Varias organizaciones españolas acuden a la mayor cita de diplomacia climática para reclamar mayores reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero y un fondo de financiación para los países más vulnerables.
Pedro Sánchez señaló en su discurso de investidura que restablecerá la Comisión Nacional de Energía, que el PP integró en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia –junto a otros seis entes reguladores– en 2013.
Solicita un año y nueve meses de prisión al atribuir a las 15 personas implicadas un delito de daños al patrimonio histórico. Entre los acusados se encuentran científicos y humanistas como Jorge Riechmann, Elena González Egea, Marta García Pallarés o Fernando Prieto.
Los beneficios que obtuvieron 15 de las mayores empresas energéticas, entre ellas Endesa e Iberdrola, durante cinco años fueron más de siete veces superiores al dinero que los países ricos han proporcionado a las naciones más pobres para hacer frente al cambio climático, según un informe del Transnational Institute.
El objetivo es que la mitad de toda la energía que se consuma en España sea de origen renovable en 2030. Castilla y León (17,8%), Castilla-La Mancha (14%) y Andalucía (13,9%) son las comunidades con un mayor porcentaje de potencia renovable instalada respecto al total estatal. En contraposición, Cantabria tiene un 0,2%; Madrid un 0,3% y las Islas Baleares un 0,4%.
Para mantener vivos los objetivos de 1,5 y 2 ºC del Acuerdo de París, las emisiones previstas para 2030 deben reducirse al menos un 42 y un 28%, respectivamente, en comparación con los escenarios políticos actuales, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El viernes 17 y el sábado 18 se registraron anomalías diarias de 2,07 y 2,06 ºC, respectivamente. Por ahora, son datos puntuales y no sostenidos en el tiempo, por lo que el Acuerdo de París sigue siendo factible. No obstante, es un aviso de que el calentamiento global avanza cada vez más rápido.
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