La compleja burocracia de las administraciones públicas y la falta de diligencia e información por parte de las distribuidoras son algunas de las principales razones.
Un estudio de Greenpeace analizó ayudas públicas de 2024 por valor de 27.100 millones euros, de las que un 86% van dirigidas a actividades nocivas para el medio ambiente y, por tanto, para las personas y el resto de seres vivos.
También quieren corregir la estrategia para 2035 de prohibir la venta de automóviles que emitan dióxido de carbono, dando cabida a tecnologías como los 'e-fuels' y los biocombustibles.
En España, la tasa de vuelos frecuentes podría reducir un 28% las emisiones de dióxido de carbono y generar 8.000 millones de euros, según un estudio presentado por una coalición de organizaciones europeas, entre ellas Ecologistas en Acción.
El 30 de junio se cumplió el plazo para que las ciudades implementaran zonas de restricción a vehículos contaminantes. Solo 19 lo han hecho a tiempo a pesar de varias prórrogas. Desde el Gobierno de España estudian qué hacer contra los ayuntamientos rebeldes.
Tras el endurecimiento de la Ley de Seguridad Aérea de Alemania, los activistas se podrían enfrentar a penas de dos a cinco años de cárcel. Esta acción se enmarca en una campaña internacional coordinada entre 13 países por la firma de un tratado que ponga fin a los combustibles fósiles.
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