El reloj corre en contra de nuestros mares. En menos de cinco años, cerca de un tercio del océano debe estar blindado legalmente frente a la explotación y un 10% tiene que estarlo de forma estricta. Actualmente, en España el primer objetivo no está lejos y todo apunta a que para 2030 se habrá alcanzado, mientras que el segundo no parece que vaya a materializarse, tampoco a nivel mundial. No obstante, más allá de las cifras, son muchas las voces críticas que piden no centrar todo en la cantidad, sino también en la calidad de las áreas marinas protegidas.

De dónde venimos y hacia dónde vamos

El «Objetivo 30×30», que se sustenta en la evidencia científica, fue impulsado en el Marco Global para la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal, el histórico acuerdo adoptado durante la COP15 de Biodiversidad en diciembre de 2022. Este tratado internacional establece como meta que, para el año 2030, al menos el 30% de las zonas terrestres, continentales y marinas del planeta deben conservarse y gestionarse eficazmente. Se considera que ese porcentaje es el mínimo imprescindible para restaurar la vida marina y todos los beneficios que proporciona a la humanidad.

La Unión Europea asumió este compromiso a través de la Estrategia de Biodiversidad para 2030. Además, se impuso otro objetivo extra: el 10×30. Este mandato exige que dentro de ese 30% general, al menos un 10% de la superficie marina cuente con una «protección estricta». En estas áreas de máximo nivel de conservación no se permite ninguna actividad extractiva —como la pesca comercial o la futura minería submarina— ni cualquier otra que suponga un impacto negativo sobre la biodiversidad, dejando que el mar se regenere por sí solo.

«Las zonas de protección estricta permiten mantener los hábitats en un mejor estado de conservación y, por tanto, actúan como verdaderas zonas de cría y refugio para numerosas especies de elevado interés ecológico y también económico. Asimismo, favorecen el desarrollo de una pesca más sostenible a largo plazo en las áreas circundantes, además de contribuir a aumentar la resiliencia del océano frente a los efectos del cambio climático», explica Cristina Linares, catedrática de Ecología de la Universidad de Barcelona.

Para reforzar la consecución 30×30 a nivel mundial es clave el Tratado Global de los Océanos (o Tratado de Alta Mar), adoptado en 2022 en el seno de la ONU tras décadas de negociaciones. Dado que las aguas jurisdiccionales de los países terminan a 200 millas náuticas de distancia de sus costas, el 64% de la superficie oceánica del planeta es alta mar, un inmenso territorio que durante décadas ha carecido de mecanismos legales internacionales para crear santuarios marinos. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país de Europa en ratificar oficialmente el tratado, que entró en vigor a principios de este año.

Según la última actualización de Protected Planet —la base de datos oficial de Naciones Unidas y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)—, apenas un 9,79% de la superficie marina mundial cuenta con algún tipo de figura legal de conservación, contrastando con el medio terrestre, que ya supera el 17,33%. Esto significa que más del 90% del inmenso océano global sigue huérfano de protección.

España incumple su objetivo del 25% y tiene menos del 1% estricto

España, poseedora de una de las mayores riquezas en biodiversidad marina de toda Europa —con más de 11.000 especies registradas y una superficie marítima jurisdiccional que duplica a su territorio terrestre—, ha incrementado en los últimos años sus áreas marinas protegidas. En la última década, ha pasado de contar con un 1% de su superficie marina protegida al 22,45% que ostenta en la actualidad, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). No obstante, las estadísticas fluctúan dependiendo de la fuente y la metodología cartográfica utilizada: los registros internacionales de Protected Planet rebajan la cobertura marina de España al 19,02%.

En 2022, coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, el Gobierno se comprometió a alcanzar un 25% de superficie marina protegida para el año 2025 (25×25). Hace un año, durante la cumbre de los océanos celebrada en Niza (Francia), Pedro Sánchez anunció que se llegaría al 25,7%. Hoy, con ese límite temporal ya vencido, las cifras demuestran que el hito intermedio que se autoimpuso el Ejecutivo español no se ha cumplido y que el crecimiento en la declaración de nuevas zonas se ha ralentizado de forma evidente.

