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El 24 de febrero de 2022, en un mensaje televisado, Vladimir Putin anunció el inicio de una «operación militar especial» en Ucrania. Los bombardeos de Kiev y la invasión terrestre que siguieron a estas palabras dieron inicio a quizá el mayor conflicto militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, todavía hoy sin solución. Al mismo tiempo, las sanciones comerciales que llegaron como respuesta de la Unión Europea y el cierre del suministro de gas ruso hacia los países occidentales del continente abrieron una crisis energética sin precedentes en la UE.
Entonces, la reacción de los Veintisiete fue rápida: se desplegó el plan REPowerEU con medidas para ahorrar energía, multiplicar la producción renovable y diversificar los suministros energéticos. Pero el ímpetu inicial se desvaneció poco a poco. Los precios de los combustibles fósiles quedaron bajo control y las iniciativas para reformar el sistema energético europeo fueron relajándose. Menos de cuatro años después, volvemos a estar ante un escenario similar, en el que la dependencia del gas y del petróleo sitúa a la UE (y al resto de países del mundo) al borde de una crisis energética y de precios a gran escala.
El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y la rápida expansión del conflicto por toda la región (con el riesgo de que adquiera una escala global), vuelve a ponernos frente al espejo de los combustibles fósiles. Conseguir eliminar su uso de un plumazo no es realista, pero ¿tiene sentido seguir profundizando en nuestra dependencia de unos recursos con fecha de caducidad, controlados por unos pocos países que no dudan en usarlos como herramienta de presión y cuyo uso alimenta una crisis climática cada vez más compleja?
La situación energética de la UE y España
Tras el inicio de la guerra en Ucrania, parte de los esfuerzos de la Unión Europea se dirigieron a diversificar los suministros energéticos. Es decir, a buscar nuevas vías para importar gas. La solución fue apostar a gran escala por el gas natural licuado (GNL) de Estados Unidos y de los países del golfo Pérsico. Así, antes de 2022, la mayor parte del gas consumido en la UE llegaba de Rusia a través de gasoductos, pero hoy lo hace en barco desde Estados Unidos (cerca del 60% del GNL importado llega de ese país, según los últimos datos de Eurostat).
Además, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y las sucesivas oleadas de aranceles comerciales, la Unión Europea y Estados Unidos firmaron un acuerdo el pasado mes de julio que incluye, entre otras cosas, el compromiso de comprar petróleo y gas de EE. UU. por valor de 750.000 millones de dólares durante los próximos tres años. «Nos habíamos olvidado hasta qué punto los países dependientes de los combustibles fósiles están a merced de los productores ante cualquier conflicto que pueda haber», explica Pedro Fresco, director general de la patronal de las energías renovables de la Comunitat Valenciana, AVAESEN. La guerra de Ucrania, los conflictos recientes en el entorno del golfo Pérsico (con la guerra en Gaza en el centro) y, ahora, la guerra en Irán se han encargado de recordárnoslo.
“Durante décadas, creímos que el comercio era global y que todo el mundo iba a actuar por intereses racionales. Pero ahora estamos en un escenario en que han vuelto el nacionalismo, el mercantilismo, las amenazas comerciales y los conflictos. Estamos en un escenario muy propicio para que este tipo de crisis se repita una y otra vez”, añade el ex director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. «La realidad del mundo fósil es que una potencia dependiente de los combustibles fósiles, como son todos los países europeos y la mayoría de los países del mundo, está a merced de cualquier cosa que le pase a los países productores. Y en un entorno donde el orden internacional se está debilitando, esto es extremadamente peligroso».
Irán es uno de los mayores productores de petróleo y gas del planeta, y posee más del 12% de las reservas conocidas de estos combustibles fósiles. Además, controla el estrecho de Ormuz, un paso entre el golfo de Omán y el golfo Pérsico por el que circula alrededor del 30% del comercio marítimo global de petróleo y el 20 % del de gas natural licuado. Tras el estallido del conflicto la semana pasada, una de las primeras medidas fue cerrar el estrecho, con lo que el tráfico de combustibles fósiles se ha desplomado. Además, los ataques a algunas de las mayores refinerías de Catar y Arabia Saudí las han obligado a parar.
