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Alemania, Francia e Italia bloquean en el último minuto la ley de sostenibilidad corporativa

La directiva contemplaba multas de hasta el 5% de la facturación anual para las empresas que no remediasen el impacto medioambiental de sus actividades.
Alemania, Francia e Italia bloquean en el último minuto la ley de sostenibilidad corporativa
Edificio del Consejo de la Unión Europea en Bruselas Foto:

Los Estados de la Unión Europea debían votar este miércoles la ley de sostenibilidad corporativa, la directiva que obligaría a las grandes empresas a mitigar los riesgos de sus actividades para la sostenibilidad social y medioambiental. Faltaba el final para hacerla realidad, pero Alemania, Francia e Italia han expresado sus reticencias sobre el texto, lo que ha impedido sacar la normativa adelante.

La ley busca hacer responsables a las grandes empresas del impacto de sus actividades y de las de su cadena de suministros en la sostenibilidad medioambiental y los derechos humanos, obligándoles a vigilar estos riesgos y a mitigarlos bajo pena de multas. Por este motivo, la norma es considerada fundamental por organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos humanos y laborales.

La directiva, propuesta por la Comisión Europea en 2022, ya había sido acordada entre los Gobiernos y el Parlamento Europeo el pasado diciembre, por lo que faltaba el paso, en principio rutinario, de que los Estados la aprobasen formalmente.

Berlín había anunciado a principio de este mes que se abstendría en la votación para aprobar el acuerdo pese a que había dado su visto bueno el pasado diciembre. Este cambio llevó a otros Estados, como Italia, a reconsiderar su postura a favor de la abstención. Por ello, la presidencia belga decidió el 9 de febrero posponer el debate para intentar lograr la mayoría cualificada necesaria.

Sin embargo, en la reunión de hoy, tanto Alemania como Francia e Italia expresaron que no podían apoyar el texto pactado con la Eurocámara, al que sí mantiene su respaldo España, según han confirmado fuentes europeas a EFE. No obstante, sin el apoyo de los tres grandes países de la UE, no ha hecho falta que los embajadores votasen para constatar que la medida no cuenta con la mayoría necesaria.

La presidencia belga de la UE deberá ahora reanudar las negociaciones con los países de la UE y el Parlamento Europeo para llegar a un acuerdo. La ley también estará en la agenda de los ministros de Industria y Mercado Interior de la UE (COMPET) en su próxima reunión el 7 de marzo.

¿Un bloqueo por intereses empresariales?

Aunque es poco habitual llegados a este punto del proceso legislativo, no es la primera vez que un gobierno bloquea a última hora un acuerdo político cerrado: el año pasado Alemania obligó a reabrir el que prohibiría la venta de coches nuevos que emitan CO2 a partir de 2035. Poco después, Francia utilizó la misma estrategia con la directiva sobre energías renovables. En ambos casos, acabaron consiguiendo concesiones.

«Los Estados miembros estaban deseando torpedear la legislación pese al fuerte apoyo a la directiva de empresas, sociedad civil y consumidores», criticó la vicepresidenta de Los Verdes y una de las responsables del dosier en el Parlamento, llamando a los Estados a «no dar marcha atrás en los acuerdos» con la Eurocámara.

También numerosas organizaciones de defensa del medio ambiente y los derechos humanos han cargado contra el bloqueo y criticado que los gobiernos pongan por delante los intereses empresariales.

«Retirando su apoyo a un acuerdo ya hecho, Alemania generó un boicot de estas reglas fundamentales sobre las cadenas de suministro de la UE. Ahora, con Francia e Italia aprovechando el caso para impulsar sus propias agendas, esta legislación vital pende de un hilo«, ha señalado el director de Justicia Económica de Oxfam UE, Marc-Olivier Herman, quien acusa a estos países de «hacer el juego a las grandes empresas».

Según el acuerdo bloqueado, la directiva se aplicaría a empresas de la UE y sus filiales con más de 500 empleados y una facturación anual global superior a 150 millones de euros, así como a compañías con 250 empleados y más de 40 millones de euros en facturación en sectores de alto riesgo.

Estas tendrían que identificar, evaluar, prevenir, mitigar, poner fin y remediar su impacto negativo y se expondrían a multas de hasta el 5% de su facturación anual global en caso de incumplimiento. 

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