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Eduardo Robaina
El Banco Santander es el mayor financiador de la Unión Europea de Cresud, empresa responsable de deforestar miles de hectáreas de ecosistemas claves, según denuncia la ONG Global Witness. En una investigación desvelan que la entidad presidida por Ana Botín ha cofinanciado las actividades de la compañía argentina y su filial BrasilAgro con 1.300 millones de dólares desde 2011.
Paradójicamente, la financiación hacia Cresud se ha incrementado desde 2018, año en el que Banco Santander se comprometió a «limitar su participación en determinadas actividades (sujeto a que sus impactos ambientales y sociales sean previamente analizados en detalle), como las actividades petrolíferas y de gas en zonas geográficas sensibles, o las actividades relacionadas con la producción de pasta de papel y papel, aceite de palma o soja”. Desde 2018 hasta 2024, el Santander ha sido coasegurador de 850 millones de dólares de deuda para Cresud.
Con el paso de los años, el banco español ha ido actualizando su política de sostenibilidad, pero sigue sin descartar claramente la inversión o suscripción de proyectos relacionados con la deforestación.
Acorde al análisis de Global Witness, la deforestación llevada a cabo por el gigante agrícola Cresud en este siglo asciende a 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay, el equivalente casi a tres veces el tamaño de Madrid. Los bosques afectados incluyen el Chaco argentino y paraguayo, el Chiquitano boliviano y el Cerrado brasileño. Y en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por esta actividad –en algunos de los bosques más ricos en carbono y biodiversidad del mundo– igual a que una persona tome 30 millones de vuelos transatlánticos.
A pesar de estos datos y el claro daño al medio ambiente, Global Witness revela que Cresud ha obtenido certificaciones de sostenibilidad para dos de sus explotaciones. Asimismo, la empresa también ha mostrado su intención de acceder al mercado de créditos de carbono para recibir pagos por los bosques que quedan en sus propiedades.
Los 1.300 millones de dólares que ha recibido Cresud gracias a Santander fueron suscritos conjuntamente junto a múltiples bancos argentinos e internacionales, y el Santander asumió con frecuencia el papel de suscriptor principal, según la ONG, que asegura que la entidad de Botín no les ha negado que sigan financiando al gigante agrícola.
El año pasado, el Santander fue el mayor acreedor de la UE a empresas de «riesgo forestal» directamente implicadas en la carne de vacuno, el aceite de palma, la soja y otras cadenas de suministro agrícola que provocan la mayor parte de la deforestación tropical.
A través de su filial en Argentina, Banco Santander ha sido el principal suscriptor de 35 de los 47 bonos emitidos por Cresud desde 2002, y los consorcios codirigidos por el banco representan más del 90% del valor total en dólares de los bonos emitidos por la empresa.
Desde Global Witness explican que los grupos bancarios codirigidos por Banco Santander han ayudado a suscribir más de tres cuartas partes de los bonos emitidos por la empresa desde 2011, y el banco ha proporcionado más de 50 millones de dólares en préstamos a Cresud directamente.
Cuando un banco como el de Ana Botín suscribe un bono para una empresa, le está ayudando a conseguir dinero de otros inversores, garantizando comprar el bono si no se vende. El Santander, según la ONG, también posee acciones de Cresud.
Contactados por Climática, Banco Santander se ha limitado a remitir la parte de su informe anual dedicada a la sostenibilidad. En el documento se señala que «como parte del proceso de aprobación de crédito, Santander trabaja con una empresa de imágenes satelitales que hace seguimiento de las propiedades que financiamos o tomamos como garantía durante todo el plazo del préstamo» y que hacen «seguimiento a aproximadamente 19.000 propiedades comprobando si existen alertas por deforestación». Asimismo, sostienen haber alineado «su ambición con la de la industria financiera brasileña» para frenar la deforestación ilegal, si bien se limita a «la región de la Amazonia Legal brasileña».
En 1994, Alejandro Gustavo Elsztain se convirtió en el nuevo director general de Cresud y propuso un novedoso plan de negocio, detalla Global Witness: ¿Y si adoptara el enfoque de la inversión inmobiliaria y lo aplicara a las tierras rurales del país?
Treinta años más tarde, parece haberles funcionado. En 2010, la empresa obtuvo unos ingresos de 49 millones de dólares y en 2024 habían aumentado a 1.400 millones de dólares.
