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El océano es un ecosistema al que le debemos mucho. Una de las razones es ser nuestro «salvavidas» frente al cambio climático. Pero al igual que los humanos, no es inmune a los efectos del calentamiento global. En este sentido, existe el compromiso de proteger el 30% de las áreas marinas. Sin embargo, la forma en que se aplica esta protección está produciendo conflictos agudos entre legisladores, organizaciones ambientales y sectores pesqueros. Un ejemplo: la Comisión Europea pretende prohibir la pesca de arrastre en las áreas de protección marina, lo que ha provocado una fuerte oposición de parte de la industria. No en vano, la pesca de arrastre supone el 40% de la facturación del sector en Europa.
En el último año se han alcanzado acuerdos históricos y ampliamente celebrados por la comunidad científica y las organizaciones ambientales. En diciembre, la COP15 de Montreal dejaba como titular que los países acuerdan proteger al menos el 30% de la biodiversidad para 2030. Para ello los países deberán en proteger y gestionar eficazmente «mediante sistemas de áreas protegidas» el 30% de las zonas terrestres, aguas continentales, costeras y marinas (la ONU estima que actualmente solo están bajo protección en torno a un 17% de la superficie terrestre y el 10% de la marina). Además, en marzo de este año, se lograba el tan ansiado Tratado Global de los Océanos, un pacto que debe facilitar la creación de zonas de protección marina en aguas internacionales. Es decir, en aquellas que no son de ningún país pero cuyos recursos sí están explotando algunos países y compañías pesqueras.
En este punto, la Comisión Europea ha iniciado un Plan de Acción para la protección y restauración de los ecosistemas marinos para una pesca sostenible. Una de sus propuestas es eliminar gradualmente la pesca de fondo en todas las áreas marina protegidas (AMP) para 2030 por la importancia que tienen los fondos marinos «para la salud de los ecosistemas marinos y la mitigación del cambio climático». El arrastre ya está prohibido en la Unión Europea en profundidades que superan los 800 metros desde el año 2016. También en multitud de zonas del Atlántico Noreste o en países como Islandia.
El arrastre es la pesca más frecuente en países como España, India o China. Este práctica utiliza redes de grandes magnitudes que van unidas a un barco en movimiento y llegan hasta el fondo marino, arrastrando literalmente todo lo que encuentran a su paso (como corales, animales como los bivalvos o las praderas marinas como la posidonia, planta exclusiva del Mediterráneo). Algunas de estas redes son tan grandes que podrían albergar 12 aviones. Los aparejos de pesca de fondo remolcados suelen matar entre el 20 y el 50% de los invertebrados bénticos a su paso, por lo que la pesca de fondo afecta a la dieta y la calidad de las presas. Distintos estudios científicos apuntan que reducir la pesca de arrastre favorecería la recuperación de algunas poblaciones de especies.
Desde la organización BirdLife consideran que la pesca de arrastre tiene una gran variedad de impactos negativos sobre la biodiversidad y el clima que la hacen incompatible con las AMP. Señalan que el arrastre de fondo es un método de pesca no selectivo que captura una gran proporción de peces no objetivo y representa el 92% de los descartes de pesca registrados en la UE. «Es responsable de la captura incidental de especies sensibles, incluidos tiburones, rayas, tortugas marinas y cetáceos», alertan. Además, las redes de pesca suponen el residuo plástico más abundante en los océanos.
La pesca de arrastre tiene un impacto climático ya que los sedimentos marinos son una importante reserva de carbono y ayudan a mitigar el calentamiento global. Y al degradar el lecho marino, se liberan grandes cantidades de carbono que vuelven a la atmósfera. Además, las embarcaciones empleadas para esta pesca utilizan combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero. En la actualidad, «más la mitad de la gasolina y el gasóleo que emplean las flotas en España están subvencionados, estamos financiando con dinero público la pesca basada en combustibles fósiles y necesitamos un plan de descarbonización de la flota para cambiar esto», explica Cecilia del Castillo, responsable de Pesca de Ecologistas en Acción.
