Banco Santander relaja sus políticas climáticas mientras aumenta un 28% su financiación a la expansión fósil

La lógica de mercado no se rige por la lógica de la supervivencia ante la crisis climática y de biodiversidad. Queda patente año tras año con los miles de millones de dólares que la gran banca mundial destina a los combustibles fósiles, principales responsables de un planeta que se calienta por tierra, mar y aire.

Desde que el Acuerdo de París entró en vigor (2016), las mayores entidades financieras del planeta han inyectado 8,7 billones de dólares a la industria del petróleo, el gas y el carbón, según una nueva edición del informe Banking on Climate Chaos 2026, elaborado anualmente por diversas organizaciones. Tan solo en 2025, los 65 mayores bancos del mundo comprometieron 906.000 millones de dólares a este sector, lo que supone un incremento de casi el 8% respecto a 2024. 

En esta escalada fósil hay tres bancos españoles habituales en este tipo de ránkings. El principal es Banco Santander, que se sitúa en el puesto 21 a nivel mundial tras destinar 16.829 millones de dólares a empresas de combustibles fósiles solo el año pasado, un incremento del 6,2% en comparación a 2024. A lo largo del último lustro, la entidad presidida por Ana Botín ha inyectado un total de 62.483 millones de dólares al sector fósil.

Por su parte, BBVA ocupa el puesto 31 del ranking tras registrar un aumento del 23,1% en su financiación, aportando 10.785 millones de dólares durante el último ejercicio, lo que suma un total de 41.346 millones de dólares a lo largo de estos cinco años.

CaixaBank, que ha reducido su financiación general en un 34,2% hasta los 1.312 millones de dólares, se sitúa en la posición 58 tras haber acumulado un total de 15.968 millones de dólares en el periodo de 2021 a 2025. 

A nivel mundial, la financiación bancaria para la expansión de nuevos proyectos de petróleo, gas y carbón experimentó un salto del 27,1% en un solo año, superando los 508.000 millones de dólares en 2025. En el caso de los españoles, la financiación exclusiva de Banco Santander para empresas expansionistas creció un 28,5%, alcanzando los 9.200 millones de dólares. BBVA incrementó su apoyo a estas compañías en un 25,7%, destinando 6.500 millones de dólares. CaixaBank, en cambio, recortó su financiación a la expansión en un 35,1%.

Grave retroceso de las políticas climáticas internas del Santander

El informe de este año es especialmente crítico con Banco Santander, al señalar que casi ha duplicado sus compromisos de deuda fósil en 2025 en comparación con 2021. A esto, se suma un grave retroceso en sus políticas climáticas internas, socavando sus propias promesas de sostenibilidad. La entidad ha relajado el límite de aumento de temperatura de sus proyecciones, pasando del umbral crítico de 1,5 °C a un rango superior de 1,7 °C.

Además, el Santander ha diluido su ambición al convertir la meta de reducción de emisiones absolutas para 2030 en un objetivo de intensidad física mucho más débil, eliminando de paso las emisiones de alcance 3 de su perímetro de actuación. El banco presidido por Ana Botín también se ha sumado a Carbon Measures, una controvertida iniciativa contable impulsada por la industria fósil, incluida ExxonMobil, que promueve un modelo diseñado para borrar precisamente esas emisiones indirectas de los balances corporativos.

Finalmente, a esta lista de recortes ambientales se añade que el Santander ha modificado su normativa interna para permitir financiar a un mayor número de empresas que obtienen más del 25% de sus ingresos de la generación de carbón térmico.

En la práctica, esta relajación de las políticas climáticas se traduce en el apoyo a nuevas vías de expansión fósil, como la impulsada por el auge tecnológico. Un ejemplo claro se produjo en septiembre de 2025, cuando el Santander facilitó la adquisición por parte del fondo de inversión Blackstone del Hill Top Energy Center, una enorme planta de gas de 620 megavatios ubicada en el oeste de Pensilvania. Este proyecto no estaba destinado al consumo eléctrico tradicional, sino expresamente a alimentar la inmensa y creciente demanda energética de los nuevos centros de datos de inteligencia artificial. De hecho, la propia operación se justificó señalando que la central se encuentra en un área ideal para «servir como un centro estratégico para impulsar el futuro de la IA» en el país.

Por su parte, CaixaBank también diluyó sus compromisos ambientales este último año al dar marcha atrás en sus restricciones previas sobre la financiación del carbón metalúrgico, utilizado principalmente para la producción de acero.

El repunte global en la financiación fósil y el debilitamiento de las políticas bancarias coincide con grandes presiones políticas contra la acción climática. En Estados Unidos, las órdenes ejecutivas de la administración de Donald Trump han presionado a las instituciones financieras para que mantengan su servicio a los intereses fósiles y descarten los riesgos socioambientales. Esta reacción política ha servido como licencia social para que muchos bancos abandonen alianzas climáticas como la Net-Zero Banking Alliance (NZBA) y aumenten su apoyo al sector.

Como resultado, la banca estadounidense representa ahora más del 32% de toda la financiación fósil mundial. Todo este capital, además, se concentra en manos de apenas doce bancos internacionales, la denominada «docena sucia», que controlan casi el 39% de los acuerdos financieros fósiles a nivel planetario.

La decisión del sector bancario de prolongar esta infraestructura acarrea graves consecuencias macroeconómicas y exacerba la crisis del coste de vida en todo el mundo. El informe expone una realidad en la que las crisis geopolíticas y energéticas actúan como enormes mecanismos de transferencia de riqueza hacia las élites. En este sentido, las organizaciones recuerdan que, mientras los hogares enfrentan facturas inasumibles y los países importadores lidian con la inflación, la industria fósil amasa beneficios extraordinarios gracias a la guerra y la inestabilidad. Los datos confirman que el 84% de las ganancias extraordinarias del sector terminaron en manos del 10% más rico de la población.