El Tajo en la encrucijada: entre la protección del Supremo y el trasvase al Segura

El Tajo debe tener caudales ecológicos –los que precisamente hacen que el río sea río– de forma inmediata. Así lo recoge la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que considera que el actual plan hidrológico del Tajo vulnera la normativa europea de aguas. Y urge al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a aplicar los caudales ecológicos de forma inmediata y no escalonada. No sirven las prórrogas para las zonas protegidas, por mucho que el actual plan del Tajo tenga previsto alcanzar esos caudales en 2027. 

La sentencia, calificada como “clave” por varias fuentes consultadas, se refiere a los tramos del río vinculados a las áreas Red Natura 2000, lo que abarca su curso desde el embalse de Bolarque, en Guadalajara, hasta el de Valdecañas, entre las provincias de Toledo y Cáceres. “En zonas protegidas tienen que aplicarse todas las medidas necesarias para recuperar hábitats y especies, y conservarlas desde el momento uno”, explica por teléfono María Soledad Gallego, abogada ambientalista experta en agua y vinculada a este proceso impulsado por la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos.

“Es la segunda vez que el Tribunal Supremo da la razón a los colectivos sociales unidos para conseguir lo que los respectivos ministerios de Transición Ecológica o Medio Ambiente no le quieren dar al Tajo: vida y caudal”, afirma la plataforma en una nota. Ya en 2019, el Alto Tribunal anuló parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo tras los recursos presentados por colectivos ciudadanos, medioambientales y algunos ayuntamientos.

“Era una indiscriminación injustificada, un incumplimiento de la ley clarísimo y eso es lo que ha dicho el Tribunal Supremo: que los caudales ecológicos son una medida fundamental para cumplir los objetivos medioambientales”, explicó hace cinco años la letrada a La Marea. “Ahora el Tribunal Supremo entra al detalle y crea doctrina”, actualiza Gallego, quien subraya que la pelota está en el tejado del Gobierno y de las comunidades autónomas.

La historia es larga. La Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea del año 2000 recoge que todas estas medidas de caudales ambientales deberían haber empezado a aplicarse en 2009. El primer plan del Tajo llegó con retraso y sin caudales. El segundo también los obvió, relata la abogada. “Pasan otros seis años de planificación sin caudales. Conseguimos la sentencia [de 2019], tampoco se aprueban los caudales, y cuando lo hacen es de forma escalonada”, explica.

Tres lustros de lucha

La estrategia de la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos comenzó hace 15 años. “La gente sabe que es un río al que se le ha dado la espalda y en el fondo queda ese resquemor por recuperarlo”, detalla Beatriz Larraz, directora de la Cátedra del Tajo creada por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Fundación Soliss, en reconocimiento al empuje social que ha hecho posible la sentencia, campañas de crowdfunding y movilizaciones mediante.

Precisamente, la Cátedra del Tajo ha dado el soporte técnico necesario para avanzar en el litigio jurídico y conseguir un fallo que afecta no solamente al Tajo, sino a todos los ríos del país bajo el paraguas protector de la Red Natura 2000. Como los fallos del Tribunal Supremo crean doctrina, a partir de ahora se establece un criterio interpretativo que será seguido por otros tribunales en casos similares. Tanto Gallego como Larraz coinciden en que a partir de ahora la coordinación entre el ministerio y las comunidades autónomas es básica.

“Pedimos que los caudales ecológicos entren ya, desde hoy, desde ayer”, solicita la directora de la Cátedra, quien también comparte una advertencia: “El otro día, en una participación pública de la Confederación del Tajo, el presidente, Antonio Yáñez, comentó que, debido a la complejidad que conlleva elaborar un plan hidrológico, prácticamente se hace imposible cambiarlo a mitad. O sea, estaba haciendo un aviso para navegantes: sean como sean las sentencias, habrá que ver la capacidad para cambiar el plan”.

Trasvase Tajo-Segura

El Trasvase Tajo-Segura es la principal razón por la que la Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del MITECO, optó por el escalonamiento de los caudales ambientales, “con el objetivo de que en el Levante pudieran aumentar sus aportes hídricos con otro tipo de fuentes, desalación, etcétera”, apunta Beatriz Larraz. Es decir, la agricultura del Levante español ha condicionado la salud del Tajo en el centro de la península. La sentencia del Supremo ha desatado un aluvión de comentarios en el Levante, críticas y el deseo de recurrir la sentencia que ha manifestado el presidente valenciano, Carlos Mazón (PP).

Desde 1981, el Tajo no desemboca solo en el Atlántico, sino que de alguna forma vierte sus aguas en el Mediterráneo, una vez riega los campos de Alicante, Murcia y Almería. La cuenca del río que une a dos capitales europeas, Madrid y Lisboa, no genera solo interés en las tierras que atraviesa.

Este mismo miércoles, el Congreso ha debatido una propuesta de la Región de Murcia que solicitaba que los cálculos del Trasvase Tajo-Segura retomaran las normas reguladoras que operaron desde 2014 y que no tenían en cuenta los caudales ecológicos. “Toda la riqueza y prosperidad que ha traído el trasvase a esta zona de España está en peligro tras la aprobación del nuevo Plan Hidrológico del Tajo. Un plan que supone el recorte de más de 100 hm³ de agua al año”, recoge la exposición de motivos de la proposición de ley defendida por el presidente regional Fernando López Miras. “Este tipo de propuestas pretenden blindar algo que es imposible, que exista agua en un lugar que no depende de ti y donde además eres el último uso en preferencia”, comenta Gallego. 

Cosas de los calendarios, un día el regidor de Murcia critica un plan hidrológico por unos caudales que dice restringen los intereses de su región y al día siguiente el Tribunal Supremo sentencia que esos caudales hay que aplicarlos ya. La iniciativa murciana fue rechazada por un voto. 

El trasvase ha generado más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos, según la proposición de ley murciana. También ha vaciado parte del interior de Castilla-La Mancha. Un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha confirma que, a partir de la entrada en vigor del trasvase, los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía han perdido, en términos relativos, más del doble de población que los de su entorno.