La Justicia gallega prohíbe a la Xunta habilitar nuevas macrogranjas en la comarca de A Limia 

La sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Galicia –difundida el pasado viernes– que obliga a la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y Limia a reparar la contaminación del embalse de As Concha, envenenado desde hace dos décadas por nitratos procedentes de los vertidos de purines, incluye también un mandato sin precedentes. El escrito, al que ha tenido acceso Climática, prohíbe a la administración que dirige Alfonso Rueda (PP) conceder nuevas licencias de macrogranjas o ampliar las existentes en la comarca de A Limia hasta que “la situación de degradación ambiental se haya revertido”.

La resolución aparece en las “medidas correctoras” de la sentencia Nº 313/2025. En la página 108 del fallo judicial, el TS de Galicia ordena adoptar “una moratoria específica para la tramitación y concesión de nuevas licencias y autorizaciones o cualquier otro título autorizatorio para la instalación de estas explotaciones ganaderas”. La prohibición alcanza a la industria porcina, vacuno y avícola en toda la comarca de A Limia (once ayuntamientos), por donde transcurre la cuenca afectada.

“Es una parte clave de la sentencia y un éxito sin precedentes. Creemos que se trata de una medida de enorme calado. Si queremos solucionar un problema, tenemos que dejar de agravarlo. Como dice el dicho proverbio chino, para salir del hoyo primero hay que dejar de cavar”, subraya Jamie Doreste Hernández, abogado de Ecologistas en Acción, uno de los letrados de la demanda.

A Limia tiene el mayor contingente porcino de Ourense, una provincia donde hay registrados más cerdos (378.729) que habitantes (304.550). Con 160.000 cabezas, esta comarca lidera, según cifras del Ministerio de Agricultura, un ranking en el que le siguen a gran distancia Allariz-Maceda (44.562) y O Carballiño (34.660).

Esta saturación de animales, la mayoría concentrados en explotaciones muy intensivas, es lo que, a juicio del TS de Galicia, ha desencadenado una “grave contaminación de la cuenca”, vulnerando los derechos fundamentales –el “disfrute del agua”, entre otros– de los vecinos de la zona. Nunca antes en Europa un tribunal había condenado la gestión de las macrogranjas con la lupa puesta en los derechos humanos.

Reparación y moratoria

En la sentencia, los magistrados Azucena Recio, José Antonio Parada, Enrique García Llovet y Antonio Martínez Quintanar obligan a la Xunta a “adoptar inmediatamente cuantas medidas sean necesarias para que cese la degradación ambiental de la cuenca del río Limia a fin devolverles el pleno disfrute de los derechos fundamentales” a la ciudadanía damnificada.

“Se declara la vulneración de los derechos fundamentales: derecho a la vida y en su relación con el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad”, dicta la sentencia. Además, el Tribunal estima que “los interesados experimentan un innegable perjuicio moral que no ha cesado; además de las molestias provocadas por las emanaciones de gases (bioaerosol) y los olores provenientes del embalse”, así como una situación de riesgo para la salud derivada del consumo y/o utilización del agua por la alta concentración de nitratos y la existencia de cianobacterias”. 

La contaminación, agregan los jueces, “provoca angustia y ansiedad al ver que la situación se prolonga en el tiempo, casi 24 años”. Por tanto, la Xunta y Confederación deberán indemnizar a los vecinos “con una cantidad mensual de mil euros hasta un máximo de 30.000 euros” para cada uno hasta que no se corrija la grave situación ambiental”. 

“La otra pata de la sentencia, de la que no se está hablando, es la moratoria. Es otro hito”, afirma Doreste, integrante de un equipo profesional liderado por la organización ClientEarth y dirigido por la abogada Nieves Noval. La demanda fue llevada a cabo por siete vecinos a título particular más la asociación vecinal del pueblo de As Conchas y la Federación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), además del asesoramiento de Amigos de la Tierra.

“Lo increíble es que la Xunta sigue diciendo que la calidad de las aguas es excelente, porque no mide las cianobacterias. Con esta negación, promueve y autoriza competiciones deportivas y campamentos en este embalse”, lamenta.

En el juicio, la Xunta ha sostenido que no tiene competencia para adoptar una moratoria, debido a que carece de base legal para hacerlo. “Esto es mentira”, aclara Doreste. Castilla-La Mancha resolvió en 2022 una moratoria similar que concluyó a principios de este año. En la última década, el número de cerdos en esta comunidad creció un 34%. Las macrogranjas se duplicaron entre 2012 y 2022: de 111 a 221, según datos recopilados por Greenpeace.

En este caso, la Xunta deberá hacer lo mismo en la comarca de A Limia. No por voluntad propia, sino por orden judicial. “La situación ya es de grave riesgo para la salud de las personas. Más macrogranjas aumentaría este riesgo. Ojalá que esta sentencia y esta moratoria sirvan para repensar un modelo productivo totalmente insostenible”, concluye Doreste.