Ante este incumplimiento tácito, el MITECO ha modulado su discurso oficial. Consultados sobre el estado de la cuestión, desde la cartera que lidera la vicepresidenta Sara Aagesen ya no se habla del 25%. Para este año, el propósito es «avanzar notablemente hacia el objetivo del 30%». Este salto dialéctico hacia la meta final evidencia la urgencia por pisar el acelerador de cara a Bruselas, pero también plantea dudas razonables sobre la capacidad real de la Administración para ejecutar en menos de cinco años lo que se ha atascado recientemente.

Aún más dramática es la cifra de la superficie marina española que está protegida de forma estricta. El ministerio explica a Climática que a día de hoy solo el 0,18% de las aguas bajo soberanía o jurisdicción española se pueden considerar estrictamente protegidas. Un porcentaje que la ONG Oceana redujo al 0,014% en un informe con datos de 2024. Desde el MITECO esperan actualizar en breve las cifras tras un proceso de mejora en la información a nivel comunitario. Esta opacidad también queda reflejada en los informes de la ONU, donde más de la mitad de las áreas designadas por España (el 54,26%) ni siquiera reportan oficialmente a qué categoría de gestión pertenecen dentro de la UICN.

«Este desfase resulta especialmente preocupante en un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas marinos. La crisis climática, sumada a otros impactos de origen antrópico —como la pesca industrial, la contaminación química, el desarrollo de infraestructuras costeras o el turismo masivo—, continúa degradando hábitats, erosionando la resiliencia de los ecosistemas marinos y comprometiendo los medios de vida de las comunidades costeras», señalan desde el área de medio marino de Ecologistas en Acción. «A pesar de ello, a día de hoy no existe una propuesta clara por parte del Gobierno que establezca una hoja de ruta concreta, con objetivos y plazos definidos, para avanzar hacia el cumplimiento de este objetivo», lamentan.

Para avanzar hacia esas metas y equilibrar la balanza territorial, el Gobierno tramita actualmente sus dos proyectos más ambiciosos. Por un lado, un santuario al norte de Menorca para proteger a los cachalotes del denso tráfico marítimo balear. Por otro lado, la declaración del Mar de las Calmas (El Hierro) como el primer parque nacional 100% marino de España.

Más allá de las cifras

En España, los objetivos del 30×30 y 10×30 también están recogidos tanto en el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030 como en la Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental. 

Si hacemos una radiografía de la conservación marina en España, se observa una profunda desigualdad territorial. La región mediterránea lidera cómodamente las estadísticas con cerca de la mitad de su superficie bajo alguna figura de protección, conforme a un informe de 2021 del proyecto LIFE INTEMARES. Sin embargo, este abultado porcentaje se sostiene, casi en exclusiva, gracias al inmenso Corredor Migratorio de Cetáceos, una gigantesca área de agua protegida entre Baleares y el litoral levantino que infla la media nacional y enmascara las deficiencias del resto del país. En el extremo opuesto se sitúan la demarcación atlántica peninsular —que abarca el mar Cantábrico, las costas gallegas y el golfo de Cádiz— y la región macaronésica en las islas Canarias, ambas estancadas por debajo del 15%.

Pero más allá de los porcentajes, hay un elefante en la habitación: declarar un espacio protegido en el mar no frena mágicamente su degradación. El simple acto de delimitar una zona no cambia nada a menos que vaya acompañado de presupuestos, normativas vinculantes y vigilancia en alta mar. Los propios datos respaldan esta deficiencia de control: según Protected Planet, apenas un 0,06% de la superficie marina protegida en España (unos 648 kilómetros cuadrados) ha sido sometida a evaluaciones de efectividad de gestión. Es decir, casi nadie comprueba si esas zonas funcionan o si son meros «parques de papel» (áreas que existen legalmente en los mapas oficiales, pero que carecen de regulación y vigilancia real en el agua).