En 2005 se creó la filial BrasilAgro para ampliar su modelo de negocio en Argentina, y actualmente posee explotaciones en los países vecinos, Paraguay, Bolivia y Brasil. Tanto Cresud como BrasilAgro –que cotizan en bolsa, incluida la de Nueva York– están implicadas también en múltiples controversias relacionadas con los medios de subsistencia de los pueblos indígenas en toda Sudamérica.
En julio de 2024, el gerente general de Operaciones en Argentina de Cresud, Diego Chillado Biaus, aseguró: «Vemos el campo como un activo que se puede comprar y vender».
Cresud evita la palabra «deforestación» en sus materiales de cara al público y utiliza muchos términos eufemísticos como «estabilizar» en sus materiales y declaraciones de cara al público: «desarrollar» la tierra para alcanzar su «potencial productivo», y «transformación» de la tierra.
«Las vagas políticas del Santander dejan la puerta abierta a la deforestación y a los abusos contra los derechos humanos vinculados a la agroindustria sudamericana. Para mostrar un compromiso real con el fin de la deforestación, el Santander debería empezar por exigir explícitamente a sus clientes y proveedores que no contribuyan a la conversión o degradación de los ecosistemas naturales», apunta Ola Janus, responsable de la campaña Bancos y Naturaleza de BankTrack, una ONG que busca que los bancos rindan cuentas de sus compromisos.
Dado que Cresud vende frecuentemente fincas a otras empresas, desde Global Witness solo pudieron analizar la deforestación en propiedades que actualmente posee la empresa, por lo que las cifras reales de deforestación podrían ser mucho mayores.
En los últimos años, Banco Santander ha aparecido en múltiples informes por financiar la destrucción de ecosistemas y el calentamiento global. El año pasado, por ejemplo, prestaron más de 600 millones de dólares a empresas directamente implicadas en la carne de vacuno, el aceite de palma, la soja y otras cadenas de suministro agrícola que provocan la mayor parte de la deforestación tropical, según datos de Forest and Finance.
También en 2024 salió a la luz una investigación académica de dos institutos británicos en el que se señalaba al Banco Santander –y al BBVA– de financiar con 15.000 millones a empresas que deforestan la Amazonia brasileña.
En los últimos años, la propia Global Witness ha demostrado los vínculos financieros del Santander con importantes empresas agrícolas vinculadas a la deforestación, como JBS, Minerva and Cargill.
En materia climática, el informe Banking On Climate Chaos señalaba que el Banco Santander incrementó en 2023 un 77% sus inversiones fósiles, siendo una de las principales entidades que más invierten en combustibles fósiles y en la degradación de la Amazonia y el Ártico.
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La Alianza Cero Deforestación exige la urgente aprobación de la ley española que implemente el Reglamento Europeo contra la deforestación.
Organizaciones sociales, sectores empresariales y grupos parlamentarios en el Congreso coinciden en la urgencia de actuar para garantizar cadenas de suministro de materias primas libres de deforestación y proteger los ecosistemas y los derechos de las comunidades locales.
El 12 de mayo el Congreso de los Diputados acogió la jornada ‘Un futuro libre de deforestación’, organizada por la Alianza Cero Deforestación (coalición de 12 organizaciones ambientales y de consumidores), donde se debatió la implementación en España del Reglamento europeo contra la Deforestación (EUDR 2023/1115). El evento contó con la participación dela Subdirectora General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, de los grupos parlamentarios en el Congreso, representantes de sectores productivos y miembros de la sociedad civil de países afectados por la deforestación (como Brasil), quienes coincidieron en la necesidad de aprobar en el Congreso una ley ambiciosa y con recursos suficientes para aplicar esta normativa esencial y salvaguardar la biodiversidad del planeta.
Cada año se pierden 10 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo, debido fundamentalmente a la expansión de la agricultura industrial en manos de grandes empresas.
La deforestación es responsable del 11 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
El 40 % de las importaciones españolas de materias primas como soja, carne, caucho o aceite de palma proceden de regiones con alta deforestación (datos de WWF, 2024).
Un marco histórico, pero insuficiente sin acción inmediata:
El EUDR, aprobado por amplia mayoría en el Parlamento Europeo en 2023, prohíbe la entrada en el mercado europeo de productos vinculados a la deforestación o al incumplimiento de las leyes nacionales. Sin embargo, su éxito depende del desarrollo de una legislación efectiva en España.