«El lobby pesquero ha estado reaccionando violentamente al Plan de Acción de la Comisión Europea que busca una tímida y lenta eliminación de la pesca de arrastre de fondo dentro de las áreas marinas protegidas», afirman desde BirdLife. La industria pesquera se ha manifestado en contra de esta iniciativa europea y se ha organizado en torno a la European Bottom Fisheries Alliance (EBFA), una nueva coalición que agrupa a pescadores de 14 países europeos y cuyo portavoz es el gallego Iván López van der Veen, director general de Pesquera Ancora SL, una compañía gallega que factura más de 15 millones de euros anuales en exportaciones a la Unión Europea. Desde Climática hemos solicitado una entrevista con él en varias ocasiones sin éxito.
La EBFA reconoce en su página web que la pesca de arrastre tiene un impacto medioambiental, pero destacan que no es la actividad más dañina para el fondo marino. Según defienden, «los parámetros que tienen el mayor impacto en el océano en la actualidad son: la temperatura de la superficie del mar, la acidificación del océano, el aumento del nivel del mar, la contaminación y el transporte marítimo». Omiten el impacto climático de la destrucción de los lechos marinos y cómo esto, a su vez, repercute en todo los problemas que mencionan.
La organización pesquera asegura que no existe una alternativa sostenible a la pesca de arrastre de fondo dada la «demanda de proteínas» de una población mundial creciente. Sostienen que la oferta de pescado se va a ver reducida por los impactos del cambio climático y que, ante esta realidad, «hay que preservar los millones de toneladas de pescado que solo los arrastreros de fondo son capaces de desembarcar cada año».
El arrastre supone el 40% de la facturación del sector europeo. La pesca emplea a unas 31.000 personas en España, cifra que supone el 20% del total en el conjunto europeo. El valor total de la producción del sector pesquero en 2020 en España ascendió a 2.043 millones de euros, un 10% más que el año anterior, según los últimos datos recopilados por la Confederación Española de Pesca (Cepesca). En 2022, el sector recibió 121,2 millones de euros –un 63% más que el año anterior– de los fondos europeos Next Generation. A pesar de estas cifras, la industria pesquera ha elevado el tono en contra de las políticas europeas por el Plan de Acción de pesca sostenible.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, el socialista Luis Planas, se ha mostrado a favor de la posición adoptada por el sector. El pasado 16 de mayo, manifestó que la futura estrategia de la Unión Europea «no debe centrarse en limitaciones y prohibiciones». «Debe tener tener base científica y una evaluación de impacto adecuada, que integre la dimensión socioeconómica para mantener una actividad pesquera sostenible a largo plazo», afirmó.
La responsable de Pesca de Ecologistas en Acción, Cecilia del Castillo, reconoce que la pesca de arrastre es la menos sostenible, pero aboga por priorizar los incentivos a la protección de las áreas marinas frente a su prohibición de cara al 2030. «Necesitamos áreas marinas protegidas que tengan el apoyo de las comunidades y creemos que hay que apostar por una gestión más participativa», apunta. Considera que se debe promover la pesca artesanal y reducir el impacto de la pesca de arrastre mediante, por ejemplo, la reducción de captación de especies vulnerables o «buscando arrastre que no tenga puertas tan pesadas y que no arrase con todo lo que hay en el fondo».
También apunta que algunas zonas, como el caladero de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, se han protegido por su valor como zonas de migración de aves y que el arrastre (que supone el 50% de la pesca allí) no impacta en gran medida a estas especies. «Sí estamos de acuerdo en prohibir el arrastre allí donde haya una área protegida por sus valores del fondo». Castillo advierte de la importancia de frenar la sobrepesca en España. «El Mediterráneo es el segundo mar más sobreexplotado del mundo, solo por detrás del Pacífico Sudoriental. El 63% de las especies se pescan por encima de los límites biológicos sostenibles», explica la bióloga marina.
Además, del Castillo lamenta «el ruido, el clima violento y el populismo desatado por parte del lobby pesquero» contra la Unión Europea por las nuevas medidas que se plantean. «Van contra las ONG y culpan a Europa de todo; esto ha permeado tanto en la sociedad que vemos cómo los pescadores reclaman medidas que no les benefician». La responsable de Ecologistas reclama que se aplique el artículo 17 de la Política Pesquera Común, que establece que las posibilidades de pesca era una determinada especie no se pueden decidir por «criterios históricos y económicos como hasta ahora, sino por criterios sociales y ambientales. Es decir, que las empresas que se esfuercen en reducir su impacto y su huella climática reciban más posibilidades de pesca».
