EFE
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El cálculo de la huella de carbono para las empresas más grandes, la recogida selectiva de residuos textiles y la nueva normativa para etiquetar envases son algunas de las obligaciones medioambientales que entrarán en vigor en España el próximo 1 de enero de 2025, dentro del proceso de transición ecológica.
La huella de carbono, uno de los conceptos fundamentales de esta transición, hace referencia a la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos en este caso por las compañías, de manera directa o indirecta, y su medición se lleva a cabo de acuerdo con estándares internacionales, con intención de aplicar planes de reducción o compensación que permita alinearlas con las políticas ambientales.
Hasta ahora, el cálculo de la huella de carbono en actividades empresariales era voluntario en España, pero la Ley de cambio climático y transición energética aprobada en 2021 estableció la obligatoriedad a partir del próximo 1 de enero para determinadas compañías que, además, estarán también forzadas a desarrollar y hacer público un plan concreto de reducción de GEI.
De acuerdo con la información facilitada por la Cámara de Industria y Comercio de Madrid, las empresas obligadas serán las que tengan una media de empleados superior a 500, que se consideren entidades de interés público según la legislación de auditoría de cuentas o que durante dos años consecutivos cumplan dos de estos criterios al cierre del ejercicio: un total activo consolidado superior a 20 millones de euros, una cifra de negocio consolidada anual superior a los 40 millones de euros o una media de empleados mayor a 250 durante el año.
Estos son los puntos a nivel nacional, porque los requisitos a nivel autonómico varían. Por ejemplo, en Baleares afecta a empresas desde 50 empleados y 10 millones de euros anuales facturados y en Andalucía también están obligadas las que consumen más de 1 GWh al año.
Los informes de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo consideran la moda como la segunda industria más contaminante a nivel mundial –en especial la conocida como fast fashion– pues produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales sumados.
El consumo de agua –producir una simple camiseta de algodón precisa 2.700 litros–, la contaminación –cada año se arroja al mar medio millón de toneladas de microfibra que terminan en forma de microplásticos en el estómago de la fauna marina y del ser humano que la consume– y la cada vez menor capacidad de reciclaje por la decreciente calidad de numerosas prendas son algunos de los problemas ambientales añadidos.
Las grandes marcas de ropa han comenzado a sumarse a la estela de las marcas ecológicas para mejorar la situación buscando la creación de Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para reciclar sus productos, como sucede con otros sectores.
A partir del 1 de enero, entre las obligaciones medioambientales, la recogida de residuos textiles será obligatoria en todos los países de la UE –que genera 12,6 millones de toneladas al año– para impulsar la economía circular: la Comisión Europea quiere fomentar la recogida selectiva, la clasificación, reutilización y reciclaje del textil dentro de su estrategia de circularidad y sostenibilidad para estos productos.
Además de beneficiar el medioambiente, la medida espera crear puestos de trabajo locales y ahorrar dinero a los consumidores europeos, así como promover tecnologías innovadoras como el reciclaje fibra a fibra y terminar con la mala práctica de exportar residuos como si fueran productos reutilizables.
También el próximo 1 de enero entrará en vigor la nueva normativa para el etiquetado de envases en España, una respuesta al requerimiento de la UE para potenciar la calidad y seguridad en los utilizados para productos alimenticios.
Las etiquetas deberán ofrecer información detallada sobre la gestión de residuos de los envases, incluyendo su reciclabilidad, además de incluir símbolos de identificación de los materiales que los componen.
La medida busca promover prácticas más sostenibles en la producción de envases para ajustarla a criterios de la economía circular como su durabilidad, su calidad de reparación y su reciclabilidad.
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Unión ibérica contra el gasoducto H2MED
Más de 25 organizaciones plantean su preocupación por el gasoducto H2MED y el uso no eficiente del hidrógeno verde.
Las organizaciones ZERO – Asociación para la Sostenibilidad de la Tierra y la red Gas No es Solución, junto con 25 organizaciones, expresan su grave preocupación por el proyecto H2Med, que permitiría la exportación de hidrógeno por gasoducto desde la Península Ibérica a Europa Central. Las organizaciones publican un posicionamiento público conjunto, recogiendo los argumentos en contra del proyecto, un día después de que se cerrara la «Call for interest» a los potenciales productores y consumidores de hidrógeno involucrados en este proyecto, el 18 de diciembre.
En plena crisis climática, el hidrógeno verde se promueve cada vez más como la panacea para la transición energética en diversos sectores y como un factor clave para alcanzar la neutralidad climática. La Unión Europea ha hecho del hidrógeno verde una prioridad dentro de sus estrategias y planes de inversión, planificando un consumo de 20 millones de toneladas de hidrógeno verde para 2030. Como resultado, han surgido numerosos proyectos e iniciativas de hidrógeno verde que prevén la exportación de cantidades sustanciales de este recurso, como el proyecto H2Med. Sin embargo, persiste la preocupación sobre si tales iniciativas están abordando adecuadamente los posibles inconvenientes o explorando alternativas más sostenibles.
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