Y así, en un abrir y cerrar de ojos, estamos de nuevo ante una fuerte subida de precios en los combustibles de los que depende prácticamente todo, desde la industria hasta la movilidad. “Los mercados energéticos son, en el fondo, mercados financieros y reaccionan inmediatamente a los posibles riesgos de suministro. Si se prevé un descenso de producción o de productos disponibles, el precio sube inmediatamente”, explica Fresco. El precio mayorista del gas en la UE se ha duplicado en una semana.
«Parece mentira, pero Europa ya se había olvidado de lo frágil que es al depender tanto de importaciones de petróleo y de gas. Se nos olvidó qué fue lo que nos llevó a la crisis energética de 2022», recalca Ana María Jaller-Makarewicz, analista de energía del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). «Necesitamos retomar el rumbo que marcó entonces el plan REPower EU. La seguridad energética no está en diversificar las fuentes de gas natural licuado, está en diversificar las fuentes de energía de nuestro sistema, incrementando renovables, electrificando los usos finales de la energía y reduciendo la demanda en la medida de lo posible».
Una crisis con una salida renovable
«Con tres tecnologías que ya están maduras podríamos eliminar dos tercios de nuestra dependencia de los combustibles fósiles». Pedro Fresco sostiene que apostar de forma decidida y a gran escala por las renovables para producir energía limpia de forma local, las baterías para almacenamiento y para movilidad eléctrica, y las tecnologías capaces de producir calor con electricidad (como las bombas de calor, que permiten reducir el uso de gas en calefacción) marcan el camino a seguir para evitar que conflictos como el de Ucrania o Irán se conviertan en crisis económicas de difícil manejo y, de paso, solucionar parte del problema climático. «En las crisis del petróleo de los años 70 no teníamos prácticamente ninguna alternativa a los fósiles, pero hoy sí tenemos opciones», señala el experto en energía.
«La transición energética es una política climática, pero también es una política de seguridad estratégica«, añade Jaller-Makarewicz. “Es una política que nos puede ayudar a lograr la independencia energética que necesitamos. Es cierto que hay ciertas tecnologías que hay que comprar en terceros países, fundamentalmente en China, pero hablamos solo de un coste inicial, después no vas a depender de comprarle mes a mes un combustible. Eso sin hablar que son tecnologías que podemos llegar a producir en la Unión Europea. En definitiva, necesitamos fortalecer y modernizar nuestros sistemas eléctricos, incrementar el uso de renovables y, en lo posible, reemplazar el consumo de gas y petróleo por fuentes alternativas”.
España es uno de los países con mayor implantación de renovables de la Unión Europea. Los últimos datos de Red Eléctrica señalan que la cuota de producción renovable se situaría cerca del 56 %. «Pero no podemos olvidar que el 75% de nuestros consumos energéticos no son eléctricos y dependen fundamentalmente del gas y del petróleo», subraya Pedro Fresco. “Tenemos que hacer un gran esfuerzo de electrificación, convertirnos en un electroestado”.
Para el experto en energía, el camino a esta transformación pasa por reformar las normativas para reducir el precio de la electricidad y así incentivar que las empresas y las personas opten por tecnologías electrificadas, por aprobar nuevas normas que impulsen la electrificación (a través de subvenciones y de obligaciones) y por seguir implantando masivamente plantas de producción renovable. «Hay muchas políticas posibles pero hay que aplicarlas todas a la vez. Y es importante que las cosas se hagan de forma coherente y que funcionen», concluye Fresco. Y es que dejar de quemar petróleo es una necesidad desde el punto de vista climático y medioambiental, pero también significa más seguridad e independencia en un mundo cada vez más incierto.





Entidades ecologistas reaccionan ante el caso Forestalia
Las entidades Asamblea Canal Roya, Plataforma en defensa de las Montañas de Aragón, Ecologistas en Acción de Monzón y la Plataforma 13-M por la Racionalidad Energética, representada por la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, eran conocedoras de las irregularidades cometidas tanto por la empresa Forestalia, como por administraciones públicas, y así lo han manifestado en los últimos años a la opinión pública. Han tenido que ser las actuaciones llevadas a cabo en la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ha calificado los hechos como presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, las que ha dado verosimilitud a todo ello.