Durante la jornada, se destacó que el gobierno debería:
Llevar al Congreso en los próximos meses el anteproyecto de ley estatal de productos libres de deforestación que garantice la aplicación homogénea del EUDR, con mecanismos de control y sanciones efectivas.
Dotar de recursos a las administraciones para supervisar cadenas de suministro y asegurar la trazabilidad.
Seguir manteniendo el diálogo en el Estado español con las asociaciones sectoriales y sindicatos afectados –de las cadenas de suministro de soja, aceite de palma, carne de vacuno, madera, café, cacao y caucho– para ampliar el conocimiento de la norma entre los sectores productivos, facilitar su cumplimiento a través de la formación o incrementar la digitalización en estos sectores.
Cooperar con los países productores para proteger los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales, actores clave en la conservación de los bosques, así como colaborar con la pequeña producción de café, cacao, soja, aceite de palma, etc con el fin de que pueda formar parte de las cadenas de suministro libres de deforestación.
Evitar retrocesos en el alcance y objetivos de la norma, mejorando su ambición climática y social, sin dejar a nadie atrás.
Llamamiento a la coherencia política y empresarial
“El tiempo de las declaraciones ha terminado. España debe liderar esta transición con hechos”, han señalado desde la Alianza Cero Deforestación. “Exigimos al Gobierno que priorice esta ley en la agenda parlamentaria para que esté aprobada antes del verano y que las empresas asuman su responsabilidad en la transformación de sus cadenas de valor”.
La jornada cerró con un mensaje claro: la deforestación importada es un problema global enorme y su solución requiere voluntad política, colaboración e implicación de los sectores afectados y movilización ciudadana.
Próximos pasos
La Alianza Cero Deforestación anunció que intensificará su labor de incidencia ante el Gobierno y el Congreso de los Diputados, y anima a los medios de comunicación a vigilar este proceso decisivo para la credibilidad climática de España.
EL SANTANDER, COMO EL MERCADONA, A MAS MAFIOSOS MAS CLIENTES TIENEN, Y LUEGO, LAS MASAS SE QUEJAN DE COMO ESTA EL MUNDO. LO HEMOS ALIMENTADO NOSOTROS, CON NUESTRA INCONSCIENCIA, DESINFORMACION Y MANIPULACION.
SANTANDER, BBVA, CAIXABANK, NO SOLO FINANCIAN LA DESTRUCCION DE LA NATURALEZA, TAMBIEN ESTAN FINANCIANDO AL GOBIERNO GENOCIDA DE ISRAEL.
«También en 2024 salió a la luz una investigación académica de dos institutos británicos en el que se señalaba al Banco Santander –y al BBVA– de financiar con 15.000 millones a empresas que deforestan la Amazonia brasileña.
En los últimos años, la propia Global Witness ha demostrado los vínculos financieros del Santander con importantes empresas agrícolas vinculadas a la deforestación, como JBS, Minerva and Cargill.
En materia climática, el informe Banking On Climate Chaos señalaba que el Banco Santander incrementó en 2023 un 77% sus inversiones fósiles, siendo una de las principales entidades que más invierten en combustibles fósiles y en la degradación de la Amazonia y el Ártico».
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CRESUD, BRASILAGRO, JBS, MINERVA, CARGILL, BANCO SANTANDER, BBVA…
…como son pocos a depredar y a destruir…
La empresa estadounidense Wildlife Works tiene un proyecto para utilizar la selva tropical del pueblo indígena Ka’apor (Alto Turiaçu) para vender créditos de carbono. Sin embargo, el consejo indígena Ka’apor lo rechaza. Los Ka’apor conservan su selva hasta hoy y no quieren que lucren con la naturaleza ni que provoquen conflictos.
Desde 2023, el consejo del pueblo indígena Ka’apor (en su lengua, llamado Tuxa Ta Pame) se queja de la presencia de Wildlife Works en su territorio Alto Turiaçu, de 531.000 hectáreas, en la región amazónica. La empresa pretende utilizar el territorio indígena para generar y vender créditos de carbono.
Los certificados de CO2 permiten, por ejemplo, a empresas petroleras y de aviación darse un barniz verde, mientras emiten CO2 para permitirse a sí mismas dañar de este modo el clima y el medio ambiente.
Los Ka’apor han conservado hasta hoy la selva tropical del Alto Turiacu y la defienden activamente contra la deforestación de empresas madereras, ganaderos, cazadores furtivos y empresas mineras, a pesar de las constantes amenazas.
