Enraizar la alimentación en tiempos de globalización 

Por GIASAT (Gestión Integral de Sistemas Alimentarios Territorializados) // Una parte importante de los alimentos que comemos echaron raíces muy lejos de nuestros territorios, un desarraigo que no sólo es geográfico. También se ha perdido el vínculo con los recursos locales que permiten su producción, ya sea por un uso insostenible del agua o la importación de fertilizantes y piensos. Tampoco quedan apenas restos de la conexión con sus ciclos y temporadas o de su historia, desplazando variedades tradicionales adaptadas a las condiciones de cada lugar y al  conocimiento situado sobre su cultivos, uso y consumo. Se acentúa y se expande una desagrarización cultural con visos de ser irreversible. 

Cuantificar el impacto de la falta de arraigo de nuestros sistemas alimentarios se traduce en una exacerbada huella ecológica. El informe El cambio climático y la tierra, realizado en 2020 por el Grupo Intergubernamental de Especialistas en Cambio Climático (IPCC), reflejó que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) vinculadas con el sistema alimentario global se situaban entre el 21 y el 37% del total de las emisiones antropogénicas netas de GEI. Según estos datos, solo el sistema alimentario representaría alrededor de un tercio de todas las emisiones. En consonancia, el año pasado, una investigación publicada en Nature Food apuntaba a la alimentación como la principal responsable de la elevada huella ecológica de Europa de los 27 analizando el periodo de 2004 a 2014, situando a España como uno de los 5 países que representaban el 70% de dicha huella. 

Una década después del periodo estudiado por el informe del IPCC, podemos afirmar que la huella del sistema alimentario del estado español se ha multiplicado debido al aumento del 88% de las importaciones (y del menos mencionado aumento del 81% de las exportaciones) entre 2013 y 2022, de acuerdo con el Informe anual de comercio exterior agroalimentario y pesquero 2022 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación . 

Así, el sector agrario y los sistemas alimentarios, en su conjunto, son uno de los principales contribuyentes al cambio climático, y también de los mayores afectados por sus efectos e impactos. Estos se traducen en la disminución de la disponibilidad de agua y de las zonas óptimas para el cultivo, el aumento del riesgo de sequía y erosión del suelo y las olas de calor o la reducción del periodo vegetativo y el rendimiento en los cultivos en regiones mediterráneas como la península ibérica. 

Ante esta encrucijada, desconcierta que una de las reclamaciones y resultados de las últimas movilizaciones agrarias haya sido la reducción de los tímidos avances de la Política Agraria Común (PAC) para apoyar la adaptación del sector agrario europeo al cambio climático. 

La evolución en el discurso de las protestas agrarias 

La crisis a la que se enfrenta el sector agrario ha cristalizado en los últimos años en dos oleadas de movilizaciones. En la primera, entre los meses de enero y marzo de 2020, se convocaron 54 manifestaciones, aunque siete de ellas no llegaron a celebrarse por las restricciones de la COVID-19.

El sector salió a la calle para reivindicar precios justos y medidas frente a la subida de los costes de producción y los recortes en las ayudas, el control de la fauna salvaje, una mayor cobertura de los seguros agrarios y la reivindicación de su papel como agentes contra el despoblamiento y vertebración territorial. Otros motivos, aunque con menos consenso entre las diferentes organizaciones, pusieron el foco en el freno a la especulación de los alimentos, el papel de la agricultura frente a los retos climáticos o leyes que favorezcan los canales cortos de comercialización y productos de proximidad. 

En una segunda oleada de protestas, mucho más reciente, desaparecieron las referencias al papel del sector agrario como agente clave en la conservación medioambiental o la reivindicación de avanzar hacia sistemas alimentarios no globalizados como los basados en canales cortos de comercialización. En su lugar, en 2024, a la demanda de ayudas y medidas proteccionistas para la mejora de la rentabilidad del sector, se sumaron otras centradas en la concesión de ayudas públicas dentro de la PAC, como la flexibilización de la burocracia o la reducción de la obligatoriedad en algunas prácticas, como las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM).

Resulta delirante la falta de compromiso gubernamental para dotar de ayudas y fondos públicos a un sector agroalimentario que genera bienes públicos y, en su lugar, se siga apoyando a la industria agroalimentaria con tanta implicación en el cambio climático. Así, mientras que, según los dos últimos censos agrarios –2009 y 2020–, las explotaciones agrarias de menor tamaño desaparecen por decenas de miles, las más grandes –las que mejor se articulan con la industria alimentaria– aumentan. Y no solo en número, sino también en rentabilidad: “Si en 2011 rondaba los 22.000 millones, en la actualidad suma ya 32.500 millones las ganancias del sector, que se concentran fundamentalmente en los grandes regadíos, los cultivos muy mecanizados y las nuevas propuestas de agricultura 4.0^”. 

Estos datos han sido recientemente corroborados por un informe de Greenpeace titulado Tractor grande se come al pequeño, tanto a nivel europeo como estatal: mientras de 2007 a 2021 las pequeñas explotaciones se han reducido en un 36%, las megaexplotaciones han aumentado su renta en un 82%. 

Esta polaridad es clave para comprender la heterogeneidad del sector agrario, que bien conocen en sus propias organizaciones. Mientras pequeñas y medianas productoras de alimentos tienen dificultades para cubrir sus costes o son sometidas a los precios impuestos por la gran distribución, que concentra un 60% o más del beneficio, las grandes empresas, fondos y terratenientes acaparan cada vez más tierras agrícolas con un aumento importante en sus cifras de negocio.  

Frente a esta situación vemos cómo desde el Ministerio de Agricultura se aprueban políticas que, si bien pueden amortiguar la situación actual, perpetúan el languidecimiento y abandono del campo, manteniendo un sistema económico y jurídico que favorece la concentración de poder a grandes empresas, quienes configuran los sistemas alimentarios a escala global. 

Centros Agroecológicos de Distribución, una propuesta para la volver a arraigar  los sistemas alimentarios 

La sostenibilidad de las pequeñas y medianas producciones precisará desarrollar unos sistemas alimentarios, desde la producción hasta el consumo, arraigados en el territorio y sus recursos, en alianza con la naturaleza y la conservación de la biodiversidad. Construir estos sistemas alimentarios alternativos es de suma importancia para que el sector pueda evitar el sometimiento a las imposiciones de grandes operadores y empresas, pero también para que las personas podamos contar con una alimentación saludable, de calidad y que no perjudique el medio ambiente. 

Con el foco en impulsar y acompañar el desarrollo de esos sistemas alimentarios territorializados, desde la logística y distribución, el consorcio GIASAT centra sus esfuerzos en fomentar la articulación e intercooperación de las personas productoras en torno a los Centros Agroecológicos de Distribución (CAD).  

Los CAD apuestan por la distribución y comercialización conjunta de los productores y productoras, favoreciendo la viabilidad de la pequeña y mediana producción. No sólo por mancomunar los trabajos y costes derivados de la logística y distribución; sino porque también facilitan el acceso de alimentos de proximidad y agroecológicos a la población en general y a nuevos tipos de clientes como la restauración colectiva.