Al respecto, quieren manifestar:
La indignación infinita, insondable e inextinguible ante las prácticas irregulares desveladas para conseguir Declaraciones de Impacto Ambiental corruptas para los proyectos de energías renovables, dejando en evidencia la falta de respeto por los pueblos y vecindarios afectados, y el desprecio por el medio ambiente al que llegaron tanto presuntos corruptores(la empresa Forestalia) como los políticos y empleados públicos que avinieron a corromperse, presuntamente, a cambio de un lucro que solo se puede calificar como despreciable.
Un profundo agradecimiento a la labor realizada por la UCOMA de la Guardia Civil, cuyo trabajo viene a refrendar las sospechas que habíamos expuesto, argumentado y acreditado en la medida de nuestras posibilidades a lo largo de los últimos años.
La necesidad de que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias en la Subdirección General de Evaluación Ambiental, en el MITERD, en el Gobierno de Aragón y en el INAGA,a pesar de la relevancia de los implicados que han podido actuar de manera ilícita en los múltiples proyectos tramitados.
Manifestamos un profundo malestar al comprobar que sospechas que se han manifestado desde distintos colectivos y Plataformas, que han estado vinculados a los procedimientos relacionados con la implantación de las renovables en Aragón, se han hecho realidad. Comprobamos pues que estos hechos están calificados como presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Recordamos que la Plataforma 13-M, representada por numerosas plataformas y grupos ecologistas, participó en el año 2024 en la comisión de las Cortes de Aragón creada para la investigación de posibles irregularidades en la implantación de las renovables. En dicha comisión enumeramos una por una la mayoría de las ilegalidades denunciadas estos días. A pesar de ello, las Cortes aragonesas cerraron esta comisión en falso, porque algunos grupos políticos bloquearon la misma y se negaron a incluir cualquier irregularidad a pesar de haberse detallado muy claramente.
Ante el supuesto anuncio de la ministra Aagesen relativo a la suspensión de los proyectos de Forestalia, deseamos indicar que ninguna de las noticias difundidas permite llegar a dicha conclusión. Simplemente se expresa que los trámites se encuentran parados por su judicialización o que pudiera ser por las suspensiones cautelares derivadas de los recursos de alzada presentados, pero en ningún momento se habla de una suspensión ex profeso.
Con motivo de todo lo anterior pedimos:
La suspensión cautelar de todos los proyectos de la empresa Forestalia que se están desarrollando en Aragón, independientemente de la fase en la que se encuentren.
El desmantelamiento del INAGA como instituto independiente y que se cree una Dirección General de Evaluación ambiental gestionada por funcionarios, con protocolos y directrices claras para evitar, en la medida de lo posible, las actuaciones irregulares que presumiblemente se han producido en proyectos renovables y de otros sectores.
La investigación dentro del MITERD para depurar responsabilidades, cesar a las personas involucradas en los posibles hechos delictivos o en su supervisión, si tuvieron algún conocimiento y no actuaron, y modificar los protocolos para que sucesos como estos no vuelvan a ocurrir.
Que asuman responsabilidades políticas aquellos cargos públicos que hayan podido obtener contraprestaciones ilícitas y aquellos que no hayan ejercido sus funciones de vigilancia como responsables jerárquicos.
Una revisión de todos los proyectos, y no solo de energías renovables, sobre los que se han manifestado posibles ilícitos o tratos de favor, así como una investigación rigurosa para destapar otras posibles prácticas fraudulentas en los organismos públicos encargados de la aprobación de proyectos.
Todo ellos con la finalidad de:
Preservar la convivencia en los pueblos.
Preservar y mantener los espacios naturales, los entornos rurales y los espacios agro-ganaderos como lugares de vida, biodiversidad y desarrollo.
Un desarrollo de las energías renovables distribuido, planificado y democrático.
Subordinar la economía y los intereses privados a la ética, a la moral, a las necesidades de las personas y a los límites físicos del medio ambiente.
Al objeto de conseguir lo enumerado remitiremos una carta con estas peticiones y la descripción de las denuncias presentadas a todos los grupos políticos de las Cortes aragonesas, de las Cortes españolas, al Gobierno de Aragón en funciones y al Gobierno de España, exigiendo la inmediata aplicación de estas medidas.
Rueda de prensa con declaraciones de los portavoces:
https://www.ecologistasenaccion.org/364645/entidades-ecologistas-reaccionan-ante-el-caso-forestalia/