de las regiones donde defender la vida puede suponer la muerte es Asia. El año pasado le quitaron la vida a 17 personas en Filipinas, 5 en India y 3 en Indonesia. Entre 2012 y 2023 han sido asesinadas 468 activistas en el continente asiático: el 64 % en Filipinas, con 298 casos. En India se han documentado al menos 86; en Indonesia, 20; y en Tailandia, 13. Además, cada vez son más habituales las desapariciones forzadas.
En África, la ONG tiene constancia del asesinato de dos personas en la República Democrática del Congo, una en Ruanda y otra en Ghana. Entre 2012 y 2023, el total en el continente asciende a 116; la mayoría de ellos son guardaparques congoleños (74). Aun así, desde Global Witness consideran que estas cifras "tan escalofriantes" no son "más que una burda subestimación, ya que el acceso a la información sigue siendo realmente problemático en todo el continente".
En Europa y Norteamérica, las personas defensoras también se enfrentan a situaciones cada vez más difíciles cuando ejercen su derecho a protestar, aunque no se contabilizan tantos asesinatos. En Estados Unidos, un agente de policía mató a tiros a un defensor ambiental que se manifestaba contra la destrucción de un bosque local para construir un centro de formación policial.
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MásPúblico sociedad cooperativa. Licencia CC BY-SA 3.0.
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Las fuerzas de derecha y ultraderecha de Colombia vienen dedicando valiosos esfuerzos a aplicar una estrategia de “pánico moral” conduciendo a la sociedad a una crisis moral sin precedentes.
El pánico moral es un fenómeno social, que ha resultado efectivo para extender la idea de que un poderoso enemigo amenaza acabar con los valores, instituciones y normas de la sociedad.
Con pánico moral la ultraderecha combate con todos los medios de lucha el asentamiento del poder popular, promueve la polarización, empuja la guerra y etiqueta de enemigos internos al gobierno, su presidente, vicepresidenta atacada con racismo, ministros y por fuera del gobierno a los sectores democráticos, defensores de derechos, líderes sociales, firmantes de paz, sindicalistas, jóvenes y grupos vulnerables, presentados todos como una peligrosa amenaza para los valores que sostienen la sociedad y que, por tanto, se requiere de medidas urgentes para restaurar el orden….
-Manuel Restrepo Dominguez, Rebelion.org-
Exigimos la protección y el fin del hostigamiento y la violencia contra las personas defensoras de la tierra en Guatemala.
11 de septiembre de 2024
Via International Land Coalition en América Latina y el Caribe
La International Land Coalition en América Latina y el Caribe (ILC-LAC), la Plataforma por la Defensa de la Tierra y el Territorio – Coalición Nacional por la Tierra de Guatemala (CNT Guatemala) y la Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y del Territorio de América Latina condenan enérgicamente los ataques y el acoso cibernético contra Neydi Juracán, integrante del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) en Guatemala y miembro del Comité Regional de la ILC-LAC.
En las últimas semanas, he tenido conocimiento de una serie de agresiones y asesinatos contra lideresas y líderes campesinos e indígenas en Guatemala..Esta situación forma parte de un preocupante patrón de persecución y violencia contra personas defensoras de la tierra y el territorio y sus comunidades, que incluye amenazas, asesinatos, criminalización y desalojos.
Las comunidades y organizaciones de la sociedad civil exigen el cese inmediato del hostigamiento y acoso contra Neydi Juracán, y el pleno respeto a su integridad física, emocional y digital.
En Solidaried con Neydi Jucarán y todos los defensores y defensoras de la tierra de Guatemala.
En las últimas semanas, hemos tenido conocimiento de una serie de agresiones y asesinatos contra lideresas y líderes campesinos e indígenas en Guatemala. Estos casos afectan a varias organizaciones de este país, incluidas cuatro que son miembros de la ILC-LAC y forman parte de la CNT Guatemala y de la Plataforma de Defensores y Defensoras de la Tierra y el Territorio: el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), la Central Campesina Ch’orti Nuevo Día, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA).
