La paciencia no está de moda 

José Luis Domínguez y Cristina Corchero // Tras el apagón eléctrico de hace un mes, se impuso la necesidad de encontrar explicaciones rápidas. Siguen proliferando los análisis simplificados, los titulares contundentes y los señalamientos directos. Parte de la opinión pública ha encontrado en las energías renovables un blanco fácil; otros apuntan a la falta de planificación o a decisiones políticas concretas. 

Esta reacción inmediata ha contribuido a una lectura reduccionista, y a menudo muy parcial, de un fenómeno profundamente complejo. El sistema eléctrico se basa en una red interconectada, con cientos de miles de elementos funcionando en paralelo, y en la que intervienen múltiples actores que operan bajo condiciones técnicas, comerciales y regulatorias muy específicas. Esta estructura implica que un evento significativo, como un apagón, debe ser analizado rigurosamente de acuerdo a datos reales y modelos físicos complejos, no a partir de impresiones ni de intuiciones. 

No contar con toda la información en el momento inmediato no significa necesariamente falta de transparencia. El análisis de un apagón de esta magnitud requiere semanas de trabajo, y es esperable que las conclusiones tarden en llegar. De hecho, parte del desconcierto se debe a una expectativa desajustada: la sociedad está acostumbrada a tener respuestas rápidas. Llegar a desgranar lo que realmente ocurrió es complejo. La buena información lleva tiempo. 

Y lo que pasó, tarde o temprano, se sabrá. Existen mecanismos, dentro y fuera de España, que garantizan que este tipo de eventos sean escrupulosamente investigados. La red eléctrica española forma parte de un sistema europeo interconectado y supervisado, y las instituciones continentales tienen competencias específicas en materia de seguridad, estabilidad y transparencia del suministro. De hecho, hay equipos independientes como ACER y ENTSO-E –no vinculados directamente al Gobierno ni a un operador concreto– que ya están trabajando en la reconstrucción del evento con un nivel de detalle técnico muy alto. Por eso, muchos de esos datos acabarán siendo públicos, total o parcialmente, bien por exigencia institucional o por prácticas habituales de transparencia. Pero centrar el debate exclusivamente en si lo sabremos o no puede desviar la atención del asunto central: qué haremos una vez sepamos la verdad. 

Cuando se conozca la cadena exacta de eventos, es probable que no haya una sola causa ni un único responsable, y se reconozca que existía regulación que necesitaba actualizarse desde hace años, y que hubo decisiones operativas condicionadas por esa falta de marco normativo. Incluso entonces, la cuestión no será tanto si el apagón fue evitable, si había muchas renovables en la red en ese momento o si otra tecnología lo habría evitado, sino qué decisiones se toman a partir de esa experiencia. Lo relevante será saber si el sistema estaba preparado para gestionar el escenario que teníamos y, si no lo estaba, qué cambios deben implementarse para estarlo en el futuro. Es decir, el foco debe estar en la adaptación, no en la culpabilidad.

El debate tampoco debería centrarse en una supuesta confrontación entre energías renovables y las tecnologías convencionales, como la nuclear, sino en cómo gestionar adecuadamente la red eléctrica para hacer frente a los potenciales fallos y a la evolución del sistema. Sería interesante ampliar la perspectiva y observar las decisiones que han tomado otros países frente a situaciones similares, como Estados Unidos o Australia. A su vez, el operador del sistema español (Red Eléctrica) debería fortalecer el diálogo técnico con otros operadores, ya que este intercambio contribuiría a una mejor toma de decisiones. Por ejemplo, existen grupos de trabajo permanentes en Europa, donde transportistas, distribuidoras, comercializadoras y otros agentes discuten técnicamente cómo avanzar en temas como el almacenamiento, la flexibilidad o los servicios de regulación. 

Sea del modo que fuere, sabemos que el sistema eléctrico español ha sido históricamente robusto, pero seguimos gestionando la red como hace décadas, cuando estaba basada en energía de origen fósil y nuclear. En una infraestructura crítica como la red eléctrica, los cambios suelen requerir tiempo debido a su complejidad y al impacto que pueden tener en la seguridad y estabilidad del sistema. Sin embargo, eso no exime a los agentes reguladores y al operador del sistema de la necesidad de avanzar. El aumento de la generación renovable, la entrada de nuevos actores, la digitalización y la descentralización de la producción plantean desafíos técnicos que requieren nuevas respuestas. Y, para ello, es necesario revisar procesos, actualizar normas y reforzar la colaboración entre todos los agentes implicados urgentemente.

Porque la transición energética no se va a detener. La electrificación, el autoconsumo, el almacenamiento y la flexibilidad van a seguir creciendo. Los costes de estas tecnologías están bajando, las decisiones de inversión ya están tomadas y la ciudadanía cada vez está más involucrada porque combatir el cambio climático ya es una urgencia. No es realista pensar que este proceso va a frenar y negar esta transformación no hará que desaparezca. Aceptarla, en cambio, permite preparar una respuesta técnica, regulatoria y organizativa que esté a la altura. Y para eso hace falta diálogo, planificación y una visión compartida de futuro. La urgencia por señalar culpables no puede sustituir la necesidad de pensar a largo plazo. 

José Luis Domínguez es responsable del departamento de Sistemas Eléctricos de Potencia en el Instituto de Investigación en Energía de Catalunya (IREC) y Cristina Corchero es investigadora asociada en IREC y fundadora de Bamboo Energy.