Entienden la naturaleza como un ser vivo y la respetan en todas sus formas: animales, vegetación, masas de agua y seres espirituales. De hecho, para los Ka’apor, cada vida tiene un alma que no puede cambiarse por dinero.
Como parte del proyecto CO2, unos desconocidos se adentran en la selva tropical de los Ka’apor y llevan a cabo actividades con el objetivo de persuadir a la población que acepte el proyecto. La perspectiva es obtener millones de dólares.
El Consejo Ka’apor se opone frontalmente al proyecto y ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público Federal y la autoridad indígena estatal FUNAI. Wildlife Works no ha obtenido el consentimiento previo, libre e informado del pueblo Ka’apor, como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU.
Las actividades de la empresa y sus promesas están provocando tensiones y conflictos internos entre los indígenas, lo que también pone en peligro sus esfuerzos por proteger la selva y defenderla de los intrusos. Y debido a su oposición al proyecto, los miembros del Consejo Ka’apor están recibiendo amenazas.
Por favor, firma esta petición que Salva la Selva hará llegar al gobierno del Brasil:
https://www.salvalaselva.org/peticion/1308/mercado-de-carbono-fuera-de-la-selva-de-los-indigenas-kaapor-en-brasil?mtu=630256712&t=26519
Banca en España: récord de beneficios ¿Volveremos a rescatarla?
La banca en España ha tenido récord de beneficios en 2024. Pero lo que no te han contado es que una cuarta parte del incremento está relacionado con que ya no paga al Fondo de Garantía de Depósitos ni al Fondo Único de Resolución. 2.549 millones menos que en 2023. Un disparate.
¿Por qué los bancos aportaban menos de lo que deberían por el aval que les da el estado a los sistemas de garantía de depósitos y ahora no ponen ya nada? Porque prefieren acumular beneficios y repartirlos entre sus accionistas. Lo peor es que se lo permitimos. Lo pagaremos caro.
Las aportaciones realizadas por la banca española a sistemas de garantía siempre han sido muy inferiores a las que deberían hacer. Imaginaos un aval (que damos a la banca entre todas y todos) de un billón de euros. ¿Cobrar un 0,27% es “precio de mercado”? Evidentemente, no.
En 2024 no ha habido aportación al Fondo de Garantía de Depósitos y solo 53 millones al compartimento de valores. Tampoco han puesto nada la banca en el Fondo Único de Resolución. Con respecto al promedio de los dos años anteriores, supone un 99,3% menos, 2.583 millones de ahorro.
El Fondo de Garantía de Depósitos ha acumulado recursos que suponen una ratio sobre los depósitos cubiertos del 0,90%, nivel con holgura por encima del mínimo regulatorio señalado: Informe Anual 2024. Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.
Como el Fondo Único de Resolución ha alcanzado el 1% de los depósitos garantizados que se había planteado como objetivo, no ha habido contribuciones en 2024: Fondo Único de Resolución
¿Para qué sirve el Fondo de Garantía de Depósitos? Para blindar nuestros ahorros en la banca hasta 100.000 euros por titular y entidad. ¿Y el Fondo Único de Resolución? Para que no haya que poner dinero público para rescatar bancos si quiebran. ¿Por qué ahora dejan de aportar?
Los bancos dejan de aportar dinero al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo Único de Resolución porque “hay demasiado dinero ahorrado”. El patrimonio neto del FGD es de casi 9.000 millones, el 0,9% de lo garantizado. Pero eso no es nada si vienen mal dadas.
En 2009 el patrimonio neto del Fondo de Garantía de Depósitos era del 1,2% de los ahorros garantizados y más de 8.000 millones. En menos de dos años se había volatilizado y pasó a tener fondos propios negativos. Que ahora con un 0,9% digan que es suficiente causa rubor.
Si comparamos el patrimonio neto del Fondo de Garantía de Depósitos con los depósitos y los valores que el sistema protege, se ve claro el desequilibrio. 8.967 millones de ahorro frente 1.028.700 millones. No hay ni para empezar, ni para que una entidad pequeña tenga problemas.
Tampoco el Fondo Único de Resolución tiene recursos para tirar cohetes. En 2024 la banca española ha aportado a este mecanismo 7.510 millones para responder de un pasivo exigible (excluido los depósitos garantizados) de 1,7 billones de euros. Una gota en el océano.
– Los hilos de Sánchez Mato- LoQueSomos-