92 personas fueron detenidas o investigadas por el robo de agua en 2023

La Guardia Civil ha investigado 106 delitos relacionados con la extracción ilegal de agua durante el año pasado en España. En total, se han realizado 1.724 inspecciones en diversas explotaciones y 326 controles, en los que se ha detenido o investigado a 92 personas por la presunta comisión de posibles infracciones penales.

En el marco de la operación Mizu III, han sido detectadas 1.342 infraestructuras, principalmente pozos ilegales, y denunciadas 2.341 infracciones administrativas. También se han interpuesto 347 denuncias a la normativa sobre urbanismo y ordenación del territorio, y 312 a la normativa sobre minas.

«La Guardia Civil, en general, y el Seprona, en particular, desarrolla una constante actividad en la lucha contra la desertificación, en la protección de un bien escaso como es el agua y en minimizar riesgos ante el potencial peligro que representan los sondeos abandonados y pozos en explotación carentes de las preceptivas medidas preventivas de seguridad», explican en un comunicado. El servicio de protección de la naturaleza ha empleado para ello el uso de imágenes de satélite, aviones o drones.

Agua para cultivos intensivos ilegales

Entre las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil destaca la Operación Chaak, en la comarca de la Axarquía (Málaga), donde se han podido comprobar extracciones continuadas de aguas subterráneas públicas.

Se estima que el total de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad ascendería a más de 25 millones de metros cúbicos, pudiendo causar todo ello unos daños al dominio público hidráulico de alrededor de unos 10 millones de euros.

El agua robada se destinaba al cultivo ilegal de frutos tropicales, como el mango y el aguacate. El operativo culminó con la detención de 26 personas y la investigación de otras 44 por supuestos delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente y usurpación de aguas públicas, tras detectarse más de 250 aprovechamientos ilegales entre pozos, balsas y sondeos.

Otra de las investigaciones más relevantes es la Operación Underwater, en la que el Seprona, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura, realizó 53 inspecciones agrícolas en la zona de influencia de la rambla Ramonete (Mazarrón-Murcia). Como resultado se identificaron un total de 51 pozos ilegales, la mayoría en uso o disposición de ser usados para agricultura intensiva. Esta operación se saldó con la investigación de 18 personas por la supuesta comisión de delitos contra los recursos naturales y medio ambiente y usurpación de agua.

En Cuenca, la Operación Mellín, supuso la detención de tres personas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, delito de defraudación de fluido eléctrico y delito de usurpación. Las investigaciones comenzaron a raíz de tener conocimiento de que una empresa estaría realizando aprovechamientos masivos de agua en cantidades muy superiores a las comunicadas. Para camuflar dichas captaciones ilegales manipulaban con imanes la lectura de los contadores instalados en los pozos.

En el marco de investigaciones sobre las afecciones al medio natural del Mar Menor que producen determinadas explotaciones ganaderas irregulares, la Operación EEMAME, de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), descubrió un total de 15 captaciones irregulares de agua, supuestamente destinadas al abastecimiento de estas explotaciones ganaderas y al consumo animal.

«La ubicación de los sondeos se ubicaba sobre un acuífero declarado en riesgo cuantitativo y cualitativo y espacio protegido incluido en la Red Natura 2000 denominado Saladares de Guadalentín, lo que agrava el hecho de efectuar los sondeos ilegales sobre estas zonas protegidas», indican desde la Guardia Civil.

El 80% de las 1.342 infraestructuras ilegales asociadas a la captación ilegal de aguas encontradas se corresponden con pozos y sondeos. El resto de infraestructuras ilegales detectadas son balsas, canalizaciones de riego y cauces de ríos o arroyos. Además de detectar extracciones sin autorización y el desvío del curso del agua, señalan el mal funcionamiento o carencia de contadores volumétricos como una de las principales conductas irregulares.