En el sector pesquero también hay ejemplos de colectivos que sí reducen su actividad. «No hay que meter en el mismo saco a todos los pescadores ni mezclar la pesca artesanal con la industrial», apunta la oceanógrafa Cristina Romera, autora de AntropOcéano (Espasa, 2022). La científica explica que la cogestión pesquera consiste en «la colaboración entre pescadores, científicos marinos, organizaciones ambientales y las administraciones para encontrar las mejores maneras de pesca que beneficien tanto a los pescadores como al medio marino».
La investigadora cita a una cofradía de pescadores de Barcelona que ha trabajado con científicos del Instituto de Ciencias del Mar-CSIC en la recuperación del sonso, un pequeño pescado que se come mucho en la costa catalana. Los pescadores habían observado que la población había empezado a disminuir y siguieron la recomendación de reducir su pesca a la mitad de la flota. Cuenta que no obtuvieron pérdidas económicas a causa de la subida del precio del pescado y del ahorro en combustible. Otro ejemplo de cogestión se ha dado en Vilanova, donde biólogos marinos recomendaron no capturar a las hembras de pulpo en época reproductiva y se consiguió distinguirlas. O la creación de la Reserva de Os Miñarzos, en A Coruña, promovida por pescadores artesanales para la recuperación de especies muy explotadas como el pulpo, las centollas y las nécoras.
«Hay muchos pescadores que se preocupan por la sobrepesca porque de la abundancia de peces depende su subsistencia», sostiene Cristina Romera. «Los recursos pesqueros son públicos y se debe hacer una gestión para mantenerlos en el tiempo. Que haya pesca en el futuro depende de la salud de los ecosistemas, por eso es necesaria una transición justa que no deje pérdidas a las generaciones pesqueras. Muchos pescadores son muy conscientes de ello», concluye la responsable de Pesca de Ecologistas en Acción, Cecilia del Castillo.
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MINERIA EN AGUAS PROFUNDAS ¿el fín de las ballenas?.
La minería en los fondos marinos profundos tendrá consecuencias catastróficas para los ecosistemas únicos de aguas profundas, la vida en aguas poco profundas y todo nuestro clima.
Un nuevo informe de la unidad de investigación de Greenpeace Danmark muestra que la minería en aguas profundas también representa una amenaza para las ballenas en todo el mundo, incluidas las especies en peligro de extinción como la ballena azul. Si se permite la minería en el fondo marino, significará ruido sin parar, que puede viajar cientos de millas a través del agua y se superpondrá con las frecuencias que usan las ballenas para comunicarse y navegar.
Los científicos advierten que incluso un enfoque cauteloso para la perforación en aguas profundas puede causar daños irreparables.
Kirsten Thompson de la Universidad de Exeter explica : «Imagínese si su casa se ve interrumpida repentinamente por trabajos de construcción durante todo el día. Cambiaría tu vida dramáticamente. Su salud mental se vería comprometida y lo más probable es que cambie su comportamiento para escapar del ruido. No es diferente para las ballenas o los delfines».
La vida en las profundidades del océano es un misterio casi inexplorado para nosotros: sabemos más sobre la superficie de la luna que sobre el fondo de nuestros océanos. Sin embargo, la industria minera está a punto de destruir incluso los últimos rincones vírgenes de nuestro planeta para obtener ganancias, sin importar las consecuencias.
Necesitamos exponer las mentiras de los grupos de presión mineros y poner a los gobiernos de nuestro lado para que la perforación en aguas profundas esté prohibida internacionalmente. Como organización ambiental global, Greenpeace tiene redes sólidas y medios efectivos para desafiar a los cabilderos, pero los recursos de la industria minera son enormes.
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), el organismo intergubernamental encargado de regular la minería en aguas profundas en aguas internacionales, se reunió en marzo en Kingston, Jamaica. Se volverán a encontrar en julio, cuando se decidirá el destino de las profundidades marinas.
Después de muchos años de lucha, acabamos de lograr una gran victoria para los océanos cuando los países de la ONU adoptaron el Acuerdo Global de Protección de los Océanos. El acuerdo abre el camino para proteger el 30% de los océanos del mundo si se establecen realmente áreas protegidas. Y encima de esta incertidumbre viene el tema de la minería en aguas profundas.
(Noticias Greenpeace)