Sin ciudadanía no hay pacto democrático: hagamos un Parlamento Ciudadano Permanente

Por Jade de Cock, Agnès Delage, Rita Kunzler, Verónica Van Horenbeke (Rebelión o Extinción y Rebelión Científica) // Esta semana, en Ponferrada, el Gobierno de Pedro Sánchez ha inaugurado la Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, en una de las zonas más devastadas por el fuego este verano. Los incendios, entre los peores del siglo, arrasaron pueblos, montes y cosechas, dejando un país exhausto y una evidencia imposible de negar. Y por fin, después de tanto humo —literal y político—, vemos señales de querer actuar y de avanzar hacia un histórico acuerdo de país, capaz de mirar de frente a la extrema emergencia climática. 

En este primer encuentro se ha convocado a partidos políticos, empresas, personas de la academia y organizaciones socioambientales en busca de un marco común que mire más allá de los calendarios electorales. Sin embargo, los consejeros de Medio Ambiente de las catorce comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular —muchas en coalición con Vox— han rechazado participar, descalificando la convención como “propaganda”. Otra evidencia de la urgencia de construir una democracia capaz de protegernos ante un riesgo vital de dimensiones inéditas.

Hace dos años reclamábamos precisamente esto, un Pacto de Estado, y lo hicimos con una acción de desobediencia civil. El 23 de julio de 2023, activistas de Rebelión o Extinción y Rebelión Científica intentamos bloquear la entrada a RTVE para entregar el informe científico internacional del IPCC a los candidatos que acudían al debate electoral. Exigíamos un Pacto de Estado ante la emergencia climática, al igual que hizo la Asamblea Ciudadana para el Clima de 2022 en una de sus recomendaciones, e institucionalizar de manera permanente la participación de toda la ciudadanía. 

Hoy, ese Pacto parece, por fin, estar sobre la mesa, aunque de momento no todos los protagonistas necesarios se sientan alrededor. Pero ¿de verdad es más y mejor democracia? 

Lo llaman participación pero no lo es

Hace unos días nos llegó la invitación para ir a la Convención de Ponferrada. De prisa, y porque pertenecemos a una militancia ecologista no profesionalizada, buscamos quien cuidara a nuestras criaturas, pedimos un par de días libres y salimos, sin haber tenido el tiempo de arreglar la lavadora que goteaba. Nos marchamos hacia Ponferrada, como representantes de Rebelión o Extinción y Rebelión Científica, dos movimientos nacidos de la gran ola de movilización climática de 2018. Llevábamos una demanda simple: sin participación ciudadana real, no habrá transición ecológica justa ni un auténtico Pacto de Estado ante la emergencia climática.

Al llegar a La Térmica Cultura –antigua central de carbón– nos encontramos con las caras de siempre: muchas personas de la academia, muchas figuras del activismo y de la divulgación ambiental. Alguna que otra vendiendo optimismo ante empresarios educadamente aburridos, y ante brigadistas forestales que se habían jugado la vida hace tan sólo unas semanas. 

Algunos partidos políticos brillaban por su ausencia (sin sorpresa).

Y la ciudadanía también. Porque en este proceso iniciado en Ponferrada existen tan solo dos formas de “participar” como ciudadanía: para la gente de a pie: rellenar un formulario en línea, con un límite ridículo de 300 caracteres, o —para quienes formamos parte de la “ciudadanía organizada” con acceso a información privilegiada— representar los intereses de nuestro colectivo. A eso lo llaman participación. Pero no lo es.

Son sencillamente simulacros tecnocráticos que no sirven para construir políticas transformadoras y está demostrado que este citizenwashing aleja cada vez más a la gente de sus representantes y de las ONGs verdes. De hecho, ninguno de estos mecanismos cumple los estándares del Convenio de Aarhus, que considera legítima la participación solo si permite influir de forma decisiva en las decisiones políticas. En Ponferrada, el Consejo de la Juventud de España alertó en su propio informe: la representación debe incluir tanto a la sociedad organizada como a la no organizada, para reflejar la diversidad real del país. El informe del IPCCtambién lo dejó claro en 2022: la mitigación y la adaptación solo serán sostenibles si se acompañan de equidad y participación ciudadana significativa en todos los niveles. Y el Consejo de Europa (Resolución 2552 de 2024) recomienda institucionalizar órganos participativos permanentes para reforzar la democracia frente al autoritarismo y el negacionismo climático. 

El diagnóstico es compartido. Pero ¡cuánto nos cuesta sumar uno más uno! 

Tras el primer día de la Convención, ya entrada la noche, activistas y políticos verdes debatíamos los dilemas de siempre. ¿Más renovables? ¿Colonizar la España vaciada con industria verde para dejar de extraer fósiles en el Sur global? Pero ¿y si el verdadero problema es que esas falsas alternativas mantienen el poder donde siempre ha estado? 

En algo sí coincidimos: éstos pueden ser los últimos coletazos de una democracia progresista antes de la caída en el fascismo. Sabemos que las políticas medioambientales actuales carecen de legitimidad ciudadana. Sabemos que se ha perdido la confianza pública en la acción de transformación justa. Y, sin embargo, seguimos proponiendo medidas “modestas” por parecer más “realistas”. Quizás ha llegado el momento de confiar en que seamos las y los ciudadanos informados por la ciencia quienes decidamos en mayoría, dando a la acción climática una verdadera voz democrática. 

Un Parlamento Ciudadano Permanente 

Por eso desde Rebelión o Extinción y Rebelión Científica, junto a muchos expertos a diversos otros colectivos sociales, entre ellos Greenpeace España, proponemos crear un Parlamento Ciudadano Permanente. Un órgano estable e institucionalizado, con participación real en la toma de decisiones e integrado al desarrollo de un futuro Pacto de Estado sobre emergencia climática. Con una estructura participativa sólida, con acceso garantizado a la información, capacidad de decisión y mecanismos de rendición de cuentas. 

Un Parlamento Ciudadano Permanente, debería tener competencias para: 

• Deliberar sobre políticas climáticas basadas en evidencia científica. 
• Emitir propuestas con respuesta obligatoria y motivada por parte del Parlamento y el Gobierno. 
• Supervisar el cumplimiento de los compromisos climáticos mediante informes públicos y audiencias periódicas. 

Compuesto por personas seleccionadas anualmente por sorteo, representativas de regiones, género, edad y sectores sociales, con una agenda limitada (dos temas prioritarios al año) y apoyo técnico independiente, su funcionamiento garantizaría transparencia, inclusión, diversidad lingüística y social, contando con una facilitación profesional e independiente.  

No se trata de reemplazar a los partidos, sino de reequilibrar el poder: devolver la democracia a la gente informada por la ciencia y por los actores sociales. Sin participación ciudadana vinculante, el Pacto de Estado corre el riesgo de ser una foto más en mitad del desastre. Es hora de que la democracia recupere su fuerza y que sea ella la que nos impulse, con justicia y participación, hacia un futuro que podamos realmente sostener y habitar.