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La Amazonia se acerca a un punto de no retorno. Pero el dinero de bancos para proyectos de petróleo y gas en la selva sigue llegando mientras hacen la vista gorda o se escudan en tecnicismos. Stand.earth y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) señalan en un nuevo informe que los financiadores analizados desconocen en la mayoría de los casos (72%) qué impactos tienen las acciones de sus clientes ni pueden mitigarlos adecuadamente si se producen.
«El blanqueo ecológico en la Amazonía revela que un promedio del 71% de la Amazonía no está protegido eficazmente por los marcos de gestión de riesgos ambientales y sociales de los cinco principales financistas de petróleo y gas amazónicos: Citibank, JPMorgan Chase, Itaú Unibanco, Santander y Bank of America. Esto significa que estos bancos dejan vulnerable la mayor parte del territorio amazónico, sin gestión de riesgos para el cambio climático, la biodiversidad, la cubierta forestal y los derechos de los Pueblos Indígenas».
El análisis muestra que, en Ecuador, los bloques de petróleo y gas se superponen al 65% (4,5 millones de hectáreas) de los territorios indígenas, mientras que en Perú, estas concesiones se solapan con el 33% (15,4 millones de hectáreas) de estas tierras.
«Desde que la explotación petrolera comenzó hace 60 años en la Amazonía ecuatoriana, se nos prometió progreso, salud, bienestar y educación, pero sobre todo, una vida digna. Sin embargo, desde entonces hasta el día de hoy, los pueblos indígenas hemos sido víctimas de un sistema corrupto que perpetúa la violencia contra nosotros, nos arrebata territorio, recursos naturales, hermanos y hermanas, y deteriora nuestra calidad de vida», afirma José Esach, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). «Si los bancos realmente se preocupan por los derechos indígenas, deberían dejar de financiar actividades que nos están causando daño».
Los principales financiadores, entre ellos Banco Santander
Banco Santander sigue en la primera posición como el mayor financiador europeo del petróleo y gas amazónicos y el cuarto a escala mundial: aportó casi 1.400 millones de dólares en financiamiento directo al sector entre 2009 y 2023, como también han demostrado otros análisis.
Sí es cierto que el banco de Ana Botín tiene una de las políticas de exclusión más amplias, que cubre el 16% de la Amazonía con prohibiciones de financiamiento de petróleo y gas en sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sitios Ramsar y algunas áreas protegidas por la UICN. Sin embargo, «el 85% de sus transacciones rastreadas directamente a la Amazonía son para bonos sindicados, que carecen de transparencia y reducen la responsabilidad del banco como contribuyente a los impactos adversos».
A Santander le superan los bancos norteamericanos Citibank y JPMorgan Chase, que han destinado 2.320 millones y 2.250 millones de dólares, respectivamente, al financiamiento directo del sector de petróleo y gas en la región en los últimos 20 años.
Citibank tiene una cláusula de exclusión geográfica de solo el 2% de la Amazonia. «El informe muestra cómo las lagunas en las políticas y las estructuras de los acuerdos pueden debilitar la diligencia debida. Por ejemplo, a pesar de tener una política sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Citibank proporcionó un financiamiento estimado en 125 millones de dólares a Hunt Oil Perú, una empresa creada para el proyecto de gas de Camisea, que ha violado los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonia peruana», denuncian Stand.earth y COICA.
JPMorgan Chase, por su parte, se retiró en marzo de 2024 de los Principios de Ecuador, que sirven de referencia y marco común para que las instituciones financieras identifiquen, evalúen y gestionen los riesgos ambientales y sociales al financiar proyectos. Antes de eso, en 2023, la entidad financiera fue una de las principales financiadoras de Hunt Oil en Perú.
El siguiente mayor financiador de proyectos de petróleo y gas en la selva amazónica es Itaú Unibanco. La política de gestión de riesgo ambiental y social del banco brasileño no tiene exclusiones ni filtros ―mecanismos diseñados para ayudar a los bancos a tomar decisiones de financiamiento sobre transacciones y clientes, basadas en la posibilidad de impactos adversos― que se apliquen a las operaciones de petróleo y gas en la región.
Así, el 99% de las operaciones de Itaú relacionadas con la Amazonía en los últimos 20 años incumple los requisitos para que se apliquen los Principios de Ecuador, aunque estaban relacionadas con grandes productores de petróleo y gas como Petrobras o Eneva.
En el caso más positivo, el informe destaca que el banco HSBC es el único de su análisis que se comprometió (en diciembre de 2022) a excluir el financiamiento de petróleo y gas en la Amazonía. «Esta política ha dado buenos resultados hasta ahora: no se registran nuevas transacciones de HSBC en 2023 en la Base de Datos de los Bancos Operando en la Amazonía de Stand», celebra, a pesar de todo, el estudio.