La temperatura media de la superficie de los océanos ha alcanzado los 21,1 °C, la más alta en un mes de abril en los últimos 40 años. Además, las costas españolas tienen un ritmo de subida del nivel del mar de 2,8 milímetros anuales.
El Gobierno de España ha manifestado que considera «indecente» esta propuesta de Madrid y Catalunya para rebajar la norma europea contra la contaminación atmosférica.
Las restricciones hídricas afectan ya al 86% de los ciudadanos de Catalunya. Esto supone un recorte del 40% de las dotaciones para riego agrícola y un 15% para los usos industriales.
En Catalunya se está haciendo frente a la escasez con la reutilización y la desalación de agua, medidas que tienen un alto coste económico y ambiental. Desde el CREAF señalan la necesidad de modificar un modelo de consumo «insostenible».
La plataforma StopCreuers exige la prohibición de grandes embarcaciones en los puertos catalanes para 2025 y una mayor regulación ambiental en el sector naval.
Las diferencias entre los grupos políticos han rebajado el decreto a proyecto de ley por su carácter sancionador. Sin embargo, Teresa Jordà, consellera de Acción Climática, defiende que la mayoría de municipios catalanes no han presentado planes para afrontar la sequía desde que se les fue exigido en 2020.
Varios estudios de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa analizan las posibilidades de instalación de placas fotovoltaicas en zonas antropizadas. En especial, la AP-7 y la demarcación de Tarragona pueden cubrir gran parte de la demanda eléctrica del territorio.
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