Sobrevivir a una DANA cuando no puedes verla, ni oírla, ni escapar de ella

Han pasado ocho meses desde que una depresión aislada en niveles altos (DANA) desbordó el barranco del Poyo e inundó varios municipios del entorno de València, dejando 228 fallecidos. Han pasado ocho meses y en Catarroja, Paiporta o Torrent, todavía hay muchos ascensores que no funcionan y muchas calles y aceras siguen plagadas de obstáculos. La reconstrucción avanza, pero la vuelta a la normalidad todavía queda muy lejos. Para quien tiene dificultades para oír, ver o moverse, queda todavía un poco más allá.

David González tiene 50 años y es parapléjico. Vive en un cuarto piso en Catarroja con su mujer y su hijo. Cuando su pueblo empezó a inundarse el pasado 29 de octubre, estaba en casa. “La luz se había ido dos veces antes y tenía miedo de quedarme atrapado en el ascensor. Si no, seguramente habría estado abajo, en el supermercado, ayudando a mi mujer”, explica. Tras la inundación, tardó tres meses en poder volver a pasear por la calle.

“Como tenía citas en el hospital, venía a buscarme la ambulancia, me bajaban, me llevaban y me volvían a subir. Pero estuvimos tres meses sin ascensor, así que no podía bajar a la calle por mí mismo. Tuvimos suerte de que al cabo de ese tiempo montasen un montacargas para mí, pero muchos ascensores en los edificios de alrededor siguen sin funcionar”, cuenta David González, usuario de ASPAYM, la asociación de personas con lesión medular de la Comunitat Valenciana.

Como David, más de 1.600 personas con discapacidad se vieron afectadas por las inundaciones causadas por la DANA en la Comunitat Valenciana y por las consecuencias que todavía se dejan notar. De acuerdo con un informe del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi CV), el desastre también afectó a 32 centros residenciales y 26 centros especiales de empleo, así como al acceso a dispositivos de movilidad y asistencia, comprometiendo la autonomía de mucha gente.

“El drama de los ascensores, de las personas que han quedado atrapadas en sus hogares durante meses, es una herida abierta que nos interpela a todos. Es también la prueba más dura de que la recuperación aún no ha llegado a los más vulnerables”, señala Luis Vañó, presidente de CERMI CV. “No estamos donde deberíamos y el ritmo de la recuperación es más lento de lo que se necesita. Pero tampoco estamos en el mismo lugar que en octubre. Se ha iniciado un camino de colaboración y se han puesto sobre la mesa las herramientas técnicas para lograrlo”.

Las personas con discapacidad ante los desastres climáticos

La situación provocada por la DANA en la Comunitat Valenciana no es única. Los eventos meteorológicos extremos afectan de forma desproporcionada a los grupos de población más vulnerables en todo el mundo. Sobre todo, si no existen planes de prevención y de emergencia que tengan en cuenta sus necesidades. De acuerdo con el Banco Mundial, el cambio climático multiplica los riesgos para las personas con discapacidad: la tasa de mortalidad de este colectivo en catástrofes es hasta cuatro veces superior a la de las personas sin discapacidades. Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, para 2050 unos 18 millones de personas con discapacidad se verán desplazadas por fenómenos climáticos extremos.

Los eventos extremos afectan a la movilidad, al acceso a tratamientos, a la salud física y mental (incluido el agravamiento de problemas crónicos) y a las familias y a las redes de apoyo de las personas con discapacidad y, sobre todo, multiplican las desigualdades preexistentes, de acuerdo con una revisión científica publicada por investigadores de la Universidad de Toronto (Canadá) en 2022. Son muchas las formas en las que los desastres climáticos afectan a las personas con discapacidad. Pero en realidad el problema no son los fenómenos extremos en sí mismos.

De acuerdo con una publicación de The Lancet, la escasez de planificación inclusiva, de información accesible, de sistemas de alerta temprana y de transporte y las actitudes discriminatorias dentro de las instituciones y entre las personas son los factores que multiplican los riesgos para las personas con discapacidad. “Un fenómeno meteorológico, por extremo que sea, se convierte en una catástrofe social por la gestión de sus consecuencias y, sobre todo, por las vulnerabilidades preexistentes. Y en esa escala de vulnerabilidad, las personas con discapacidad y sus familias, lamentablemente, siempre ocupan los primeros puestos”, subraya Luis Vañó.

Las necesidades específicas de las personas con discapacidad ante una emergencia pasan por sistemas de comunicación e información accesibles (por ejemplo, un SMS es inútil para alguien con problemas de visión), rutas de evacuación y transporte adaptadas, apoyo vital y de salud (cubriendo desde los respiradores hasta los tratamientos farmacológicos y la asistencia), y apoyo psicosocial y cognitivo, en especial, para las personas con problemas de salud mental, para quienes una catástrofe puede ser un detonante brutal de ansiedad.

