La comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso ha aprobado este miércoles la iniciativa de Sumar de acabar con determinados vuelos nacionales para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), una medida que formaba parte del pacto de Gobierno con el PSOE tras las elecciones generales del pasado 23 de julio. El acuerdo establece suprimir los trayectos que tengan una alternativa ferroviaria de dos horas y media, siempre que no conecten con rutas internacionales.
Es la primera vez que se adopta una medida para la limitación de vuelos en España. La propuesta no de ley (PNL) ha salido adelante con los votos en contra del PP y VOX. El partido de extrema derecha ha señalado que la decisión conllevará “más pobreza y un retroceso en derechos y libertades en nombre del fanatismo climático”.
La propuesta inicial de Sumar era estudiar una reducción de los vuelos con alternativa en tren de tres horas, pero el PSOE la ha rebajado a las dos horas y media, en palabras del socialista Arnau Ramírez, para “respetar la promoción del turismo como motor económico y las características de la insularidad de Baleares o Canarias”.
Por ahora, se desconoce cuándo entraría en vigor la prohibición de los vuelos con alternativa de dos horas y media en tren y que no conecten con trayectos internacionales, ni a qué rutas concretas afectarán. “Esta PNL no deja de ser una declaración de apoyo político, pero entendemos que hay un consenso para redactar una norma que elimine esos vuelos”, explica Pablo Muñoz, coordinador de Aviación en Ecologistas en Acción.
“Es una propuesta muy decepcionante. Es un paso en la buena dirección, pero en términos reales de reducción de emisiones entendemos que no va a ser efectiva”, señala el portavoz de Ecologistas en Acción. La organización proponía ampliar la prohibición a los vuelos con alternativa ferroviaria de cuatro horas.
“Nos parece un primer paso muy positivo que marca el inicio de estas regulaciones, pero no tiene la ambición que queremos. Lo ideal sería suprimir los vuelos con una alternativa en tren por debajo de las 4 horas”, coincide Carlos Rico, portavoz de T&E.
Según los cálculos de Ecologistas, la PNL suprimiría las rutas Madrid-Alicante, Madrid-Valencia y la gran duda es si incluirá los trayectos de Madrid-Barcelona, que roza el límite de las dos horas y media. La eliminación de estas tres rutas supondría una reducción de 175.131 toneladas de CO2. “Estos cálculos incluyen la ruta de Madrid-Barcelona, que es clave porque genera unas 141.149 toneladas de emisiones”, resalta Muñoz.
“La de Madrid-Barcelona es la ruta más importante y ahí la exclusión de las conexiones internacionales puede hacer que el número de vuelos afectados sea finalmente muy pequeño y, por tanto, haya poca reducción de emisiones efectiva”, añade Rico.
Muñoz asegura que “lo mínimo” sería eliminar los vuelos con alternativa ferroviaria de tres horas, como proponía Sumar, ya que esto marcaría “una gran diferencia”. “Esa horquilla de media hora de diferencia nos parece vital porque permitiría incluir rutas como Barcelona-Valencia, Madrid-Málaga, Madrid-Sevilla o Madrid-Santiago de Compostela, que juntas supondrían un ahorro de otras 100.000 toneladas de CO2 al año”.
El especialista destaca que el objetivo es conseguir una reducción de emisiones efectiva cuando hay “una alternativa ferroviaria, que seguro que es mejorable, pero que ya existe en la actualidad”. “La conexiones ferroviarias están mejorando y el año que viene se supone que el AVE va a llegar al aeropuerto de Barajas. esto quiere decir que realmente se tardaría menos en ir de Barcelona a Madrid en tren que en vuelo”, destaca Rico.
También falta por conocer cómo se materializa la restricción de suprimir vuelos que enlacen con terminales que cuenten con conexiones internacionales. “Habrá que ver qué criterios se establecen para ver qué vuelos se consideran de conexión o no. Una opción es establecer un porcentaje mínimo de pasajeros que tengan un vuelo de conexión en una ruta Alicante-Madrid, por ejemplo. Otra opción es en función de a qué franjas horarias salen vuelos desde Madrid hacía otros continentes”, explica Muñoz.
Esta proposición no de ley supone también que el Gobierno analizará el marco europeo que existe para una posible restricción de los vuelos de los jets privados y para gravar fiscalmente el queroseno utilizado como combustible en el sector de la aviación.
En la actualidad, distintos países de Europa debaten sobre la eliminación de rutas aéreas de corto alcance. Por ahora, el único país que ha prohibido los vuelos cortos ha sido Francia, en mayo del año pasado.
El pasado 13 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que debe superar ahora su tramitación parlamentaria. La nueva ley establecerá medidas concretas de movilidad sostenible como el impulso del transporte colectivo, la movilidad activa o soluciones de movilidad compartida y fomentar el teletrabajo cuando sea posible.
Catorce organizaciones –entre las que se incluyen Greenpeace, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, T&E, Ecodes o los sindicatos UGT y CCOO– han lamentado la falta de ambición del proyecto, que –aseguran– “abandona la descarbonización del transporte“. Explican que el PSOE ha presentado el mismo texto que ya provocó un rechazo generalizado en la pasada legislatura.
“Es el sector del transporte es que más emite en nuestro país con cerca del 30% del total de emisiones”, señala Pablo Muñoz. El especialista de Ecologistas en Acción lamenta que esta propuesta “Sigue potenciando la construcción de grandes infraestructuras de transporte” y recuerda que promover una movilidad sostenible real es un compromiso de la Ley de Cambio Climático española.
El documento recibió 975 enmiendas en abril del año pasado por parte de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, muchas de ellas a propuesta de las citadas entidades. Las organizaciones sociales y ecologistas reclaman que se incluya la obligación de conseguir la neutralidad climática en el sector transporte lo antes posible y a más tardar en 2050. Por ello, instan a eliminar cualquier referencia a los combustibles fósiles como energías de transición.
Además, piden fijar una financiación mínima del Estado al transporte público para garantizar su calidad, así como la concreción de otras fuentes de ingresos de las que debe nutrirse. También reclaman medidas específicas para garantizar que la movilidad sostenible llegue al medio rural y fomentar la movilidad eléctrica en todo el territorio.
Esta norma quedó pospuesta con el adelanto electoral del año pasado y debe estar en vigor antes de que concluya el año porque de ella depende la séptima entrega de fondos de recuperación, transformación y resiliencia de la UE. El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, indicó que se tramitará por urgencia.
La comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico también aprobó ayer una proposición no de ley del PSOE que promueve la reducción de combustibles fósiles y el impulso de incentivos a las energías renovables. En su intervención, la portavoz socialista de energía, Isabel Pérez, recordó que “el uso de combustibles fósiles es el principal responsable del aumento de las concentraciones de los gases de efecto invernadero y, por consiguiente, del calentamiento global”.
También se ha pactado hacer un estudio de las localizaciones de zonas forestales susceptibles de ser restauradas en el país a propuesta del grupo socialista. El diputado José Luis Aceves ha destacado que “si los ecosistemas no son restaurados, si no sirven para mejorar, repercute en la cadena negativamente”. “Proteger los bosques primarios y prematuros en nuestro territorio significa una política urgente y necesaria”, añadió.
En esta noticia se ha utilizado información facilitada por EFE.
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