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Climática
Los fenómenos meteorológicos extremos han generado más de 822.000 millones de euros en pérdidas económicas en la Unión Europea desde 1980, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA). En los últimos años, la factura alcanza los 50.000 millones de euros anuales. Dentro de este complejo escenario ambiental y económico, las infraestructuras de transporte son uno de los sistemas estructurales más expuestos del continente.
Las tormentas y las inundaciones aglutinan una proporción muy significativa de todas las pérdidas económicas derivadas del clima extremo en el continente, colocando a las redes de movilidad en una posición de extrema vulnerabilidad, acorde al organismo europeo.
Los sistemas de movilidad, las redes ferroviarias y las carreteras sufren el embate directo de las temperaturas extremas y de los episodios de lluvias intensas. Cuando las infraestructuras ceden ante estos fenómenos, las consecuencias inmediatas son la interrupción del servicio público, graves daños en las estructuras y el consecuente disparo de los costes de reparación.
El origen de este problema de resistencia radica en la propia concepción histórica de las obras públicas. Ana Solá, directora de la consultoría especializada en transporte sostenible Cinesi, aclara que durante décadas el diseño de estas infraestructuras se basó en las condiciones climáticas del pasado. En la actualidad, resulta imperativo incorporar en los proyectos los escenarios climáticos del futuro si se quiere garantizar su operatividad y seguridad.
La respuesta a este desafío técnico y económico pasa por una palabra clave: la anticipación. Diversos informes a nivel europeo coinciden en que la integración de criterios de adaptación climática durante la fase de diseño es la herramienta más eficaz para reducir los costes a futuro y minimizar los riesgos. Esta metodología de trabajo permite evitar gran parte de los daños estructurales y las millonarias reconstrucciones que exigen los fenómenos meteorológicos extremos.
Este enfoque preventivo ya cuenta con respaldo institucional. La Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Unión Europea subraya como una necesidad la inclusión de la resiliencia climática a la hora de planificar los servicios esenciales y las infraestructuras. Progresivamente, la planificación del transporte está adoptando esta visión, incorporando en los proyectos nuevos análisis de vulnerabilidad, evaluaciones de riesgo y escenarios de evolución climática para prever el impacto del calor extremo, las lluvias severas o las inundaciones.
En España, el debate sobre la resistencia de las redes estratégicas ha cobrado un enorme protagonismo en los últimos años debido a los repetidos daños ocasionados por distintos temporales. El ejemplo más trágico y contundente se vivió en Valencia durante el año 2024. Además de las irreparables pérdidas humanas y personales —que no entran en las valoraciones financieras—, se estima que las inundaciones generaron daños materiales por un valor aproximado de 10.700 millones de euros. Ante esta realidad, son varios los organismos públicos y las administraciones que ya promueven estudios específicos destinados a evaluar la vulnerabilidad real del transporte nacional frente a la crisis climática.
La aplicación de la resiliencia climática no implica obligatoriamente presupuestos inasumibles. A menudo, la clave reside en la inteligencia territorial, tal y como demuestra el proyecto de la Vía Verde de Collegats, impulsado por el Ayuntamiento de La Pobla de Segur bajo la redacción de la consultora Cinesi.
Durante el desarrollo del proyecto ejecutivo de esta infraestructura, se constató que parte del trazado original atravesaba una zona catalogada como inundable para un periodo de retorno de 100 años. La normativa de seguridad hidráulica exigida por la Agencia Catalana del Agua (ACA) prohibía explícitamente la instalación de estructuras fijas, como pequeños puentes o pasarelas, en ese perímetro.
Ante este obstáculo regulatorio y climático, el equipo replanteó el diseño para acomodarlo a las exigencias naturales del entorno. La solución técnica consistió en integrar el carril bici en el espacio existente entre la carretera actual y el talud del río Noguera Pallaresa. Al estrechar el trazado y protegerlo adecuadamente con una barandilla de seguridad, se logró garantizar la continuidad de la ruta respetando las dinámicas del río. Como señala Ana Solá, el éxito de la resiliencia consiste muchas veces en saber analizar el territorio para adaptar las soluciones técnicas a los escenarios más exigentes.
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En el Día Mundial del Agua la organización ecologista reivindica la necesidad de recuperar el patrimonio natural de las lagunas de Antela (Orense), La Nava (Palencia) y La Janda (Cádiz).
Para avanzar en la protección de Antela, La Nava y La Janda, el lunes 23 de marzo se celebrará la jornada ‘Apuesta por el reconocimiento de la personalidad jurídica de las tres grandes lagunas ibéricas’ en el Congreso de los Diputados.
Las amenazas que ponen en riesgo la supervivencia de la laguna de Antela, La Nava y La Janda exigen la puesta en marcha de todas las medidas posibles para recuperar y ampliar estos ecosistemas de gran valor ecológico. El reconocimiento de la personalidad jurídica de los ecosistemas es una herramienta útil para la protección de los humedales y hay un antecedente que crea una senda por la que seguir caminando. El gran trabajo realizado por personas de la academia, organizaciones sociales y ecologistas y juristas consiguió el hito jurídico de transformar el Mar Menor en un “sujeto de derechos” que pueden ser defendidos en los tribunales.
Con el objetivo de lograr que las tres grandes lagunas ibéricas puedan ser reconocidas como sujetos de derechos se ha organizado una jornada de exposición y debate para su reconocimiento jurídico.
Se pretende así contribuir a que se respete su derecho a:
Existir y a mantener su ecosistema de forma natural.
La protección, conservación y mantenimiento.
La restauración tras los daños sufridos.
La gestión autónoma que priorice su conservación y buen estado.
Especialistas de las diferentes organizaciones y redes, que desde hace décadas defienden estos ecosistemas, así como representantes institucionales y de la Tutoría del Mar Menor, se darán cita el 23 de marzo en el Congreso para debatir cómo avanzar en el reconocimiento de los derechos de estas lagunas.
Como plantea la convocatoria de la jornada, “el evidente avance de las crisis climática y ecológica debe hacernos meditar sobre nuestros errores; corregirlos es de sabios”. Antela, La Nava y La Janda fueron diezmadas con las políticas de desecación y cultivo en regadío del pasado siglo XX. Pero las presiones que ponen en riesgo su existencia no han cesado, siguen muy presentes. Intensas transformaciones de los sistemas fluviales que aportan un caudal esencial para los ecosistemas, el crecimiento de la ganadería industrial y del regadío intensivo en el entorno más cercano, la contaminación difusa por abonos y purines, la expansión de la minería y la especulación urbanística son parte de los intereses económicos que amenazan las lagunas.
Diferentes organizaciones ecologistas llevan tiempo impulsando iniciativas de restauración de los ecosistemas que van recuperando palmo a palmo las lagunas. El reconocimiento de su personalidad jurídica puede ser un salto adelante para salvaguardar este valioso patrimonio natural.