Los actos recientes incluyen:
El asesinato de Santos López Hernández, dirigente del CODECA en Jalapa, el 19 de agosto de 2024.
El asesinato de Valeriano López Méndez, autoridad indígena Ch’orti’, y miembro de Nuevo Día, el 31 de agosto de 2024.
La detención ilegal de 9 integrantes de la comunidad Nueva Esperanza, Barberena, Santa Rosa, dirigentes del CCDA, el 28 de agosto de 2024.
El asesinato de 6 líderes campesinos del puerto de San José, del departamento de Escuintla y 3 personas heridas gravemente al ser víctimas de impactos de bala, miembros del CCDA.
Agresiones físicas a Andrés Maquin y Gilberto Caal, dirigentes integrantes del CCDA en Alta Verapaz.
Intento de desalojo extrajudicial de la comunidad Chinamoch en Cahabón, Alta Verapaz, el 17 de agosto.
Intento de desalojo extrajudicial a 36 familias q’eqchi’ de la comunidad de Río Tebernal en Livingston, Izabal, el 4 de septiembre
https://lac.landcoalition.org/es/noticias/comunicado-guatemala-exigimos-la-proteccion-y-el-fin-del-hostigamiento-y-la-violencia/?utm_source=2019+Spanish+List&utm_campaign=06ffae3699-EMAIL_CAMPAIGN_20
Los defensores del pueblo y de nuestra casa común la tierra estorban al capital por eso los gobiernos que sirven al capital los acusan de terroristas, los acosan, persiguen y reprimen, infiltran agentes en sus movimientos, los detienen en sus domicilios.
Es lo que les está sucediendo ahora mismo a FUTURO VEGETAL:
Futuro Vegetal es un movimiento climático de desobediencia civil no violenta. Como resultado de nuestras protestas, con las que tratamos de poner el foco en la mitigación de las peores consecuencias de crisis climática, estamos recibiendo una represión institucional sin precedentes en el Estado español. Además de las continuas vulneraciones de derechos, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa, así como la represión económica en forma de multas y la criminalización por parte de la Fiscalía General del Estado, que nos incluyó en el apartado de Terrorismo Nacional de su informe de 2022, la Brigada de Información de la Policía Nacional está liderando una campaña de persecución contra estas activistas climáticas, infiltrando agentes en nuestro movimiento (), deteniéndonos en nuestros domicilios y denunciándonos por pertenencia a «organización criminal».
Esta criminalización de la protesta no violenta en defensa de un planeta habitable no solo afecta a nuestro movimiento social, sino que supone una vulneración de derechos para toda la población, como remarcan varias expertas en derecho penal que nos ayudaron a redactar el manifiesto, o el actual Relator Especial de las Naciones Unidas para las Defensoras del Medio Ambiente en este reciente informe.
Necesitamos visibilizar esta injusticia y parar los pies a la sistemática vulneración de derechos humanos y criminalización de la protesta, antes de que protestar se convierta en delito.
Por ello, nos gustaría contar con tu apoyo para visibilizar esta injusticia. Así es como te proponemos colaborar con la campaña antirrepresiva que hemos diseñado:
Tomar una foto de ti sosteniendo un cartel con el escrito: Yo también soy Futuro Vegetal.
Haremos un vídeo para redes sociales recopilando fotografías de personas solidarias. El texto completo del vídeo será:
“Las activistas de Futuro Vegetal enfrentan penas de hasta 8 años de cárcel por sus protestas contra la Crisis Climática. Mientras que cada día es más urgente pasar a la acción para mitigar los efectos sociales y ambientales de la crisis que estamos viviendo, la policía les acusa de componer una organización criminal. Defender un planeta habitable frente al interés de las grandes corporaciones no es delito. Protestar no es delito. Yo también soy Futuro Vegetal.”
https://futurovegetal.org/firma-contra-la-represion/