Los procesos de gestión colaborativa en la pesca de nuestro litoral están liderando avances en la recuperación y la protección de los recursos de los que dependen las economías locales y los ecosistemas marinos a los que pertenecen. Concretamente, la cogestión está demostrando que un sector pesquero implicado activamente en la regulación de su actividad, trabajando junto a las organizaciones ambientales, la ciencia y la Administración, se adapta mucho mejor a una realidad ambiental y social en constante cambio. 

Sin embargo, la normativa y la propia pesca varían mucho a lo largo del territorio, y la cogestión sólo está implantada administrativamente en Catalunya. Mientras tanto, en el resto del litoral español se dan puntualmente otros procesos de gobernanza o autogestión amparados por la Ley de Pesca de 2023, que simplemente abre la posibilidad a que existan. Pero se necesitan recursos, implicación y entendimiento suficientes para no abandonar en el camino, pues es largo y está lleno de aprendizajes a los que hay que abrirse para no dinamitar el diálogo.

Cofradías que se actualizan en pro de los bienes comunes 

Las cofradías de pesca españolas son únicas en Europa por su antigüedad y por su forma de organización gremial en torno a la obtención de recursos marinos a los que nuestra especie lleva accediendo desde antes de los primeros asentamientos. Las cofradías nacieron para gestionar el recurso común repartiendo derechos de acceso y evitar conflictos entre puertos y poblaciones. Sin embargo, la tradición de la autogestión no siempre ha asegurado la viabilidad de las capturas ni evitado la sobrepesca, que ha llevado en algunos periodos a grandes disminuciones en especies emblemáticas como la sardina o la merluza.

La respuesta más habitual a la necesidad de gestión desde la Administración ha sido la imposición tecnocrática de vedas y restricciones que el sector pesquero ha tenido que acatar sin voz en la decisión, pese a ser quienes trabajan en el mar a diario. Ni siquiera el argumento científico ha evitado la desconfianza del sector hacia estas regulaciones unidireccionales, puesto que la autoridad impuesta solo ha abierto más la brecha entre actores que no se reconocían como compañeros en torno a un problema común.

Tuvo que ocurrir un desastre, el vertido histórico del petrolero Prestige en la costa gallega en 2002, para que la cofradía de pescadores de Lira (A Coruña) se movilizase en busca de un modelo sostenible para recuperar unas poblaciones peligrosamente dañadas por la catástrofe. Se apoyaron en el ejemplo de La Restinga, la reserva de interés pesquero de El Hierro, autogestionada por los propios pescadores, a quienes consultaron para crear la reserva marina Os Miñarzos, entonces referente internacional en conservación marina y gestión pesquera respetuosa.

Para Raúl García, coordinador de pesquerías de WWF España, una de las claves para que se lanzaran a crear la reserva fue “la comunicación directa entre pescadores de distintos territorios, por ser compañeros de gremio pero no competidores en un mismo espacio”. Sin embargo, si este proceso se considera pionero de la cogestión en España es porque la cofradía se abrió a la colaboración con otros actores imprescindibles para el éxito de la reserva: la fundación Lonxanet, WWF y la Universidad de A Coruña. Juntos, elaboraron la propuesta de reserva que la Xunta formalizó en 2007. 

Un esfuerzo compartido que debe amparar la Administración

“Si todo es cogestión, nada es cogestión. Hay muchos niveles de participación y, para WWF, la cogestión debe tener codecisión, es decir, que todos los actores tengan el mismo peso en la toma de decisiones, pero también institucionalización”, explica el responsable de WWF. García forma parte de varios de estos procesos desde hace años y ha comprobado cómo la capacidad latente de diálogo aflora cuando se persiguen objetivos comunes y se dota de herramientas e incentivos para lograrlos.

Son las instituciones autonómicas las que tienen la capacidad de implantar la cogestión pesquera en sus territorios, ya que la pesca artesanal se hace en aguas interiores, de competencia regional. Todos los ejemplos los tenemos en Catalunya, la única administración autonómica que, desde 2018 –siendo pionera en todo el Mediterráneo– establece por decreto la cogestión pesquera en todo su litoral. Pero la creación del primer comité de cogestión de Catalunya se remonta a 2012, fruto de una necesidad sobrevenida en una pequeña pesquería.

Ese año, la pesca del sonso o lanzón, un pequeño pez muy valorado que pescan unas pocas embarcaciones en la costa norte de Catalunya, estuvo a punto de ser prohibida por no cumplir con una normativa de la Unión Europea. El reducido tamaño de malla de la red con que se captura el sonso solo se permitía como excepción justificada mediante un plan de gestión. Cuando la pesquería envió su plan a la Comisión Europea, fue rechazado por carecer del estudio científico requerido, y es cuando decidieron contactar con oenegés, científicos y Administración para solucionarlo.

Lucía Martínez Posse es técnica de la Sección de Pesca y Marisqueo del Servicio de Recursos Marinos de la Dirección General de Política Marítima y Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya. Martínez cuenta que el resultado de ese trabajo conjunto salvó esa pesquería. “Esta fue la semilla para la publicación del decreto de cogestión en 2018, aunque ya teníamos cierta experiencia previa con un grupo de trabajo multidisciplinar para la gamba de Palamós. Desde entonces, nosotros establecemos las normas básicas del juego, pero todos estamos al mismo nivel en la toma de decisiones”, explica Martínez.