Para el presidente de CERMI CV, la respuesta institucional a la DANA del pasado mes de octubre fue “profundamente deficiente” y estuvo caracterizada por fallos sistémicos en la planificación y las alertas (que aún hoy no incorporan la perspectiva de la discapacidad). Por ejemplo, las alertas y la comunicación no fueron accesibles ni universales, se basaron en un único canal de mensajes de texto que dejó a miles de personas fuera y desprotegidas. Además, no existían protocolos específicos ni censos actualizados para la evacuación de personas con gran dependencia, con movilidad reducida o con necesidades médicas específicas.

“Por último, está el abandono después de la emergencia, donde la brecha se hizo aún más grande. La burocracia para solicitar ayudas es una carrera de obstáculos inaccesible y existe una falta total de acompañamiento específico para las personas con discapacidad en este proceso”, señala Vañó. “Frente a la parálisis y la falta de previsión de la administración, la respuesta de la sociedad civil fue sobrecogedora. Desde el primer minuto, las asociaciones miembro de CERMI CV se volcaron: localizando a sus usuarios, ofreciendo información adaptada, repartiendo ayuda material y, sobre todo, brindando un apoyo psicológico y acompañamiento”.

Las necesidades de las personas con discapacidad (y sus familias)

“Cuando pude bajar a la calle por primera vez, ya se habían arreglado muchas cosas. Todavía había barro, pero no se parecía nada a lo que me habían contado”. Durante tres meses, David González vivió el desastre a través de su familia y de lo que veía en la tele. “Yo estaba en casa y era mi familia la que me tenía que subir todo por las escaleras, incluida el agua. Y no solo nos pasaba a nosotros, hay mucha gente mayor que estaba en la misma situación y apenas podía salir. Al final, la situación te cansa física y mentalmente”.

Cuando las demás redes de emergencia fallan, la familia y el entorno cercano se revelan como el único sistema de apoyo real para las personas con discapacidad. “Durante la DANA del pasado mes de octubre, las familias fueron víctimas, pero también se convirtieron en un servicio de emergencias invisible y sin recursos”, explica Luis Vañó. “El impacto sobre ellas es devastador y multidimensional”. A la sobrecarga física y mental, se suman la angustia por separación durante la emergencia, el golpe económico que supone perder el material y el equipo médico, la lucha contra la burocracia y los efectos a largo plazo, como el agotamiento crónico del cuidador o el miedo a que vuelva a ocurrir.

“No proteger a las personas con discapacidad es, por extensión, abandonar a sus familias. Cualquier plan de emergencia verdaderamente eficaz debe considerarlas una unidad inseparable y dotarlas de los apoyos específicos que necesitan. Porque cuando el sistema falla, son ellas las que lo sostienen todo, a un coste personal inasumible”, recalca Vañó.

Transformar la emergencia en soluciones

En Catarroja, al igual que en otros muchos municipios vecinos, todavía hay muchas cosas que recuerdan la catástrofe. La vuelta a la normalidad está siendo lenta. “Los colegios y los institutos están con barracones, muchos garajes siguen inservibles… Y desde el punto de vista de mi movilidad, los pasos de peatones están hundidos, las calles y las aceras son una montaña rusa. Sigue habiendo muchas barreras”, señala David González.

Mientras la reconstrucción avanza, aunque sea lenta, otra parte importante de la recuperación pasa por prepararse para que el desastre no vuelva a ocurrir, para que por mucho que llueva la situación y la respuesta sean completamente distintas. En este sentido, desde CERMI CV han elaborado un plan de emergencias inclusivo, una hoja de ruta detallada sobre la que trabajar para afrontar el próximo evento meteorológico extremo de forma inclusiva. La propuesta se basa en seis pilares:

1. Gobernanza y participación real de las personas con discapacidad a través de un comité asesor de emergencias inclusivas, que participe en el diseño, la implementación y la evaluación de todos los planes de protección civil.
2. Creación de un mapa de la vulnerabilidad, un registro voluntario y confidencial de personas con discapacidad y con necesidades específicas en una emergencia.
3. Implementación de un sistema de comunicación 100% accesible y multicanal que permita que las alertas se emitan simultáneamente en múltiples formatos.
4. Formación específica y obligatoria para que los cuerpos de emergencia sepan cómo atender a las personas con discapacidad.
5. Desarrollo de una red de albergues y refugios inclusivos, que cumplan con criterios de accesibilidad universal.
6. Vinculación de las ayudas a la reconstrucción inclusiva con el objetivo a medio plazo de no volver a construir el riesgo y de aprovechar la catástrofe para crear un entorno más seguro y accesible para todos.

“Una sociedad que aspira a ser resiliente ante la crisis climática no puede permitirse dejar atrás a las más de medio millón de personas con discapacidad que hay en la Comunitat Valenciana. La DANA no fue solo un desastre meteorológico, fue un test de estrés para nuestra inclusión social, y el resultado, por parte de las administraciones, fue un suspenso”, concluye Luis Vañó. “Nuestra obligación ahora es convertir esta catástrofe en una palanca de cambio para que nunca más la discapacidad sea sinónimo de olvido en una emergencia”.