The Metals Company busca la autorización de Trump para empezar a minar el fondo del mar

La compañía canadiense The Metals Company puede haber encontrado en la administración Trump el aliado perfecto para impulsar sus planes de minería submarina en aguas internacionales. Los cambios recientes en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) y la oposición a extraer minerales del fondo del océano de un número creciente de países han provocado un cambio de estrategia en The Metals Company: la compañía negocia ya con el nuevo Gobierno de Estados Unidos una autorización que le permita saltarse los acuerdos internacionales y empezar a minar las profundidades marinas lo antes posible.

Aunque cada país puede decidir qué hacer en sus aguas territoriales, los fondos de las aguas internacionales son patrimonio común de la humanidad y, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, su regulación depende en exclusiva de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Durante los últimos años, la ISA ha autorizado varias decenas de proyectos de exploración en el Atlántico, el Índico y el Pacífico. Sin embargo, no ha logrado redactar una regulación consensuada bajo la cual permitir la explotación comercial de los recursos mineros del fondo del mar.

La principal razón para no permitir la minería submarina es el escaso conocimiento que existe sobre la zona que se quiere explotar, a miles de metros de profundidad, las dinámicas de los ecosistemas de aguas profundas y los impactos que la actividad podría tener sobre ellos. De hecho, la poca información científica que se ha recabado durante los últimos años señala que los daños ambientales superan con creces los posibles beneficios de explotar los recursos submarinos, tal como explican desde la Deep Sea Conservation Coalition. Esta es también la razón principal que esgrimen los 33 países que han establecido moratorias o prohibiciones a la minería submarina en sus aguas (entre los que está España y a los que acaba de sumarse Portugal).

¿Libertad para minar el fondo del mar?

The Metals Company lleva más de una década liderando los esfuerzos de un grupo de países y empresas para que la ISA autorice la explotación comercial del fondo del mar. Lleva también más de una década prometiendo a sus inversores resultados concretos y un retorno importante del dinero invertido. Sin embargo, no ha logrado hacer avanzar sus planes. De hecho, tras la elección de Leticia Carvalho como nueva secretaria general de la ISA, las probabilidades de que se autorice la actividad a corto plazo han disminuido. Carvalho es, a priori, mucho menos entusiasta que su predecesor, Michael Lodge, y ha reiterado que cualquier decisión al respecto se deberá tomar de acuerdo al conocimiento científico robusto y manteniendo los principios de precaución y sostenibilidad.

Tras la toma de posesión de Carvalho el pasado 1 de enero, The Metals Company no ha tardado en mover ficha. En la presentación de los resultados del primer trimestre del año ante sus accionistas, la compañía canadiense anunció que está negociando con el nuevo Gobierno de Donald Trump una autorización que le permita iniciar su actividad lo antes posible. “Necesitamos un organismo regulador con un marco legal sólido que esté dispuesto a valorar nuestra solicitud de forma justa”, señaló Gerard Barron, CEO de la compañía, en un comunicado. “Por ello, hemos iniciado el proceso de solicitud de licencias y permisos conforme al código vigente de minería de los fondos marinos de Estados Unidos”.

De acuerdo con la compañía, la filial estadounidense de The Metals Company ha estado ya en contacto con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y espera presentar una solicitud formal de autorización durante el segundo trimestre de 2025. En declaraciones a The New York Times, el Departamento de Comercio (bajo el que opera la NOAA) aseguró estar en desacuerdo con la interpretación del derecho internacional que hace la ISA ya que, según sus leyes nacionales y en especial la Deep Seabed Hard Mineral Resources Act de 1980, las empresas estadounidenses pueden solicitar licencias para la minería comercial en aguas profundas fuera de la jurisdicción nacional. Además, confirmó que The Metals Company se había puesto en contacto con este departamento.

Por otro lado, la agencia Reuters también ha publicado, citando fuentes internas de la Casa Blanca, que la Administración Trump está valorando seriamente la aprobación de una orden ejecutiva (similar a un decreto) que refuerce el derecho de Estados Unidos a extraer minerales críticos del fondo del océano y que permita a las compañías mineras saltarse la regulación de la ISA.

El cambio de discurso de The Metals Company para acercarse a la Casa Blanca también es evidente. “La ISA no tiene un mandato exclusivo para regular las actividades mineras en los fondos marinos. Más de dos docenas de países no han ratificado el tratado y no reconocen la jurisdicción de la ISA como vinculante, a pesar de las afirmaciones de la secretaria general”, señaló Gerard Barron en una carta abierta a los accionistas de la compañía. “La libertad de explotar los fondos de las profundidades marinas, al igual que la libertad de navegación, es una libertad de la que gozan todas las naciones”.

¿Y qué dice la ISA?

Durante las últimas dos semanas, los miembros de la asamblea de la ISA se han reunido en Kingston, Jamaica, para seguir negociando una posible regulación de la minería submarina bajo los estándares que establece la ONU. Este marco regulatorio parece lejos de hacerse realidad, pero la ISA ha vuelto a dejar que no tendrá en cuenta ninguna petición para explotar comercialmente los fondos marinos hasta que este conjunto de normas está claro. Además, en el cierre de la sesión, la secretaria general mostró su desacuerdo con los movimientos de The Metals Company.

Leticia Carvalho insistió en que la ISA tiene autoridad exclusiva sobre todas las actividades en los fondos marinos de aguas internacionales en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y afirmó que cualquier acción unilateral fuera de este marco viola el derecho internacional y socava los principios de gobernanza multilateral –principios que, por lo visto hasta ahora (y en su mandato anterior), Donald Trump no tiene en gran consideración–.