El compromiso de todas las partes en cualquier proceso de cogestión tiene que ser firme, puesto que se necesita tiempo para reunirse y llevar preparadas las propuestas a debatir. “Nos reunimos mensualmente, en el territorio y fuera del horario de pesca. Es un esfuerzo muy grande para todas las partes, también económico, pues el decreto dice que nadie cobra por participar. Por eso creo que, para mantener la cogestión a largo plazo, hace falta el dinero público, además de un reparto claro de funciones y tareas. Y, sin duda, la clave es verse en persona, conocerse y compartir experiencias para dar valor al trabajo del otro”, reconoce la técnica.

Cada pieza del engranaje cuenta

Por desgracia, la reserva gallega de Os Miñarzos es un ejemplo de que, sin el apoyo continuado de la Administración ni la participación de otros actores, los modelos exitosos pueden desmoronarse o sufrir una parálisis en poco tiempo. La inversión en vigilancia y atención de la Xunta ha sido intermitente durante la última década, y eso ha expuesto la reserva al furtivismo y debilitado los espacios de colaboración, dificultando una gobernanza más diversa.

Miquel Ortega es investigador del grupo iMARES del Institut de Ciències del Mar-CSIC, donde estudia cómo las políticas pesqueras afectan a la ecología de las especies de interés. Ortega asegura que “aunque la cogestión descentralice la toma de decisiones y la iniciativa parta de los pescadores u otra figura, tiene que pasar a un cuerpo regulatorio y el responsable último es la Administración. Además, debe legitimar las aportaciones de los científicos para reforzar la confianza en ellos”. 

Estos últimos contribuyen de manera fundamental a que los procesos de cogestión sean más adaptativos. La explicación de Ortega es que “los miembros del comité de cogestión recurren, además de al conocimiento ecológico tradicional de los pescadores, a la visión ecosistémica y los datos socioecológicos que aporta la ciencia a lo largo de todo el proceso. Eso permite cambiar las normas mucho más rápido, en base a contextos ecológicos y económicos fluctuantes, y que los propios pescadores lleguen a acuerdos de autolimitación”. 

Donde no hay cogestión, autogestión

Fuera de Catalunya, no hay cogestión por decreto y las iniciativas de autogestión de la pesca artesanal salen adelante cuando existen condiciones para hacer propuestas a la Administración y esta quiere escuchar. Lo que tienen claro los pescadores involucrados en proyectos de este tipo, como Ignacio López, es que el cambio tienen que empezarlo ellos. El patrón mayor de la cofradía de Motril, pescador retirado, asegura que “liderar los proyectos es el camino a seguir”. Desde hace tiempo, trabajan con Soldecocos, una organización que desarrolla proyectos de gobernanza, como la custodia marina en Baleares o el apoyo a la creación de organizaciones de productores pesqueros, puerta de acceso a fondos europeos.

A través de pequeños proyectos, la cofradía de Motril ha ido tejiendo alianzas con universidades, técnicos de la administración u oenegés. Así, van conociendo mejor el estado de sus caladeros o el impacto de su pesca, para ir adaptándose o haciendo propuestas a la Administración. Sin embargo, no en todas partes el contexto es tan favorecedor ni los recursos son los mismos. Por ejemplo, en Cabo de Gata, Macarena Molina, que estudió Ciencias del Mar y fue pescadora, colabora desde hace años con el proyecto Pescartes, que agrupa a los pescadores artesanales de la reserva marina, y admite que allí aún hay mucho trabajo por hacer. 

Tras años tratando de velar por los intereses de este sector, Molina admite que “las iniciativas de autogestión son muy difíciles de sostener sin el apoyo de la Administración. Cuando se hablan lenguajes tan distintos y se hacen mal las cosas, nace una desconfianza mutua que hace muy difícil recomponer las alianzas”. Mientras colaboran en los proyectos de algunas organizaciones ambientales, siguen reclamando un plan de gestión pesquera y la creación de un organismo donde poder tratar los objetivos en cogestión.

Queda mucho por conseguir, pero algunos, como Raúl García, sostienen que la pesca ha iniciado la transición ecológica antes que otros sectores. “Pese a algunos niveles de sobreexplotación aún altos y la incertidumbre por el cambio climático, se están recuperando indicadores ecosistémicos y, poco a poco, estamos transformando la industria pesquera”, afirma el representante de WWF. Esta visión tan social de la pesca que tienen las ONG ambientales en España se explica por la confianza en ésta como motor de cambio. “Pese a ser un sector muy pequeño, España es muy influyente a través de su red mundial, y sus buenas prácticas pueden tener un impacto global en iniciativas de gobernanza. Por eso, tenemos la responsabilidad de acompañar en la transferencia de estas herramientas y, en lugar de polarizar, incidir en lo que está funcionando”, concluye García.

Este reportaje forma parte del proyecto ‘Especial Océanos‘, coproducido por Climática junto a Ecologistas en Acción como parte del proyecto MED30.