Para dotar de protección a una zona del mar, España cuenta con distintas figuras legales. Por ejemplo, los Espacios Naturales Protegidos (parques naturales, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales, paisajes protegidos…). Luego está la más conocida, la Red Natura 2000, el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. También es posible recurrir a áreas protegidas por instrumentos internacionales o a reservas marinas de interés pesquero.

Sobre estas últimas inciden tanto la organización ecologista como José Antonio García Charton, profesor titular de Ecología de la Universidad de Murcia. Aunque el experto subraya que estas reservas «están demostrando ser muy eficaces por su gran intensidad de vigilancia», alerta del riesgo al que se enfrentan. «Actualmente están afectadas por un drástico recorte de financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación», apunta el profesor. «Esta situación podría provocar una abrupta pérdida de los beneficios conseguidos en los últimos 30 años, porque sin vigilancia presencial toda medida de gestión es inútil frente al furtivismo». Además, descarta que las cámaras o los sensores sean la panacea: «Usan la excusa de que las medidas tecnológicas pueden suplir al personal in situ, pero ni se están implementando hoy por hoy, ni está probado que sean igual de efectivas».

Las líneas azul claro corresponden a las AMP (Área Marina Protegida). Las de color azul oscuro pertenecen a la Reserva Marina. Las marrones, a las ZEC (Zonas de Especial Conservación. Las rojas, a las ZEC/AMP (Mixta). Las verdes, a las ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves). Fuente: Mapa de la Red de Áreas Marinas Protegidas (RAMPE) del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Un mal global

Un estudio publicado en octubre de 2025 en la revista científica Marine Policy evaluó las vías para alcanzar el objetivo de protección en las aguas costeras y señaló directamente el caso de España. Los investigadores advierten de que cerca del 45% del área marina protegida española es, en realidad, «incompatible con los objetivos de conservación». Además, el documento subraya que menos del 1% de la superficie marina bajo el paraguas de nuestro país cuenta con una protección alta o total. 

Este espejismo se debe a que gran parte de estas zonas, enmarcadas dentro de la Red Natura 2000, carecen de los planes de gestión necesarios, lo que las convierte en áreas de facto desprotegidas. «La Red Natura ocupa grandes áreas marinas, pero realmente no hay medidas coercitivas, personal in situ ni vigilancia. Sí impide, a lo mejor, acometer grandes proyectos como un puerto, pero luego el día a día —la pesca recreativa, la artesanal, el arrastre o la acuicultura— está sin controlar», lamenta el profesor García Charton.

Este problema estructural trasciende nuestras fronteras. El mismo estudio alerta de que la ineficacia es generalizada en toda la Unión Europea, donde más del 80% de las áreas marinas protegidas apenas regulan las actividades humanas, haciéndolas ecológicamente «indistinguibles» de las zonas que no cuentan con ninguna protección. A nivel administrativo, los autores identifican otro gran obstáculo para lograr la meta de 2030 en España: un modelo de gobernanza excesivamente centralizado. 

Para llegar al 30% en 2030, el estudio calcula que el mundo necesita crear unas 188.000 áreas marinas protegidas pequeñas (en las costas) y 300 gigantescas (en alta mar). Esto supone proteger más de 18 millones de kilómetros cuadrados nuevos, concentrando el mayor esfuerzo en Asia, el Pacífico y Europa.

El camino hacia la eficacia: cómo lograr más y mejores áreas protegidas

Para que el compromiso global no se quede en una victoria vacía, el consenso científico y ecologista es rotundo: no basta con trazar áreas sobre el papel. Iniciativas como el proyecto MED30 —impulsado por organizaciones como Ecologistas en Acción, Fundación Marilles y Oceana— han marcado el rumbo en el litoral español, demostrando que alcanzar ese 30% de protección y asegurar un 10% de forma estricta es tan urgente como viable si se aplican los criterios adecuados. El gran reto ahora es distinguir los ineficaces «parques de papel» de las verdaderas Áreas Marinas Protegidas (AMP) capaces de regenerar los ecosistemas.

El éxito de la conservación radica, en primer lugar, en el rigor de las medidas. José Antonio García Charton reconoce que en contextos como el Mediterráneo, donde existe una inmensa profusión de usos, «hacer grandes áreas de protección estricta es muy complicado». Por ello, el ecólogo propone un modelo basado en tres pilares irrenunciables: que las áreas de múltiples usos alberguen zonas de alta protección estricta en su interior; que el resto del espacio tenga un impacto verdaderamente moderado; y, por encima de todo, que exista una alta vigilancia.

Lo explica también la ecóloga Cristina Linares: «Los estudios científicos han demostrado desde hace tiempo que las áreas marinas protegidas son realmente efectivas cuando cuentan con una protección estricta y, por tanto, no se permite la pesca en su interior». Asimismo, reconoce que es importante regular adecuadamente las actividades recreativas, «ya que existen numerosas evidencias de que la sobrefrecuentación puede tener un impacto negativo en sus ecosistemas». Por ello, «aunque a priori estas actividades se consideran sostenibles, deben estar bien reguladas con base en criterios científicos».

«La protección estricta es una herramienta que ofrece una gran oportunidad para proteger y restaurar nuestros mares», señalan desde Ecologistas en Acción. En este sentido, piden al Gobierno de España que tome como referencia «proyectos de éxito, como LIFE Ecorest en Catalunya, y escalar este modelo en todas las demarcaciones marinas españolas».

En estos refugios de «no uso», las especies pueden alcanzar la madurez, reproducirse y generar un «efecto desbordamiento» que termina enriqueciendo de rebote las zonas pesqueras adyacentes. Además, la ciencia advierte que estos santuarios no pueden diseñarse como parcelas aisladas en medio del océano. Por el contrario, deben tejer verdaderas redes ecológicas conectadas para garantizar el flujo de las especies, facilitando sus migraciones y aumentando drásticamente la resiliencia del mar frente a los embates del cambio climático.

Sin embargo, todo este armazón biológico y legal se desmorona si carece de respaldo material. Una AMP sin presupuesto es, en la práctica, una frontera invisible. Su efectividad está ligada de forma directa a la capacidad de las Administraciones públicas para garantizar recursos humanos y económicos sostenidos en el tiempo. Las normativas necesitan hacerse valer mediante patrulleras en el mar, personal técnico sobre el terreno, planes de gestión actualizados y un régimen sancionador eficaz que disuada el furtivismo y controle las presiones industriales cotidianas.

A este despliegue logístico hay que sumarle otra pieza fundamental que a menudo se subestima: el consenso social. Imponer una reserva marina de forma unilateral desde un despacho suele ser la receta perfecta para el fracaso y el conflicto territorial. «Se habla mucho de gobernanza participativa, pero en la práctica las Administraciones le tienen mucho miedo porque les hace perder cuota de poder o de decisión», señala el profesor de la Universidad de Murcia.

La experiencia demuestra que la cogestión es la clave para la supervivencia a largo plazo de estas figuras de protección. «A veces, los sectores no son proclives a participar y buscan más la polémica que la colaboración, por eso hay todo un campo de empleo para técnicos que sepan cómo recoger el sentir de todo el colectivo (pescadores, buceadores, turismo…)», explica García Charton. Desde Ecologistas refrendan esta idea: «Es fundamental que sectores clave, como el pesquero, participen de manera activa y real en todas las fases de diseño, planificación y toma de decisiones, incorporando su conocimiento y experiencia en los procesos de gobernanza».

Por último, a todo este panorama se suma el reto de la transición energética y los molinos eólicos que se colocan en el mar. Respecto a esto, Ecologistas en Acción mantiene una postura de apoyo frente a los combustibles fósiles, pero recalca que «no puede ser a cualquier precio». Para que sea compatible con la protección del océano, la organización exige que los proyectos no se instalen en zonas protegidas ni áreas de importancia pesquera, que se alejen de la costa para no dañar el ecosistema ni el paisaje, y que el tamaño de los proyectos se adecue al consumo local, evitando macroproyectos especulativos y vigilando de cerca el impacto de la tecnología flotante.

Este reportaje forma parte del proyecto ‘Especial Océanos‘, coproducido por Climática junto a Ecologistas en Acción como parte del proyecto MED30.